Mientras la PGR asegura que la información sobre el caso Odebrecht es de carácter "estrictamente reservado", el gobierno mexicano busca aparentar acciones contundentes.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Miércoles 18 de abril de 2018
Este miércoles el gobierno mexicano informó su decisión de prohibir a todas las dependencias y entidades de la administración pública celebrar contratos con la unidad local de la constructora brasileña Odebrecht, llamada Construtora Norberto Odebrecht, S. A.
Según informó la Secretaría de la Función Pública (SFP) por medio de una circular del 16 de abril publicada en el diario oficial, Construtora Norberto Odebrecht fue inhabilitada por dos años seis meses. El Sistema Nacional Anticorrupción aplicó una sanción a filiales de Odebrecht por un total de 543 millones 488 mil 615 pesos.
Esta prohibición, que ha sido presentada como una medida "contundente" por parte del gobierno mexicano de cara a la magnitud del escándalo desatado por el caso Odebrecht, contrasta con los hechos. Y es que este martes, la Procuraduría General de la República (PGR) respondió que "no es posible precisar el tiempo de conclusión de las investigaciones" sobre el caso. La PGR respondió además que la información del caso es de carácter "estrictamente reservado", por lo cual únicamente víctima y ofendido puede tener acceso a ella.
Esta respuesta de la PGR a la solicitud hecha por el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) no sólo revela la hipocresía del Estado mexicano, sino que contradice la última comparecencia de Raúl Cervantes ante el Senado como titular de la PGR, en la que reportó que la Procuraduría había concluido las investigaciones respecto a "uno de los mayores esquemas de corrupción internacional" vistos en América Latina y México.
A nivel nacional, sólo tres gobiernos y un Congreso Estatal han aceptado la recomendación del SNA para implementar medidas anticorrupción para magistrados y jueces
El caso Odebrecht reveló un escándalo de corrupción que involucraba a funcionarios del gobierno de al menos 12 países que favorecieron durante los últimos 20 años a la constructora en contrataciones públicas. En el caso de México, un exejecutivo de Odebrecht afirmó que Emilio Lozoya, ex secretario de Pemex, aceptó sobornos a cambio de facilitar a la constructora un contrato de 115 millones de dólares para obras en refinería.