DENUNCIAS Y SUSPENSIONES. ¿Gobierno versus corporaciones?

En las últimas semanas se vieron operativos en la city porteña contra las casas de cambio, sanciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a multinacionales imperialistas, clausuras preventivas de sociedades de bolsa, inhabilitación para la compra de dólares destinados al comercio exterior y denuncias de todo tipo contra las empresas.

Desde el recambio en el Banco Central para atacar la última corrida especulativa el gobierno viene reforzando las medidas de control y las sanciones de las maniobras de las empresas que operan con dólares.

Este lunes suspendió de manera preventiva a Arpenta Sociedad de Bolsa S.A, Arpenta S.A y JR Bursátil Sociedad de Bolsa S.A. La semana pasada suspendió a las casas de cambio Arpenta y América, y multó al Banco de Valores por 160 millones de pesos.

A mediados de octubre el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Cristian Girard, y el superintendente de seguros, Juan Bontempo, denunciaron a Mariva Bursátil y Facimex por fraude penal.

La mayoría de las inspecciones e investigaciones del Banco Central, la CNV y la Unidad de Información Financiera (UIF) corroboran incumplimientos en las normas de funcionamiento o directamente fraudes.

Así el gobierno logró que la cotización del dólar “blue” retroceda a valores de julio.

Este lunes se supo que la AFIP inhabilitó a 30 empresas para pagar los fletes de su comercio exterior a la vez que les impide acceder al Mercado Único Libre de Cambios e informó al Banco Central para que inicie las investigaciones referidas a la Ley Penal Cambiaria. Días atrás había suspendido preventivamente el CUIT (Clave Única de Identificación Tributaria) de Procter & Gamble por fraude fiscal y fuga de divisas.

Durante el fin de semana, el escriba oficialista Alfredo Zaiat denunció las distintas maniobras conocidas como “precios de transferencia” que utilizan las multinacionales: reestructuración de negocios; triangulaciones, subfacturación de exportaciones, sobrefacturación de importaciones; prestación de servicios de comercialización y/o logística desde el exterior; realización de las ventas desde el exterior; servicios intra grupo, servicios empresariales y acuerdos de contribución de costos; nivel de deuda o gastos por intereses excesivos y otros instrumentos financieros. Se trata de una enorme planificación global de las empresas imperialistas al servicio del fraude al fisco y la maximización de las ganancias. Todo esto, por supuesto, recurriendo a paraísos fiscales.

No es una particularidad argentina. La semana pasada salió a la luz un escándalo de evasión en la Unión Europea (www.izquierdadiario.com/Un-escandalo-de-evasion-sacude-Europa). Más de 300 multinacionales firmaron acuerdos secretos con Luxemburgo. Entre ellas Procter & Gamble, Fiat, Amazon, Pepsi, Ikea, FedEx Accenture, AIG, Amazon, Blackstone, Deutsche Bank, JP Morgan Chase y Procter & Gamble. De esa forma reducían el pago de impuestos hasta el 1% de sus ganancias.

Previamente, el 14 de agosto, la presidenta Cristina Fernández había anunciado que aplicaría la ley antiterrorista a la empresa Donnelley por "falso estado de quiebra para generar temor". Aunque el oficialismo retrocedió sigilosamente de aplicar esa ley sobre la compañía, continuaron las denuncias contra los gerentes que fueron imputados por parte de la justicia.

Todo este paisaje expuesto por las denuncias del gobierno deja al descubierto como es el funcionamiento normal del capitalismo.

Denuncias de diferente clase social

Cuando las comisiones internas o activistas de fábricas exigen la apertura de los libros de contabilidad y los registros empresariales es justamente para exhibir como en la mayoría de los casos los preventivos de crisis o quiebras presentados por las patronales son fraudulentas, simples excusas para atacar las condiciones laborales y la organización obrera en los lugares de trabajo.

Es lo que denunciaron los obreros de Donnelley frente al intento de despidos previo a la quiebra fraudulenta y la fuga de la empresa. Esa denuncia se realizó mucho antes que la presidenta descubriera que la empresa quería “generar terror”.

Lo mismo ocurrió en Lear donde la compañía trajo mazos de cables desde otros países para reemplazar la producción local, ir a un conflicto y buscar desarmar la combativa organización interna de la fábrica. Para eso la yanqui Lear sorteó las restricciones a las importaciones y al acceso a los dólares. Todas estas maniobras pasaron con el beneplácito oficial. No sólo eso. Fueron convalidadas con el envío de la represión de los gendarmes “caranchos” a los trabajadores que enfrentan a la empresa “buitre”. Es que en manos de los trabajadores esas denuncias tienen un carácter que las ubica en un curso de una lucha potencialmente anticapitalista.

En sentido contrario, en manos de un gobierno burgués las denuncias, suspensiones y multas a las empresas tienen el objetivo de establecer cierto orden para garantizar las condiciones de reproducción del conjunto del capital en momentos de crisis. Cuando la situación se normaliza los gobiernos suspenden toda intervención sobre los negocios privados.

Intentando ordenar la transición

Las medidas de control y sanciones sobre las empresas no significan que el gobierno haya iniciado la guerra contra las corporaciones. Se trata de mensajes que envía a las patronales para evitar que se pasen de la raya despidiendo trabajadores, haciendo quiebras fraudulenta como en Donnelley o fugando dólares como hicieron Procter & Gamble y las otras empresas sancionadas por pagar sobreprecios en los fletes del comercio exterior.

Esos mensajes son un intento de garantizar las condiciones de rentabilidad del conjunto del capital evitando mayores desequilibrios económicos por la acción de algunas empresas.

La muestra es que la escalada tiene lugar después que se fueron oficialmente 200 mil millones de dólares por el “pago serial” de la deuda externa. La formación de activos argentinos en el exterior producto de la fuga de capitales se ubica entre 200 y 400 mil millones de dólares, según el cálculo que se tome. En el mes de enero con la devaluación los bancos se ganaron 10 mil millones de pesos y este año están en el tope mundial de rentabilidad. En la bolsa de Buenos Aires las ganancias que apuntan las empresas también lideran el ranking de países. Todo esto tuvo lugar en la “década ganada” sin que el oficialismo amagara a tomar ni siquiera tibias medidas durante años.

El fraude laboral en Argentina está prácticamente legalizado por los propios ministerios públicos que contratan a la gran mayoría del personal de forma precaria y sin estabilidad. Lo mismo ocurre en las empresas privadas, donde incluso el trabajo en negro afecta a un tercio de los trabajadores. Allí la inspección oficial hace la vista gorda.

Los mensajes anti corporaciones que envía el gobierno a las empresas son coyunturales. Pero al mismo tiempo toma medidas de largo alcance, de orden estratégico, a favor del gran capital.

La Ley de Hidrocarburos profundiza y legaliza los pactos estilo Chevron para entregar los recursos a las petroleras imperialistas. A su vez, está preparando las condiciones para un nuevo endeudamiento, que con más o menos quita, supondrá un acuerdo con los “buitres”. En el mismo sentido, la Ley de la Argentina Digital abre perspectivas de nuevos negocios para las telefónicas y medios de comunicación (www.izquierdadiario.com/Monopolios-no-hay-dos-sin-Triple-Play). Todas estas medidas dan el tono de la verdadera orientación “capital friendly” del gobierno.

El descubrimiento tardío de las operaciones especulativas y fraudulentas de las patronales es puesto en función de administrar la crisis económica y la transición hacia el recambio presidencial, pero para nada significa que estemos frente a una cruzada del gobierno contra las corporaciones. Esta última interpretación sólo sirve para alimentar el “relato”.