Política. Gobierno militariza PSU y muestra su cara represiva en medio de un proceso constitucional

El examen, al que están convocadas más de 111 mil personas, se realizará en 238 locales en el país, un tercio de los recintos que había la vez pasada. Y en ellos, Carabineros desplegará más de 2 mil policías para controlar el acceso y custodiar los facsímiles. Una verdadera militarización para controlar un proceso supuestamente pedagógico.

La seguridad contará con dos anillos de control: el primero será un cerco que estará entre 50 y 200 metros por fuera del perímetro del colegio, donde solo podrán entrar quienes den la PSU. Las personas deberán mostrar la tarjeta de identificación a funcionarios de Carabineros.

La Ministra Cubillos, con una aprobación de un 8% según la última encuesta CEP, apoyó durante la semana la línea represiva del gobierno y el DEMRE. No solo es la criminalización de la protesta, es también su constante discurso que trata de adoctrinar a la juventud y sus familias en la aceptación del sistema de mercado educacional. El gobierno tiene claro que debe controlar a la juventud para evitar un marzo movilizado.

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Un proceso constitucional trucho y tramposo

Tras la rebelión popular el gobierno de Piñera tiene dos poderes que aún lo mantienen en el poder: Carabineros y su guerra a la movilización, y el pacto constituyente con el parlamento. Ahí lo sostiene el Frente Amplio, el PC y la Concertación. La derecha buscará no llegar al proceso constituyente pero sabe que dirige el proceso. La convención constituyente es una trampa contra la movilización pues la derecha tiene ya asegurado el poder de veto de iniciativas que no tengan apoyo de los empresarios y la elite chilena. Considerando a su vez que es un proceso manchado con sangre de todos los heridos a bala en sus ojos, los muertos, los presos y las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes del Estado de Chile.

Este gobierno, a pesar de que se ve fuerte y represivo militarizando una prueba, no es inmortal. Tambaleó durante las jornadas de paro de noviembre. ¿Por qué? Porque paralizaron los trabajadores públicos, los portuarios, los profesores y repletaron las calles y coordinaron con otros sectores sociales para detener Chile. Eso los obligó a recurrir al engaño, una reforma constitucional que gestará una Constitución firmada por Piñera. Un verdadero insulto. Es urgente detener este proceso constituyente con las fuerzas de la movilización. Marzo debe ser de paros nacionales. Es necesario que Mesa de Unidad Social y la ACES convoque ya a asambleas para discutir un plan nacional de paro y pliego de reivindicaciones sociales urgentes, como acabar con la PSU y la educación de mercado. Y con ellos imponer una Asamblea Constituyente libre y soberana donde se haga justicias por nuestros muertos y mutilados, y se conquisten las demandas sociales de los jubilados, la juventud, las mujeres, los trabajadores y los pueblos originarios.