El gobierno de Arcioni cancelará la deuda salarial a la Policía provincial, pero no a los estatales. Toda una declaración de que en tiempos de ajuste, la represión es la única respuesta para salvar al régimen. La interna del Frente de Todos y el canto de sirena de sindicalizar a la Policía a la luz de los trágicos hechos recientes.
Miércoles 2 de junio de 2021 16:08
El reciente acuerdo alcanzado por la Policía de Chubut con el gobierno de Mariano Arcioni, recuerda el acuartelamiento que la bonaerense protagonizó el año pasado, donde uniformados armados rodearon la residencia presidencial de Olivos, como un auténtico ejército de ocupación y que fue precedida por un reforzamiento de las prerrogativas y capacidad represiva de las fuerzas a nivel nacional en el marco de la pandemia.
Respaldadas por discursos oficiales que los presentaban como garantes del cumplimiento de las medidas sanitarias -un discurso de “orden y seguridad” que la derecha ya venía instalando fuertemente durante el período Cambiemos, garantizando la impunidad de las fuerzas represivas- recibieron el respaldo de todos los gobernadores. Incluso luego de la desaparición forzada de Facundo Castro, la siempre criminal policía bonaerense salió a por todo con el apoyo tácito de un Berni duro con los pobres y blando con los “poderes fácticos”.
El paralelismo con la situación actual en Chubut no precisa ninguna forzadura. Mientras Massoni echaba a correr el rumor de renunciar si no se lograba un acuerdo con la fuerza que dirige, salía a defender el accionar del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía (GEOP) en el asesinato de Tino John en la Comarca Andina. Nada casualmente, el mismo día 28 de mayo la Policía golpeó brutalmente a una familia en Gaiman y detuvo ilegalmente a un artista callejero en Trelew. En 24 horas, tres hechos de violencia policial y uno con consecuencias fatales. Durante toda la pandemia, el ministro no hizo sino generar escándalos en su defensa de cada atrocidad cometida por la fuerza a su mando.
En cuestión de meses, en el marco de la pandemia, vimos el incremento de la ferocidad represiva del Gobierno y la policía provincial: balear en la cara a un vecino mientras cerraba el portón de su casa en uno de los barrios populares de Trelew, “salir a chimanguear” transeúntes por la noche para encerrarlos en gimnasios como se le escuchó decir al director de la Policía de Chubut Paulino Gómez, encerrar a todo un pueblo impidiendo que salgan al patio como sucedió en Esquel. En el marco de la pelea ambiental las detenciones y torturas a activistas en Rawson, Trelew o el reciente desalojo ilegal de la ruta 3 así como la criminalización del arte callejero, completan el panorama.
Incluso cuando la relación de fuerzas no dió, el gobierno apeló a “tercerizar” la represión en la patota de la burocracia sindical de petroleros contra docentes o camioneros en el último corte de la ruta 3. Pero esto, está lejos de ser una política aislada de Arcioni y Massoni, ya que el mismo Alberto Fernández reivindicó el accionar de la patota de la UOCRA que violentó a activistas ambientales que se habían concentrado en Lago Puelo durante su visita a la zona tras los incendios que arrasaron con casas y vidas.
El peligro de negociar con la Policía
Sobre este fondo represivo, la “Comisión de Bienestar Policial”, logró una negociacion y cancelacion de deuda mejor que cualquier conducción sindical en Chubut, mientras continuan congeladas las paritarias desde 2020 para miles de trabajadores estatales. El Gobernador le da a la Policía la cancelación de los sueldos adeudados en una cuota: en junio el 100% para los que cobran hasta $60 mil, en julio el 100% para los que cobran hasta $80 mil, en agosto, el 100% para los que cobran hasta $100 mil, en dos tramos para los que cobran más de 100 mil.
