A pesar de la solidaridad de decenas de vecines, este lunes la comisión judicial y la policía ejecutaban el desahucio de esta familia del barrio del Picarral.
Jaime Castán @JaimeCastanCRT
Martes 9 de noviembre de 2021
Foto: Stop Desahucios Zaragoza
Este 8 de noviembre, José Antonio y Samanda han sido desahuciadas de su vivienda, quedando en la calle con sus cuatro hijes de 8, 6 y 3 años, y con un bebé de apenas ocho meses. Las imágenes trajeron de nuevo a la capital aragonesa la realidad del drama que viven cada día miles y miles de familias en el Estado español, a pesar de las retóricas de los distintos gobiernos sobre el fin de los desahucios.
En este caso, el Gobierno “progresista” de Aragón, del PSOE, Podemos y CHA es el principal responsable, junto al Ayuntamiento gobernado por PP y C’s.
A pesar de la solidaridad vecinal, a las 11.30 horas de este lunes esta familia, como tantas otras, se quedaba en la calle. En redes sociales las imágenes se difundieron generando gran indignación.
Ahora mismo sentimos #vergüenza de nuestras instituciones y poderes del estado. pic.twitter.com/Wpp6ugKNSH
— Stop Desahucios Zaragoza (@DesahuciadxsZGZ) November 8, 2021
Desde Stop Desahucios Zaragoza agradecieron la solidaridad y denunciaron la vergonzosa situación que deja a una familia “destrozada”.
🔴 ÚLTIMA HORA | Ejecutado el desahucio de José Antonio, Samanda y sus cuatro criaturas
Desde @DesahuciadxsZGZ declaran que están "destrozadas"
ℹ️ Más información: https://t.co/coHuHSWquq pic.twitter.com/yEr6SsjdCn
— AraInfo (@arainfonoticias) November 8, 2021
Frente a este drama de la vivienda, hace falta una respuesta conjunta para enfrentar la especulación urbanística. Pero para ello no basta con hacer denuncias en Twitter como algunes concejales de Podemos o el PCE de Zaragoza, cuyos partidos están en el gobierno autonómico y/o estatal siendo cómplices y responsables políticos directos de la aplicación de estos desahucios.
La respuesta pasa por cuestionar y enfrentar a estos gobiernos, por muy “progresistas” que se reivindiquen y levantar un plan de lucha, cuestionando la pasividad que impone la burocracia sindical de CCOO y UGT, para echar abajo las reformas laborales, garantizar el derecho a la vivienda y hacer frente a todas las políticas de ajuste.
