El domingo 22 de mayo tuvo lugar en Zaragoza una gran manifestación ciudadana y de organizaciones en apoyo a los 8 encausados por los sucesos en Artieda el 10 de octubre de 2012, entre ellos un ex diputado de Podemos.
Mario Olivo Zaragoza
Miércoles 25 de mayo de 2016
Entorno a unas 4.000 personas recorrieron desde el edificio de la CHE hasta la Plaza del Pilar gritando consignas por la absolución de los 8 encausados. También se acercó gente y asociaciones del norte de Aragón y Navarra y de otras comarcas cercanas a Yesa quienes se unieron a los que también están en contra de la política de la CHE de [expropiar las tierras aledañas para llevar a cabo el proyecto de ensanche-http://www.izquierdadiario.es/Los-8-de-Yesa-detenidos-por-defender-su-medio-de-subsistencia?id_rubrique=2653].
Al día siguiente, fue visto en el Juzgado de lo Penal número 1 de Zaragoza la primera vista oral de este juicio. Los ocho mantienen que actuaron en defensa propia, en medio de una protesta pacífica, por la acción violenta de la Guardia Civil que pretendía desocupar la carretera forzosamente.
Por su parte la fiscalía pide a los acusados penas de entre dos y seis años de cárcel y una indemnización de 22.000 euros por delitos contra la autoridad, lesiones y desorden público. El 1 de junio próximo continuarán las declaraciones de los testigos y de los agentes que mantienen la acusación sobre los 8 encausados por lesiones.
En octubre de 2012, la Guardia Civil procedió a una feroz carga policial en Artieda (Zaragoza), según narran muchos testimonios, noticias, así como las imágenes de aquel día. Hubo varios heridos. La Guardia Civil comenzó a detener e identificar a cuantas personas sean posibles.
El embalse de Yesa, que gestiona la Conferencia Hidrográfica del Ebro (CHE), es un embalse inaugurado durante la dictadura franquista (1959) que inundó pueblos y tierras de la zona. Muchos lugareños, vecinos de la zona y de comarcas distantes están en contra de un nuevo ensanche del pantano. En los años 60, las políticas franquistas de grandes pantanos supusieron grandes desahucios para miles de personas del medio rural, entregando la gestión a las empresas eléctricas.
