En un acto en Chaco junto al gobernador, Jorge Capitanich, anunció la construcción de 15 centros de atención, para todo el país, para mujeres en situación de violencia. Anuncios que por el momento siguen apilándose en las mesas de secretarías y ministerios.
Martes 20 de julio de 2021 20:59
Si hay algo que caracteriza la gestión de la ministra Elizabeth Gómez Alcorta es la “publicidad” de sus programas y acciones. Así es que viajó hasta la provincia de Chaco para anunciar junto al gobernador Jorge Capitanich, algunas obras que se iniciarán con el objetivo de disminuir desigualdades.
En este sentido la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad indicó que “Es la decisión de este Gobierno la de poner de pie nuestro país cuidando. Este Gobierno nos cuida cuando nos vacuna; nos cuida cuando nos conecta un pueblo con otro; nos cuida cuando crea jardines maternales que nos van a permitir, sobre todo a las mujeres, salir a trabajar porque sabemos que quienes cuidamos a los chicos somos nosotras y eso atraviesa nuestras biografías”.
Sus anuncios además incluyeron la violencia de género: “Este Gobierno nos cuida cuando urbaniza los barrios y también ha tomado la decisión de reducir la violencia de género, que es uno de los grandes problemas que tenemos porque la violencia machista nos mata”.
Recordemos que desde ese ministerio anunciaron la creación del Plan Nacional de Acción Contra las Violencias por Motivos de Género. Uno de los objetivos se concentraba en el tema de refugios y hogares de tránsito para las personas en situación de violencia de género. De hecho la partida destinada fue de 17.671 millones de pesos. Sin embargo, en la página oficial del presupuesto nacional, lo vigente para el MMGyD figura tan solo un tercio de ese total del cual no llegó a ejecutarse ni el 10% del mismo.
De acuerdo a información de fuentes del gobierno, en una primera etapa, este plan nacional prevé la construcción de 15 Centros para promover la atención integral por parte de equipos interdisciplinarios en articulación con organizaciones comunitarias.
El MMGyD respondió a un pedido de información de este medio indicando que en todo el país hay 142 centros territoriales con 1.800 plazas. Mientras las llamadas recibidas sólo por la Línea 144 durante el 2020 fueron mas de 100 mil y se produjeron alrededor de 300 femicidios. Aún hay provincias, como Formosa y Tierra del Fuego, que no cuentan con ningún centro ni refugio. Chaco solo tiene un dispositivo con capacidad de alojamiento para 30 personas.
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Jardines maternales
Sobre este tema existe un informe conjunto entre Unicef y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) del año 2019 que indica que “la oferta de los llamados jardines maternales en todo el país alcanza a 3.065 instituciones y considerando que de acuerdo al último Censo de Población aquellos entre 45 días y 2 años eran alrededor de 2.000.000 de niñas y niños, es posible concluir que la demanda potencial no podría ser satisfecha, si sumamos además que la mayoría de estas instituciones son de gestión privada”.
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Solamente el 15% de las escuelas del país ofrece jardín maternal, porcentaje que se duplica en escuelas de gestión privada y que se reduce a la mitad en las zonas rurales. El nivel inicial es el más privatizado del sistema educativo, uno de cada tres niñas y niños concurre a una guardería o jardín privado, según datos del Observatorio Argentino por la Educación.
En síntesis las tareas de cuidado recaen mayoritariamente sobre las mujeres, eso quedó más que claro durante la pandemia. Tal como menciona la ministra un primer paso es que esas mujeres puedan dejar a sus hijos en escuelas, el problema es que, como decíamos anteriormente, la oferta de escuelas públicas es prácticamente inexistente y esto afecta sobre todo a aquellas mujeres de sectores más vulnerables que no pueden acceder a jardines maternales de gestión privada.
Lo que no mencionó Elizabeth Gómez Alcorta es que su ministerio untilizó el 24,7% del total de sus recursos, es decir una subejecución notable de las partidas.
Es importante señalar no solo la subejecución del gasto, sino la reducción de partidas en áreas vitales. La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) revela que los programas destinados a prevenir la violencia de género se vieron reducidos en alrededor del 7,5%.
En tanto los programas destinados a la salud sexual y reproductiva tuvieron, en este primer semestre, un recorte de casi el 7% de su crédito inicial.
Salud Sexual y ESI
En las últimas horas anunciaron el llamado a licitación para la compra de materiales de prevención en salud sexual que incluyen 10 mil penes de madera, maletines y dispenser para preservativos por un total de 13 millones de pesos.
Una reciente investigación realizada por el equipo de sexología del Hospital de Clínicas, señala que en el país sólo el 14,5 % de la población utiliza preservativo en todas sus relaciones sexuales, el 65 % admitió usarlo solo a veces y el 20,5% reconoció no usarlo nunca, cuando se conoce que el 98 % de las enfermedades de transmisión sexual se producen por relaciones sexuales sin protección.
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Es por esto que resulta fundamental que desde el Estado se garantice la aplicación de la ESI no solo en las escuelas, o centros de salud, sino también en todos los ámbitos donde pueda implementarse.
Como mencionábamos en esta nota: “Luego de 15 años de la aprobación de la ley de “Educación Sexual Integral” y que ha sido un gran avance, quedó en manos de las docentes y los docentes la implementación en las escuelas. En la encuesta realizada en el 2020 por la red de docentes por el aborto legal, señalaba que el 79% de las docentes y los docentes, no habían recibido formación sobre ESI en sus carreras y que el mayor obstáculo es que la propia ley habilita a cada establecimiento la aplicación "en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros". Esto significa que la decisión de impartir la ESI queda al libre albedrío de los directivos de los establecimientos educativos. En un país que está atravesado por debates ideológicos por parte de las iglesias si no hay una decisión política por parte del gobierno es difícil que pueda aplicarse.
La campaña electoral ya está en marcha y con ella las multiplicación de actos que intentarán magnificar los programas y planes con perspectiva de género que por el momento se han mostrado impotentes ante la realidad que viven la mayoría de las mujeres en nuestro país.