A finales de noviembre de 2019 las protestas rarámuris resurgieron por el uso indebido, por parte del gobierno de Chihuahua, de la indemnización que obtuvieron como reparación del daño que les provocaron al tomar parte de su territorio ancestral para la construcción del aeropuerto regional Barrancas del Cobre.
Maestra Teresa Aguilar Maestra de secundaria, Agrupación Magisterial y Normalista Nuestra Clase
Miércoles 18 de enero de 2023
El proyecto del aeropuerto lleva más de 12 años en construcción y una inversión de 826 millones de pesos.
Su construcción comenzó en septiembre de 2010, durante el sexenio del priísta César Duarte, pero no fue sino hasta 2014 que los rarámuris ganaron un amparo contra la construcción del aeropuerto, y en la sentencia se reconocieron derechos colectivos derivados de la posesión de 11 mil 400 hectáreas.
En 2017, durante el periodo del panista Javier Corral, los rarámuris obtuvieron, gracias a su lucha, un fideicomiso de más de 65 millones de pesos para financiar proyectos de beneficio colectivo.
Sin embargo, el dinero proporcionado está siendo utilizado por el gobierno de Chihuahua –que tiene al frente a la panista María Eugenia Campos Galván– para la reparación de un camino rural de 12 kilómetros (4 millones de pesos) y para la construcción de un centro comercial en el poblado turístico de Creel (27 millones), algo que la población no solicitó. Con estas prácticas, el gobierno sigue afectando los derechos del pueblo de la sierra tarahumara, al territorio y a la vida.
Según la Red en Defensa del Territorio Indígena de la Sierra Tarahumara (Redeti), éstas “no son obras prioritarias”. Dicha red está conformada por las asociaciones civiles Alianza Sierra Madre, Awé Tibúame, Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas y Consultoría Técnica Comunitaria.
El grupo Consultoría Técnica Comunitaria AC afirmó que, representantes de la comunidad rarámuri en el comité técnico, fueron presionados por funcionarios del gobierno del estado para que firmaran ambos proyectos en disputa, refiriéndose al Comité Técnico del Fideicomiso Bosques de San Elías Repechique y a los representantes del mismo: Pavel Aguilar y Enrique Rascón.
La Redeti solicitó a la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas de Chihuahua (Coepi) que no permita que se beneficie a particulares con los recursos del fideicomiso y se respete el derecho de la comunidad rarámuri a decidir.
Acciones del gobierno que ponen en riesgo al pueblo rarámuri
Por su parte, el gobierno se lava las manos diciendo que ha tenido sesiones con representantes de la población rarámuri y que el conflicto actual es producto de la falta de acuerdo entre individuos de la comunidad.
Aseguran que luego de 3 reuniones, “con la presencia de los representantes escogidos por la comunidad”, determinaron que las obras se harían con esos recursos y en cierto momento de inicio, por lo que la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) trasladó la maquinaria al lugar de las obras, pero habitantes de Repechique se opusieron a que comenzaran las mismas.
La Redeti afirma que, contrario a los proyectos del gobierno, los presentados por la etnia rarámuri hace ya un año y que no han sido ejecutados, fueron la construcción de un salón comunitario en la localidad de Repechique, el mejoramiento de viviendas, así como la compra de dos tractores e insumos para agricultura.
En abril de 2020, las mujeres de Bosques de San Elías Repechique iniciaron la construcción de un taller de costura con recursos del fideicomiso, de nombre Bowe Najativo (“permanezcamos en el camino”), ubicado en un predio que disputa la familia Cuesta, conformada por empresarios hoteleros.
Frente al caso, la fiscalía estatal decidió apoyar a la familia Cuesta, levantando denuncias contra la población indígena por despojo, robo y daños al medio ambiente, por lo que el lugar permaneció clausurado durante 10 meses, hasta que la juez encargada de llevar el caso se declaró incopetente para resolverlo y las rarámuris rompieron los sellos de seguridad, reclamando su derecho al trabajo y a su tierra.
En junio de 2020 asesinaron a uno de los activistas comunitarios del pueblo rarámuri, Antonio Montes Enríquez, quien peleaba porque el gobierno liberara el fideicomiso ganado para su gente.
Las autoridades estatales mencionan que están comprometidas con el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, por lo que estas sesiones están respaldadas de forma legal, y estas acciones no se llevan a cabo de manera arbitraria.
Nada más falso, las acciones de las autoridades, apegadas al derecho burgués, sobre las costumbres de las comunidades indígenas, son una falta de respeto y muestra de desinterés real hacia la población, que posee métodos distintos para tomar las decisiones que afectan a toda la comunidad.
Urge poner un alto al despojo y a las políticas de discriminación llevadas a cabo por los gobiernos de los distintos partidos, mismos que han demostrado que su verdadero interés está en la privatización de los recursos naturales y no en el bienestar de la población, por lo que ceder las riquezas que puedan obtener al hacer de Creel una zona turística masiva para “cubrir las necesidades de las comunidades”, es un paso que no darán sin la lucha del pueblo rarámuri.
Es imprescindible que las y los trabajadores de Chihuahua, Sonora y Durango, colindantes con la Sierra Tarahumara, se unan a la lucha por la defensa de los métodos democráticos de la población indígena, el respeto al fideicomiso que ganaron y alto al despojo de la población rarámuri, para que su lucha resulte victoriosa.
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