Según información publicada en el Diario Oficial y la SUSESO en diciembre de 2020, se habría realizado una redistribución de las cotizaciones obligatorias de Fonasa para que un 3,1% del 7% obligatorio pase a manos de privados en las Cajas de Compensación. ¿Por qué no ha sido noticia?
Domingo 7 de febrero de 2021
Según información publicada en diciembre del 2020 por la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), Piñera y la ministra Zaldívar, informaron -aunque es bastante discutible hasta qué punto- de un grave hecho que vendría a desfinanciar la salud pública en Chile.
El cambio, a primera vista, afectaría a las personas que cotizan en Fonasa y que además están en alguna caja de compensación. Del 7% obligatorio que se le descuenta a la mayoría de la clase trabajadora (exceptuando a quienes optan por ir derechamente al sector privado o que sus empresas les empujan a ello), para estas personas que además de estar en Fonasa están en las Cajas de Compensación, ahora sólo el 3,9% terminaría efectivamente en Fonasa y el otro 3,1% iría a parar a manos de los privados en las cajas.
Según el sitio Felices y Forrados, alrededor del 40% de los ahorros del sistema se van a la caja de compensación más grande, la Caja Los Andes. Ahora, ¿A quién pertenece la Caja Los Andes? Pues precisamente a Inversiones La Construcción (ILC), al igual que la AFP Hábitat, la Isapre Consalud, etc. Y es de notar que ILC S.A. ya se había visto dentro de las triangulaciones de Piñera hace poco.
La noticia del cambio en la repartición de los montos de Fonasa en cuanto a su destino ya había sido publicada en el Diario oficial el 16 de diciembre sin haber sido noticia pública. Resulta que sólo dos días más tarde se compró un gran volumen de acciones en ILC, acciones que venían a la baja, y que menos de una semana después con el anuncio de la SUSESO vendrían a subir. Este incremento pasó de unos $4.500 a tener un valor de más de $5.400 la acción al día de hoy.
El valor de ILC pasó de unos 400 millones de dólares a unos 500 millones de dólares, un aumento de valor bursátil total del 20%. Un dato interesante que podría fácilmente ligarse al uso de información privilegiada es que la ministra María José Zaldívar se encuentra directamente implicada. ¿Por qué esto es interesante? Porque ella fue desde 2014 al 2018 gerenta general de la Corporación de Investigación, Estudios y Desarrollo de la Seguridad Social (Ciedess), que sería el área de investigación de ILC, y justo una semana antes del informe de la SUSESO se compró este volumen de acciones… ¡Cuando el precio venía a la baja!
Ahora, estos escándalos no han explotado por varias razones:
- Que las instituciones del Estado no van a ponerse a realizar y ventilar investigaciones contra sus propios socios en el gobierno, en las triangulaciones está implicado el mismísimo presidente que no por nada se ha mantenido en el poder incluso llegando a tener menos de un 10% de aprobación crónicamente.
- Que las organizaciones de masas, dirigidas por el Partido Comunista y el Frente Amplio, han optado por el camino de la tregua con el gobierno. Han preferido dedicarse a asegurar gobernabilidad a Piñera y a “mejorar” un régimen que se cae a pedazos antes que a desarrollar la fuerza de la movilización popular y de la clase trabajadora y la juventud. Muestra brutal de esto es que ahora en lugar de movilizar para acabar con la institución de carabineros busquen reformarla o refundarla, cuando las balas que le dieron muerte a Francisco no vinieron de Fuerzas Especiales, sino de un policía de tránsito, prueba de la putrefacción estructural de la institución de carabineros.
- La redistribución de fondos no fue una noticia, fue justamente una movida por debajo que pasó a favorecer un poderoso holding implicado en las triangulaciones de Piñera. Lo más grave de todo esto es que la Salud Pública, ya desfinanciada durante décadas de administración neoliberal, pasaría a desfinanciarse más. En palabras de Felices y Forrados, esta movida significaría una pérdida de financiamiento a Fonasa (o por su contraparte aumento de financiamiento a cajas de compensación privadas) de unos “1.900 millones de dólares al año o unos 40 teletones al año”.
No está demás decir que Fonasa, en tanto sistema público, tiene más una lógica subsidiaria que una lógica de financiamiento a la salud pública. El sistema está construido para que lo que no puede entregar el sistema público lo tenga que costear el trabajador o la trabajadora comprando bonos de su bolsillo para atenderse en el sector privado mientras que Fonasa les entregue a estas instituciones lo faltante, sacando plata de las cotizaciones obligatorias de la mayoría de las y los trabajadores. Queda como consecuencia que la precariedad de la salud pública aumentará más o menos al doble.
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Para acabar con esta crisis estructural hace falta un rediseño en profundidad del financiamiento de la salud pública, siendo urgentes la revocación de esta última redistribución y la eliminación de la lógica subsidiaria en el sistema público.
Necesitamos un plan de emergencia basado en un impuesto a las grandes fortunas y a las mineras que nos han saqueado durante décadas. Este plan debe contemplar la unificación de la red hospitalaria, testeos masivos y planes de viviendas contra el hacinamiento y el contagio.
Para conseguirlo se necesita de la más amplia movilización contra el gobierno, y la puesta en marcha de la masa del pueblo trabajador rompiendo la tregua de las grandes centrales sindicales y confederaciones estudiantiles con el gobierno.
