Los reclamos del empresariado han sido escuchados por la 4T.
Jueves 9 de diciembre de 2021
Desde que fue presentado por AMLO el proyecto de reforma eléctrica, los empresarios -nacionales y extranjeros- no se cansan de externar su oposición.
Destacando entre los críticos, la Confederación Patronal de la República Mexicana recientemente expresó que, en el marco de un freno a la reactivación económica mostrada a principios de año, el mayor riesgo es la iniciativa de reforma eléctrica, pues podría desincentivar mucho la inversión en México.
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La propuesta de reforma, sin embargo, aunque plantea medidas para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) frente a la iniciativa privada, está lejos de acabar con la participación de esta última en la generación de energía eléctrica en México, pues podrá seguirlo haciendo hasta en un 46% del total.
Entre otros cambios, el proyecto original contempla la desaparición de los contratos de autoabastecimiento, es decir, la compra de electricidad por parte de empresas a centrales privadas, para que sea la CFE la que la suministre. Pero los reclamos de los empresarios han sido escuchados por el gobierno.
El subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, manifestó recientemente su confianza en que se alcance un punto medio en el Senado antes de ser aprobada la reforma, “similar a como fue con la reforma de la subcontratación”, dijo descaradamente el funcionario (1), y agregó que el presidente ya dijo que, “si se tiene que cambiar, se puede cambiar. “
A finales de octubre Ricardo Monreal, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, planteó también la necesidad de buscar el justo medio en la reforma eléctrica.
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Por lo pronto, de acuerdo a información de El País, Yorio aseguró que la Secretaría de Gobernación sostiene ya negociaciones con empresas energéticas que firmaron contratos de autoabastecimiento abusivos. Según estimaciones de la Confederación de Cámaras Industriales, el total de esos contratos, a los que recurren empresas como Grupo Bimbo, Femsa, BMW y Liverpool, equivale más o menos al 14% del producto interno bruto.
Las negociaciones y la búsqueda del “justo medio”, por su puesto, apuntan a reducir lo más posible las afectaciones de la reforma a los intereses privados, lo que significa ceder en el terreno de los intereses nacionales. Entre más se favorezcan los intereses empresariales, más cerca estará el Morena de conseguir los votos del PRI que necesita para la aprobación de la reforma.
Pero de cualquier forma en que se resuelva, de aprobarse la reforma, habrá afectaciones para los empresarios. Es un módico precio que tienen que pagar a cambio de los servicios prestados por el gobierno de la 4T para la pasivización del movimiento social, la contención del descontento y cuando se necesite, la represión.
El gobierno de AMLO no es el que querrían los capitalistas, pero mientras los partidos del Pacto por México –hoy Frente Cívico Nacional- continúan arrastrando una crisis de representatividad, es el que puede garantizar la estabilidad que necesitan para sus negocios.
Tanto el proyecto original como, ahora más, la negociación de la reforma energética, muestran que la soberanía energética efectiva, que pasa por la renacionalización de todo el sector energético, no vendrá de la mano de la 4T, sino que sólo podrá conquistarse mediante la movilización obrera y popular, con los trabajadores de la energía al frente.
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1. La reforma de la subcontratación (outsourcing), aunque le puso ciertos límites, preservó esta forma de trabajo precario en beneficio de los empresarios.