El gobierno de la Nueva Mayoría presentó un recurso de apelación ante la justicia con el fin de "revocar y enmendar" el sobreseimiento definitivo de una decena de dirigentes mapuches imputados en atentados incendiarios en el sur del país.
Jueves 15 de febrero de 2018
Este miércoles el gobierno de la Nueva Mayoría presentó un recurso de apelación con el propósito de "revocar y enmendar" el sobreseimiento definitivo de una decena de dirigentes mapuches imputados en atentados incendiarios en el sur del país.
La acción fue concretada por el Ministerio del Interior que interpuso un recurso en dicha causa en el marco de la denominada Operación Huracán y pidió que el Juzgado de Garantía de Temuco reabra este caso.
Además, colocó una apelación de queja en contra del tribunal por la resolución que no dio lugar a la reapertura de la investigación y poder efectuar una presentación ante el Fiscal Nacional sobre las situaciones acaecidas en la tramitación de este asunto.
Mediante un documento, el gobierno decidió querellarse en el proceso en que se indaga la presunta manipulación de pruebas contenidas en informes de Carabineros. Estos antecedentes, entre los que habían supuestos mensajes entre los comuneros imputados, derivaron en la detención de ocho comuneros que, posteriormente, fueron sobreseídos.
De esta manera, el abogado del Ministerio del Interior, Matías Moya, manifestó que el gobierno “tiene el deber de velar por el mantenimiento del orden y la seguridad pública en el país, (…). por lo que interpongo querella en contra de todos quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores, por los delitos consumados de obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público”.
Así, desde el Ministerio del Interior solicitaron diversas diligencias a la fiscalía, entre las que cuales se encuentra que se acumulen las causas relacionadas con la Operación Huracán y sean asignadas al fiscal regional de Aysén, Carlos Palma; se requiera a las empresas informáticas Google, Yahoo y Microsoft información sobre las cuentas de mensajería y correo electrónico que se mencionan en los informes 130 y 202 del Labocar; y que se solicite a un organismo de “carácter imparcial y suficientemente calificado que efectué un peritaje tendiente a dirimir las controversias entre las conclusiones de los informes del Labocar y Ulddeco (Unidad de la Fiscalía Nacional)".
En palabras del fiscal de la Araucanía, Felipe González, los fundamentos del Ministerio del Interior “en ningún caso daban cuenta de la inocencia de los imputados. Es más, dichas anomalías en la actualidad son objeto de una investigación penal distinta, en pleno desarrollo”, aseguró.
La tensión por el caso Operación Huracán ha aumentado y generado crispaciones entre los propios partidos de la Nueva Mayoría, como el PC y el PPD, que han buscado desmarcarse del actuar del gobierno y de su insistencia en continuar con la investigación contra los comuneros mapuche.
Sin embargo, esta situación da cuenta de un problema mayor y que se relaciona con la criminalización constante por parte del Estado y los gobiernos contra el pueblo mapuche y sus reivindicaciones; traducido en acusaciones de "terrorismo" que no logran ser fundamentadas ni comprobadas- como es el caso Luchsinger Mackay y la supuesta implicancia de la machi Francisca Linconao junto a otros mapuche-, en casos que terminan siendo más bien montajes o situaciones sumamente confusas, en los constantes intentos de aplicar la Ley Antiterrorista, en la brutal represión y militarización en comunidades mapuche, entre otros aspectos.
"Además de ser un montaje la ’Operación Huracán’, lo que expresa es el constante abuso del Estado y sus instituciones contra el pueblo mapuche, la permanente criminalización y represión; o sea, es parte de una política estigmatizadora que en última instancia busca acallar las demandas históricas del pueblo mapuche y seguir protegiendo los intereses de las empresas forestales de la zona y la opresión hacia dicho pueblo. Hemos sido muy claros en exigir la desmilitarización de la Araucanía, el fin de la represión, el fin de la ley antiterrorista, la devolución de las tierras por parte del Estado y empresas, y el derecho a la autodeterminación del pueblo mapuche", plantea la ex vicepresidenta de la Fech, y militante del Partido de Trabajadores Revolucionarios, Bárbara Brito.
