En el día de hoy se hicieron presentes en el Ministerio Público de la Acusación - MPA el cacique del pueblo Ocloya Néstor Jeréz y miembros de la comunidad indígena que fueron notificados e imputados por usurpación y entorpecimiento de la circulación en el territorio que poseen desde tiempos ancestrales. La misma se da en medio de un conflicto con un empresario maderero por obstruir un paso comunitario ancestral.
Lunes 3 de octubre de 2022 19:46
La imputación la realizó el Fiscal Alejandro Maldonado, de la fiscalía especializada sobre delitos sobre la propiedad privada del Ministerio Público de la Acusación, dependiente del Gobierno de Jujuy, contra nueve integrantes del pueblo Ocloya y la comunidad indígena de Tilquiza. Mujeres de la comunidad, el cacique Néstor Jeréz y otros integrantes fueron acusados de usurpación y de interrupción de la circulación por parte del Estado, en los territorios que viven desde tiempos ancestrales, incluso reconocido por la Ley 26.160 y la misma constitución nacional y el Convenio 169 de la OIT.
Las imputaciones se dan en medio de un conflicto con el empresario maderero Verzini y la comunidad que viene amedrentando a integrantes de la misma y vulnerando derechos territoriales. Uno de ellos es la obstrucción de un camino colectivo y ancestral que utilizan las familias que viven en el territorio.
El conflicto es de años, pero desde junio, volvió a intensificarse ya que el empresario volvió a cerrar con tranquera y candado el camino ancestral. Ante esos hechos, la comunidad realizó distintas acciones para visibilizar y denunciar su situación. El 14 de septiembre mientras realizaba una asamblea en el territorio, varias mujeres con sus hijos, y el cacique del pueblo Ocloya, Néstor Jeréz, fueron detenidos, cuando la policía de Jujuy intentaba desalojarlos de sus territorios. La orden de desalojo, sin orden judicial, la llevó adelante el Fiscal Alejandro Maldonado y participó el ayudante fiscal Ivan Mondaldi Pancich.
Como menciona la comunidad en un comunicado de prensa “queda en evidencia con el accionar de la fiscalía que depende del ejecutivo provincial se ejerce violencia institucional y la “paz social” que pregona el gobernador en la reforma de la Constitución Provincial es para los usurpadores del territorio ancestral”
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El accionar de la Fiscalía que depende de Lello Sanchez acciona incluso desconociendo el proveído de la Jueza Ana María del Huerto Sapag donde dictamina que “.. al señor Enrique Daniel Verzini deberá liberar todo tipo de obstáculo que impida la libre circulación por el camino ancestral de uso tradicional” de la Comunidad Indígena Tilquiza. Donde la misma comunidad ha iniciado una demanda en la Cámara Civil y Comercial - sala II - Vocalía 6 por reconocimiento de la Propiedad Comunitaria Indígena bajo Expte. B- 234087/10; como así también cuenta con carpeta técnica con Resolución 642/2012 que reconoce la Posesión y ocupación actual tradicional y pública.
Los integrantes de la comunidad luego de notificarse en el Ministerio Público de la Acusación, hablaron con medios de prensa y manifestaron que van a presentar el pedido de nulidad de procedimiento y de imputaciones. También mencionaron que exigen al Gobierno de Jujuy que “garanticen los derechos adquiridos y reconocidos a favor de los Pueblos Indígenas a través de tratados internacionales, el cese de los hechos que violan derechos constitucionales”. También informaron que iban a realizar una presentación en la Legislatura de Jujuy para dar cuenta de la situación y también para expresar el rechazo al proyecto de reforma constitucional de Morales ya que refuerza la política persecutorio contra las comunidades que defienden el derecho a vivir en sus territorios ancestrales.
Junto a los integrantes de la comunidad estuvieron presentes los referentes del PTS FIT, el concejal Gastón Remy y la diputada (mc) Natalia Morales que expresaron su apoyo y disposición de las bancas de la izquierda como también expresaron la gravedad que implica el avance de la reforma constitucional propuesta por Morales y garantizada por el PJ donde se avanza no sólo en criminalizar la protesta social, afectando a los pueblos originarios que ejercen su derecho de hacerlo, en defensa del territorio contra el extractivismo y el despojo, sino que también avanza en criminalizar a quienes defienden la posesión ancestral en territorios indígena y quienes el mismo Estado considera “usurpadores” como sucede con la comunidad de Tilquiza.
Gerardo Morales habla de derechos indígenas, incluso c su proyecto de reforma, pero integrantes de comunidades como la de Tilquiza, estan acusados por el Estado jujeño de usurpar sus propios territorios.
Todo por defender un camino ancestral.
Presentes con mi cro Gastón Remy. pic.twitter.com/z2bemFZ9g5— Natalia Morales (@NatuchaMorales) October 3, 2022
Entrevista en Pateando El Tablero Jujuy al cacique Néstor Jeréz AQUÏ
