En el caso de Argentina, el Ministerio de Seguridad junto con el de Defensa crearon el primer Comité de Ciberseguridad, pero lejos de proteger los derechos de los ciudadanos, se dedica a gastar millones en identificar activistas y referentes opositores en la Red.
Martes 12 de septiembre de 2017 12:30
Ésta semana se realizó el evento “Prioridades de la sociedad civil y del sector privado en materia de Ciberseguridad” organizado por USUARIA (Asociación Argentina de Usuarios de la Informática y las Comunicaciones), miembro de la OEA (Organización de los Estados Americanos), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Allí expertos internacionales desarrollaron cuáles deben ser las prioridades en ciberseguridad para la sociedad, explicando casos de phishing, grooming, derecho a la privacidad, y acceso a la información pública.
En el evento explicaron que la prioridad debe ser proteger los derechos de los ciudadanos como debería hacerse en la vida cotidiana.
En el caso de Argentina, el Ministerio de Seguridad -encabezado por Patricia Bullrich- junto con el de Defensa crearon el primer Comité de Ciberseguridad, pero lejos de proteger los derechos de los ciudadanos, como se menciona en su guía de buenas prácticas, se dedica a gastar millones en identificar activistas y referentes opositores en la Red.
Ya para octubre de 2016 a través de la Secretaría de Vínculo Ciudadano, el gobierno gastó cerca de 163 millones anuales para monitorear las redes, tarea dirigida por el actual Jefe de Gabinete Marcos Peña y el consultor Jaime Durán Barba, además de contratar servicios de cuatro compañías de marketing en Internet.
Para identificar activistas y opositores, el gobierno recurre a las principales herramientas de analítica web que permiten conocer las reiteradas menciones negativas que se hacen del gobierno, IP del usuario, zona geográfica, menciones en tiempo real, post internos en una red social o externos como comentarios en foros, fotos, tipo de navegador, y sentimiento del usuario.
Toda esta artillería analítica está disponible a la hora de identificar referentes de la Red ya sea para cooptarlos o para atacarlos a través de los fakes (perfiles falsos) y trolls del gobierno que pululan en las redes sociales.
Lejos de implementar una política de ciberseguridad que proteja a los trabajadores, mujeres y jóvenes de la violación a su derecho a la privacidad, de prevenir casos de acoso o pedofilia a través de perfiles falsos, phishing (suplantación de identidad) y diferentes delitos informáticos que permiten a los hackers comerciar con la información de los usuarios, el gobierno se dedica a la caza de activistas para –tratando de tapar el sol con una mano- mantener su imagen positiva a través de la data vigilancia.
Para aquellos interesados, acá se puede encontrar la guía de buenas prácticas en ciberseguridad que recomienda la OEA.
