Desde que la crisis con los buitres bloqueó la salida a los mercados, recrudecieron las turbulencias en la economía y se agravaron los conflictos con sectores empresarios. Pero hay un punto de base que comparten: los costos del “fin de fiesta” caerán sobre los trabajadores.
Esteban Mercatante @EMercatante
Martes 16 de septiembre de 2014
Postales de tiempos de vacas flacas. La última semana el gobierno nacional llegó al punto de máxima tensión con el sector industrial que fue el más privilegiado durante la década kirchnerista: el automotriz. La Presidenta se reunió con las automotrices y concesionarias y les dijo frente a frente lo que ya había dicho previamente: que “encanutan” autos.
Curiosamente, las terminales resistieron la continuidad en el tiempo de un plan destinado a asegurarles demanda para sus autos, el Procreauto. Se resisten, en primer lugar, porque quieren subir los precios nuevamente, después de haber aumentado más de 25% en la primera parte del año (aumentos reconocidos en el plan oficial Procreauto, que se contentó con acordar bajas en los precios del 5%).
El segundo motivo de rechazo, la dificultad para conseguir dólares para importar piezas y autos terminados. Es que no sólo se importan el 70% de las partes de cualquier auto que se produce en el país (es decir casi 50% de su valor final); el 60% de los autos que se venden en el país son importados. Esta es la industria cuyos récords festejó el kirchnerismo durante años, como si fuera expresión cabal de una reindustrialización cuando en los hechos no es más que una armaduría. Con la actual escasez de dólares, el gobierno obligó a las empresas a endeudarse con sus casas matrices para importar, en vez de entregarles divisas. Por eso, las mismas terminales que se quejan de la falta de demanda, supuestamente porque el impuesto a los autos de alta gama la habría afectado, “pisan” en los hechos la producción y la entrega de autos. No sólo para cuidar dólares. También se resisten a entregar ahora vehículos que podrían valer más en un futuro próximo. Como todos los empresarios y especuladores, apuestan a la devaluación. El gobierno buscó descomprimir la situación, anunciando el viernes que asegurará 100 millones de dólares al mes para importación de partes, a cambio de que no haya suspensiones. Esto equivale al 50% de lo que importaron por mes el año pasado.
Zona de turbulencia
Este conflicto pinta de cuerpo entero tensiones con numerosos sectores del empresariado, que recrudecieron desde la decisión del gobierno de modificar la Ley de Abastecimiento. Esta decisión hizo sonar las alarmas de los empresarios, que alertan sobre el fantasma del estatismo, y terminó de agriar las relaciones con la Unión Industrial Argentina, que salió junto a la Cámara Argentina de la Construcción, la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino, la Cámara Argentina de Comercio, la Bolsa de Comercio y la Sociedad Rural Argentina, a anunciar que si se aprueba la ley recurrirán a la justicia.
Podemos rastrear la raíz de esta renovada tensión hasta junio, cuando la Corte Suprema de los EE.UU. tomó la decisión de no considerar la apelación argentina al fallo del juez neoyorquino Thomas Griesa en el litigio con los bonistas holdout (que no ingresaron a los canjes de 2005 y 2010). El país quedó obligado por la decisión de Griesa a pagarles a estos el 100% del valor de sus bonos más punitorios o a sufrir el embargo de todos los fondos que argentina deposite para pagar vencimientos de la deuda canjeada.
Sabemos lo que vino después: el default, que el gobierno niega, y Ley de Pago Soberano. Estas consecuencias de la decisión de la corte dieron por tierra con la hoja de ruta que venía aplicando el gobierno desde enero, con fuerte consenso empresario: devaluación de más de 20 por ciento y vuelta a los mercados. El gobierno pagó los litigios del Ciadi (tribunal a la medida de las grandes empresas multinacionales), pactó con el Club de París, e indemnizó generosamente a Repsol. El ministro Axel Kicillof venía cumpliendo esta agenda puntillosamente. Pero el litigio en New York aguó los planes.
A la economía argentina le faltan dólares porque durante años se fueron alegremente con los pagos de la deuda externa, la fuga de capitales de los empresarios, los giros de utilidades de las multinacionales (que en los años de gobierno “nacional y popular” duplicaron como porcentaje de la producción nacional los niveles de los años ’90, sin que el gobierno atinara hasta 2012 a ponerle ningún freno), y los déficit energético e industrial (del cual la industria automotriz es sólo el caso más dramático). Y esta falta de dólares, que durante años el gobierno toleró alegremente confiando en que los dólares de las exportaciones de granos permitirían siempre cubrirlos, es la razón principal que explica las estrecheces actuales. Se expresa en el parate de la producción por falta de insumos, y en la caída del poder adquisitivo a causa de la inflación, que se aceleró después de la devaluación de enero. Los salarios y las jubilaciones, perdieron este año por goleada ante la suba de precios. Las subas negociadas en paritarias y las de los haberes jubilatorios están por detrás del aumento de precios.
Patria Y buitres
Después de haber comenzado el año dosificando el ajuste, el gobierno apostaba a dosificarlo hasta las elecciones de 2015 de la mano de la vuelta a los mercados de deuda. Por lo pronto, con el desacato al fallo de Griesa no puede asegurar el ingreso de dólares. El gobierno no deja sin embargo dar pruebas de vocación de pagador “serial”, habiendo votado la semana pasada la Ley de Pago Soberano, para poder retomar lo antes posible el acto dudosamente soberano de volver a pagar puntillosamente todo lo que se pueda de los bonos que se canjearon en 2005 y 2010, y que según cifras oficiales implicó durante la década kirchnerista la friolera de 193 mil millones de dólares.
Sin embargo, esta prueba de su vocación por cumplir con los “mercados” (es decir con los “buitres buenos”), que llevó al gobierno a abrazarse nada menos que al magnate especulador George Soros a poco tiempo de haber lanzado la consigna “patria o buitres” (ahora es “Patria y buitres”), no asegura dólares en lo inmediato. Esta escasez, y la expectativa de una nueva devaluación porque la inflación ya se devoró la de enero (los precios ya subieron más del 20% que se ajustó el peso frente al dólar entonces) está recreando una corrida contra el peso.
En este clima de estrecheces, no hay “Ahora 12” que pueda tapar el ajuste y sus consecuencias sobre los sectores populares. Una agenda compartida por el gobierno y los empresarios. El gobierno intenta amenizarla con algunas medidas pro consumo y otras resoluciones de tipo “keynesiano” como la ampliación de los planes “proemplear” o de los Repro, que solventan una parte del salario para que las empresas no reduzcan personal. Pero son iniciativas que pretenden borrar con una mano el ajuste que se aplica con la otra, y no lo logran. Aún las cifras oficiales lo muestran: sube el desempleo, se deterioran los ingresos, y no hay atisbo de que los anuncios oficiales vayan a revertir esa tendencia.
La tensión entre el gobierno y sectores empresarios, no es entonces por la orientación de fondo. Unos y otros comparten, lo mismo que la oposición política del Pro, el Frente Renovador y UNEN, que los costos del fin de fiesta caerán mayormente sobre los trabajadores y sectores populares. La disputa es por quién le pone la cara al ajuste.
