Ministra Orellana. Gobierno utiliza el feminismo para respaldar ley de Gatillo Fácil

Ministra de la mujer y equidad de género, militante fundadora de Convergencia Social, Antonia Orellana, valoró positivamente la aprobación en el senado de la ley Nain-Retamal declarando que “a través de este acuerdo, lo que hicimos fue cumplir el objetivo central del gobierno, que era alcanzar un equilibrio, que es necesario en cualquier democracia entre la protección de las policías y el respeto por el derecho de las personas”, esto en una conversación con Radio Concierto.

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Parece que a la ministra se le olvidó cómo las policías “respetaron” el derecho de las personas históricamente, o en la revuelta con los cientos de mutilaciones oculares. Pero lo que sí es cierto en su declaración, es la “protección” a las policías, porque la mayoría de los crímenes cometidos en esa data quedaron impunes.

Además de que la ministra declara haber quedado conforme con las modificaciones hechas al proyecto de ley, diversos académicos e instituciones internacionales han alertado sobre que la "legítima defensa privilegiada" significará un blindaje para el uso de armas de fuego, además de ser estas medidas puro populismo penal.

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Así, nuevamente el gobierno utiliza al feminismo para encubrir y respaldar medidas que hacen retroceder, en el legítimo derecho de movilizarse, a mujeres, disidencias, trabajadores y juventud. Esto ya se demostró cuando se eligió a Gustavo Sanhueza, un UDI anti derechos de las mujeres, precisamente como presidente de la comisión de la Mujer y Equidad de género en el Senado. Asimismo dieron los votos para que otro UDI asumiría como presidente del Senado, que ya advertía que una de sus prioridades seria un "fast-track" de leyes represivas.

Lo que expresa que el gobierno de Boric tiene una política de continuidad al utilizar el feminismo como una herramienta para encubrir medidas que son totalmente regresivas para sectores populares.

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La ley no busca en ningún momento proteger a la población, solo busca darle mayores herramientas al Estado para disuadir movilizaciones, blindando a las policías y facilitándoles su actuar en impunidad. En vez de otorgar respuestas a las demandas de trabajadores y sectores populares, solo fortalece la impunidad. Ya fuimos testigos de la brutalidad con que carabineros y militares salieron a reprimir en el estallido, donde la mayoría de quienes fueron acusados de violaciones a DDHH, quedaron con causas sobreseídas o simplemente desestimadas; con esta nueva ley, será aun mas la impunidad de dichas instituciones, lo que las envalentona más para seguir reprimiendo y mutilando.