Pedro Castillo y sus ministros, decretaron el estado de emergencia por 60 días en la región Moquegua. Con esta medida el ejecutivo busca acallar la lucha que vienen desarrollando los campesinos contra los abusos de la empresa minera Southern, la cual, no solo contamina el medio ambiente, sino que ahora pretende apropiarse indebidamente del agua que es un recurso vital para la economía de subsistencia del campesinado pobre de esta región del país.
Viernes 22 de abril de 2022
“Es lamentable que una empresa, con el aval del gobierno, quiera seguir haciendo lo que quiera (…) Nosotros estamos pidiendo un reclamo justo, sin embargo, siempre inclinan la balanza a favor de la empresa Southern Perú…Este gobierno dice ser rondero, dice ser provinciano, (sin embargo) uno se da cuenta de qué lado están, (ya que) los ministros que han llegado a Viña Blanca siempre han estado a favor de la empresa Southern Perú”.
Así calificaba Iván Mendoza, dirigente de los campesinos de las zonas de Tumilaca, Coscore, Pocata y Tala, la posición política del gobierno de Pedro Castillo quien, en este conflicto social que ya lleva varios días, no ha dudado en ponerse - una vez más - del lado del gran capital imperialista.
Como se recuerda, desde hace aproximadamente dos meses atrás, los comuneros y campesinos empobrecidos de los poblados alto andinos de Tumilaca, Coscore, Pocata y Tala (ubicados en el distrito de Torata-Moquegua), tomaron los reservorios de Viña Blanca y bloquearon las vías de comunicación que permiten el acceso al campamento minero de Cuajone, donde la empresa multinacional Southern Cooper explota a gran escala las reservas naturales de cobre.
Las exigencias de los campesinos y comuneros pasan por reclamar como suyos los terrenos donde ahora la empresa Southern pretende extraer el recurso hídrico para continuar con su producción cuprífera, lo cual llevaría a dejar sin agua a estos pobladores, quienes se valen de este recurso natural para llevar adelante actividades fundamentales para ellos como la agricultura y la ganadería. Es por esa razón que, desde hace dos meses atrás, los campesinos han iniciado una serie de bloqueos y de acciones de lucha que han llevado a dejar sin agua al campamento minero afectando así la producción de la empresa Southern.
Desde que se inició este conflicto social y con la finalidad de lograr una solución que contemple las necesidades de los sectores afectados por la gran minería, los comuneros y campesinos buscaron dialogar con las autoridades del gobierno central y con los congresistas de Perú Libre de la región sur del país ya que, como se sabe, en la región Moquegua y específicamente en esta zona alto andina, Pedro Castillo gano en las elecciones presidenciales pasadas, con un significativo margen de diferencia. Sin embargo, como bien lo dicen los comuneros, lo único que recibieron del presidente y de los congresistas oficialistas fue indiferencia y nula predisposición para lograr una salida que tome en cuenta los intereses de los campesinos pobres.
En un acto demagógico, la ministra de Trabajo Betsy Chávez junto al congresista gobiernista Guillermo Bermejo viajaron hace unos días atrás a la zona del conflicto, sin embargo, al no llevar una propuesta concreta del ejecutivo que haga prevalecer las demandas de los campesinos y comuneros, su visita termino siendo un saludo a la bandera, por ello, la ministra Betsy Chávez termino defendiendo la medida reaccionaria y antidemocrática de Castillo y adujo que este estado de emergencia era para “recuperar el principio de autoridad”, con lo cual le dan carta libre a los militares para arremeter contra los manifestantes.
Como se estableció en el diario oficial El Peruano, el estado de emergencia decretado por el ejecutivo, será vigente en el distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua por 60 días. Además de ello contempla que, “la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas”. Así mismo, se deja constancia que: “quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito en el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales”.
Este tipo de intervenciones de las fuerzas represivas en los conflictos sociales ya han sido cuestionadas por instituciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos, ya que, si los militares o policías hieren, asesinan o causan otro tipo de daño físico o económico a los manifestantes, quedan libres de toda responsabilidad penal, con lo cual se crean las condiciones legales para darle pase libre a la represión y la violación de los derechos humanos de quienes legítimamente han empezado a manifestar su cuestionamiento contra empresas como Southern que contaminan el medio ambiente, se apropian de los recursos hídricos y sobre explotan a sus trabajadores.
En ese entender, este conflicto ha puesto de manifiesto, una vez más, qué el gobierno de Pedro Castillo, quien gano las elecciones presidenciales gracias al apoyo de millones de campesinos y trabajadores empobrecidos, está del lado de los grandes empresarios, los mismos que amparados en el actual régimen político y en gobiernos serviles y corruptos, saquean los recursos naturales del país y vulneran los derechos y las necesidades del pueblo trabajador.
Por eso, desde este medio denunciamos y condenamos la declaratoria de estado de emergencia en el distrito de Torata-Moquegua y exigimos su inmediato levantamiento. Por otro lado, hacemos un llamado a los trabajadores del campo y la ciudad, a los frentes de defensa y a los diferentes espacios de organización de la clase obrera y de los sectores populares golpeados por las medidas de ajuste de este gobierno continuista, a manifestar su solidaridad activa con los campesinos y comuneros de los poblados de Tumilaca, Coscore, Pocata y Tala quienes, con su justa lucha contra la minera Southern, han asumido la defensa de los recursos naturales, del medio ambiente y de las fuentes de trabajo.
Así mismo, reiteramos el llamado a los diferentes sectores de los trabajadores y el pueblo a organizarse independientemente del gobierno, de la derecha y los capitalistas para enfrentar la presente crisis económica y política, y de esa manera luchar por imponer con la auto organización obrera y popular una Asamblea Constituyente Libre y Soberana y un plan de emergencia que rompa con los intereses del imperialismo y los grandes empresarios nacionales y extranjeros.
