El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli salió a poner en duda la decisión tomada por el Séptimo Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago, respecto a la absolución de Daniel Morales y su sobrino B.S al determinar que las pruebas ocupadas por la Fiscalía Oriente eran ilícitas y no responsabilizan a los imputados en el incendio que afectó a la estación de metro Pedrero. El gobierno persiste en ocultar la existencia de presos políticos en Chile y de paso seguir en impunidad por los numerosos casos de violaciones a los derechos humanos dónde son responsables políticos.
Jueves 5 de noviembre de 2020
Este miércoles, el ministro (s) de Interior, Juan Francisco Galli salió a defender las pruebas presentadas por la Fiscalía Oriente en la investigación por la quema de la estación de Metro Pedrero el día 18 de octubre, las cuales responsabilizan a Daniel Morales y a su sobrino de 16 años de iniciales B.S.
Ambos imputados fueron dejados en libertad en la jornada de este martes tras el fallo del Séptimo Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago, el cual determinó que las pruebas presentadas por la PDI y ocupadas por el persecutor eran ilícitas y no eran determinantes para seguir adelante con el juicio. Las penas que arriesgaban era de 20 años para Daniel y 10 años de internación para el menor.
Una de las principales pruebas en pugna, fue un video donde supuestamente se veía a un acusado lanzando material combustible a un foco de fuego, el cual sufrió problemas en la cadena de custodia. Ante el fallo, el subsecretario indicó “Tenemos convicción de la participación de estar personas en graves desórdenes públicos y en el incendio de una estación del Metro”.
Haciendo un llamado a seguir con la persecución agregando “creemos que las pruebas que se pusieron ante el tribunal son lícitas (…) No hay duda que la prueba es suficiente para acusar y responsabilizar a estas personas”.
Los dichos de Galli van en sintonía con las recientes declaraciones de Piñera y de Jaime Bellolio, quienes negaron la existencia de presos políticos en Chile, lo que contrasta con este caso, donde los dos recientemente absueltos pasaron un año tras las rejas sin ninguna prueba contundente y se suman a casos emblemáticos del menor Benjamín que en la misma jornada de martes también salió en libertad bajo la misma premisa, la nula existencia de pruebas.
Pero el discurso de este gobierno criminal no es casualidad, sino es parte de su agenda criminalizadora contra la protesta social, donde mantener en prisión preventiva a cientos de personas por su participación en las movilizaciones de la rebelión, y un sinnúmero de procesos judiciales contra tantos otros, es una política castigadora de parte del gobierno que busca golpear a quienes se movilizan y culpar a quienes luchan de la violencia, para poder reprimir de manera impune y con mayor facilidad cada movilización que haya.
Esta política le dio sustento al “enemigo poderoso” con el cual justificaron el Estado de excepción y la brutalidad derramada en las calles, dónde a punta de violencia y violaciones a los derechos humanos intentaron silenciar a ese Chile que despertó en octubre.
Por eso niegan la existencia de presos políticos en Chile, tal como lo han hecho antes con el Pueblo Mapuche, porque tampoco pueden reconocer que se utiliza la prisión preventiva y la persecución cómo forma de atemorizar a quienes se movilizan, menos aceptar que hay presos por el sólo hecho de luchar.
Frente a esto es que se hace más necesario que nunca que las grandes centrales sindicales como la CUT, organismos como el Colegio de Profesores, la CONFECH y otros, rompan su tregua con el gobierno y se organice desde las bases un verdadero plan de lucha en perspectiva derrotar la represión de Piñera, conquistar la libertad a los presos políticos mapuche y de la revuelta y terminar con la impunidad para los represores.
