Con Fábrega, o con Vanoli, la última palabra en la política oficial seguirá en manos de Cristina. La Presidenta se queja por la inacción contra los bancos, pero fue ella la que frenó la aplicación de medidas más duras.
Esteban Mercatante @EMercatante
Jueves 2 de octubre de 2014 14:47
En su discurso del martes, que terminó de acelerar la salida del presidente del Banco Central (BCRA) Juan Carlos Fábrega, Cristina Fernandez se quejó de que “hay más de 80 mil expedientes, algunos datan de los años 80, sobre infracciones a la ley penal cambiaria, de exportadores, de bancos, de financieras, que no se tratan”. En el mismo discurso, la Presidenta sostuvo: “Escuché el tema del cambio de Ley Penal Cambiaria, no sé si habrá que cambiar o no la ley, que data del año 1971, es una discusión que darán los legisladores”. Cristina Kirchner se mostró así sorprendida por la inacción del Banco Central frente a las denuncias contra bancos y entidades financieras, y llamó a establecer nuevas reglas para controlar a esas instituciones. “Lo que estoy pidiendo fundamentalmente es que los organismos de control y de regulación del país apliquen las normas y fundamentalmente cuiden a todos los argentinos”, reclamó.
Sin embargo, la Presidenta obvió en su discurso del martes que ella mismo frenó en 2012 un intento de Mercedes Marcó del Pont cuando era presidenta del Banco Central para modificar la Ley Penal Cambiaria y tener mayores herramientas para controlar a las entidades financieras que operan en el mercado cambiario y presionan sobre el dólar. Según reveló ayer LPO Marcó del Pont le planteó la idea a Cristina y recibió una negativa como respuesta. “Este no es el momento para avanzar con esto”, le dijo la jefa de Estado. Por entonces la situación entre los bancos y el gobierno seguía atravesando un buen momento.
Meses más tarde Guillermo Moreno empezaría a ventilar denuncias contra Jorge Brito, jefe de Adeba, nucleamiento de los banqueros “nacionales”. Pero sin que nada de esto se plasmara en medidas firmes de ningún tipo.
El lunes, día anterior al discurso de Cristina se había conocido la iniciativa de la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) para reformar la ley penal cambiaria. Pero estas iniciativas llegan 100 mil millones de dólares y montones de ardides tarde. Como mostró el gobierno en numerosas oportunidades, la dureza y el “garrote” (por lo general bien suavizado cuando se trata de sectores patronales, por contraste con la disposición represiva contra los trabajadores en lucha) vienen cuando los empresarios completaron su festín, para apagar el incendio con un vaso de agua. La cuestión del dólar no es la excepción, sino una de las expresiones más paradigmáticas.