Ante esto, el silencio cómplice de las conducciones sindicales, significa un aval a la política del Gobierno provincial (como Kicillof y Fernández hicieron con Berni) de ceder a las demandas de la Policía. Mientras las fuerzas represivas arreglan, a las y los jubilados les adeudan los últimos tres meses de salario y miles de trabajadores activos no han conseguido la regularización de los sueldos adeudados por el Estado provincial, proponiendo en algunos casos la cancelación hasta en 5 cuotas. El grave cuadro para las y los trabajadores de la provincia, que no tuvieron paritaria en el 2020, se profundiza con la ausencia hasta el momento de paritarias en 2021. Ante la colaboración de las conducciones sindicales, Arcioni termina saliéndose con la suya, logrando aplicar los 180 días de congelamiento salarial que aprobó la Legislatura en diciembre.
Pero el problema no atañe solamente a Arcioni como responsable político de esta estrategia represiva funcional al plan de ajuste integral. La oposición del Frente de Todos provincial plantea ahora una interpelación a Massoni por el accionar del GEOP ante el asesinato a sangre fría de Tino John, pero han callado en los últimos años todos los abusos de las fuerzas de seguridad, incluido el desalojo ilegal al corte de la ruta 3. Incluso han sido garantes de la política de ajuste provincial que al hundir en la miseria a amplios sectores de trabajadores tiene por única respuesta el fortalecimiento del aparato represivo.
Nuevamente, ante la proximidad de elecciones, el peronismo saca a relucir su interna aprovechando un hecho que conmociona a la sociedad. Pero como hiciera la conducción sindical provincial en aquél “Hay 2019”, no se hacen cargo de haber dejado pasar lo peor del ajuste en estos dos años de gobierno de Arcioni como aliado del Frente de Todos. La interna entre el massismo de Arcioni y el kirchnerismo chubutense dentro del frente mostró su verdadero rostro en torno a la IP 2020: unos votaron rechazarla y otros dieron quórum votando a favor del debate cuando en realidad validaban su rechazo. Son los mismos que hoy buscan tomar distancia de Massoni.
Aunque hoy se digan ajenos a la política de Chubut al Frente, el ala kirchnerista del Frente de Todos fue cómplice y garante de su política de ajuste y represión en los últimos dos años, al igual que en todo el país con el resto de los gobernadores peronistas. Y por si queda alguna duda, allí está Berni pidiendo la baja de edad de imputabilidad ante el silencio de todo el arco “progresista”.
No podemos naturalizar el ajuste con la resignación de la herencia macrista que imponen la burocracia sindical y el peronismo para profundizar el ajuste iniciado con el saqueo macrista. Tampoco los hechos que sucedieron esta semana y que terminaron con una victoria de la Policía. No son trabajadores, es una fuerza armada cuya función es ejercer el control social, sobre todo en los barrios populares, y reprimir las luchas de trabajadoras y trabajadores. Se vio en esta cuarentena con 92 personas asesinadas por el aparato represivo estatal, desalojando a las familias de Guernica, deteniendo activistas ambientales y estatales.
Ante la fantasía de la CTA e incluso algunos sectores de la izquierda de una sindicalización que haría menos criminal a la Policía, basta pensar en el caso de George Floyd en EEUU donde la sindicalización del brazo armado del Estado no resuelve, sino que profundiza, la impunidad de las fuerzas represivas, y hoy luego del enorme movimiento BLM se pide la expulsión de los sindicatos policiales de las centrales obreras. Sobre su carácter de institución criminal a nivel mundial, alcanza con ver su accionar hoy en la revuelta social en Colombia y ayer en Chile.
Por el contrario, trabajadores somos las y los que hacemos funcionar con nuestra fuerza cada hospital, escuela o fábrica, para quienes derrotar el ajuste en curso es cuestión de vida o muerte. El fortalecimiento del aparato represivo y la respuesta a sus demandas, no es más que la contracara de lo que deparan las patronales, el peronismo y Cambiemos a los reclamos de los verdaderos trabajadores esenciales: más represión.
