Enrique Peña Nieto firmó decretos con los que autorizó la explotación del agua de 300 cuencas en 20 estados de la República, con lo que trasnacionales tendrán acceso a explotar los mantos acuíferos.
Axomalli Villanueva @1quiahuitl
Lunes 18 de junio de 2018
En la recta final de las campañas para la presidencia de la republica y casi a la par del festejo por la victoria del partido México-Alemania, Enrique Peña Nieto mediante un decreto presidencial, firmó para modificar el estatuto de las vedas existentes sobre 40% de las cuencas del país, que contienen 55% de las aguas superficiales de la nación.
El presidente Peña Nieto eliminó la prohibición que había para la entrega de permisos de extracción de agua en esas zonas bajo el pretexto de que servirían para establecer reservas de agua para áreas naturales protegidas y la naturaleza para los próximos 50 años.
Con el discurso de que estos decretos sirven para asegurar el manejo del abastecimiento de agua, y establecer reservas para las áreas naturales protegidas y la naturaleza.
En un intento de legitimar esta medida el mismo Jorge Rickards, presidente de la famosa ONG World Wildlife Fund, aplaudió esta medida y afirmó: “Estos decretos representan una visión de futuro que evitará la grave sobre explotación, contaminación y escasez que vivimos en muchos otros ríos del país”.
En realidad, estos decretos abren la puerta para que el líquido vital se utilice para fines lucrativos, ya sea privatizando directamente el manejo del agua en organismos operadores empresariales municipales o entregando concesiones de agua para las distintas empresas extractivas del país, a costa de los derechos de los pueblos indígenas, núcleos agrarios, comunidades rurales y los sectores populares urbanos.
La organización Agua para Todos, en la que se organizan pueblos originarios, activistas sociales, trabajadores, investigadores, etc., denunció que los decretos del ejecutivo federal favorecen los trasvases de agua a gran escala, como los que ocurren o están diseñados en varios megaproyectos hidráulicos el sistema Cutzamala del estado de México a la Ciudad de México; Monterrey VI que prevé trasvase del agua del río Pánuco a Monterrey, o la presa y acueducto El Zapotillo que pretende trasvasar aguas del río Verde de Los Altos de Jalisco al complejo industrial de El Bajío de Guanajuato.
Estos trasvases de agua de una cuenca a otra, según explican los especialistas, son uno de los casos más evidentes del despojo de bienes comunes. En este caso, se despoja el agua de las comunidades indígenas o agrarias que han cuidado y protegido este bien común para que de pronto, mediante agresivos proyectos de "desarrollo", se les expropie ese bien para llevarlo a grandes áreas urbanas.
Según una de sus estimaciones, estos decretos de levantamiento de veda anunciados por Peña Nieto desde el 5 de junio, podrían poner en riesgo hasta 50 mil concesiones sin título actualizado o vigente de comunidades indígenas o núcleos agrarios, quienes tenían "las dotaciones del líquido por decreto presidencial, pero esta figura cambió en la ley de Aguas Nacionales y no las renovaron".
“Es evidente que este redireccionamiento de las aguas se va a dirigir a las nuevas concesiones previstas: hacia todas las actividades extractivas como minería, explotaciones energéticas, fracking, hidroeléctricas, actividades industriales, desarrollos turísticos e inmobiliarios”, señalan activistas de esta organización.
Por sus consecuencias, estos decretos ejecutivos son el equivalente a otra reforma estructural en materia de agua, pero sin pasar por el poder legislativo, sólo utilizando facultades del poder Ejecutivo. Recordemos que la Ley de Biodiversidad fue aprobada a puerta cerrada y sin discusión previa, lo cual habla de un gran interés por poner a la venta los recursos naturales del país.
Como reportó Regeneración, los decretos abarcan las cuencas de los ríos Grijalva-Usumacinta (Chiapas, Tabasco y Campeche); Papaloapan (Oaxaca, Puebla y Veracruz); Pánuco (Estado de México, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León); Costa Chica de Guerrero y Costa Grande (Guerrero y Oaxaca); San Fernando Soto la Marina (Tamaulipas y Nuevo León); Santiago (Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, y Zacatecas); Actopan-Antigua (Veracruz y Puebla); Costa de Jalisco (Colima y Jalisco); y Ameca (Nayarit y Jalisco).
Estos decretos se suman a los emitidos en los ríos San Pedro Mezquital (2014), Fuerte (2016) y Coatzacoalcos (2018), que son cerca de 300 cuencas de las 756 del país, en 20 estados y representan la protección del 55% del volumen de agua superficial a nivel nacional.
Las medidas para abrir los recursos acuíferos del país a la inversión privada, como la “Ley Korenfeld”, tienen ya mucho tiempo atrás. Sin embargo, según la revista Proceso, estas medidas tomaron fuerza desde principios de año, donde la cámara de diputados se aprobara la Ley General de Aguas pese al rechazo de la opinión pública, por lo que esta medida que tomó Peña Nieto se muestra como una urgencia de atraer aún más inversión privada.
La prohibición existía para la entrega de permisos de extracción de agua en 300 cuencas del país, que concentran 55 por ciento de lagos y ríos. Esto llevará a que el líquido sea concesionado hasta por 50 años a la industria minera, el fracking y la extracción de hidrocarburos, ya que gran parte de esas cuencas coinciden con los sitios donde se prevén esas actividades.
Estas medidas no garantizan el suministro de agua a las comunidades rurales y mucho menos a las regiones urbanas, como el caso de la Ciudad de México, donde este liquido es usado como botín político, o en el caso de Mexicali donde los pobladores recientemente han salido a repudiar a la cervecera Constellation Brands por adueñarse del acuífero que abastece a la ciudad.
Consultada respecto a esta ofensiva privatizadora, Sulem Estrada, maestra y candidata independiente por la Plataforma Anticapitalistas al Congreso de la CDMX, declaró:
“Los socialistas del MTS denunciamos este nuevo saqueo contra la clase trabajadora, las comunidades y los pueblos originarios. Se trata de medidas que se enmarcan en la política de reformas estructurales para facilitar la entrega de recursos a las trasnacionales, el encargo de los organismos internacionales que llevó a cabo Peña Nieto.”
“Para enfrentar este nuevo ataque, somos las y los trabajadores, junto a las comunidades y activistas que vienen peleando contra los mega proyectos, quienes podemos dar pasos en poner en pie un gran movimiento nacional contra la entrega de recursos al gran capital y luchar por la nacionalización del agua y la renacionalización de todos los sectores de Pemex entregados a las trasnacionales sin pago y bajo control de los trabajadores”.
