Ayer por la mañana, más de 500 estudiantes y docentes de los institutos que forman la Universidad Provincial se movilizaron hasta la Legislatura en reclamo por presupuesto y mayor participación en el proceso de normalización.
Miércoles 29 de abril de 2015
La Universidad Provincial de Córdoba se formó por ley en abril del 2007, a partir de ocho instituciones que hasta entonces funcionaban como terciarios con títulos de alcance nacional. Recién en el 2014 se obtuvo la aprobación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria y comenzó un proceso de “normalización”. Esto incluye la conformación de las Facultades y modificaciones en la metodología de designación de docentes y en los planes de estudio.
Muchos de estos cambios generaron descontento entre los docentes y estudiantes, que vienen realizando asambleas desde principios de este año. A fines de marzo hicieron una manifestación en Ciudad de las Artes que no tuvo repercusión en los medios de comunicación, en su mayoría alineados con el delasotismo. Ayer la marcha comenzó en la Plaza Colón y se dirigió a la Legislatura Provincial, donde entregaron un petitorio.
Uno de los reclamos más sentidos es por el nombramiento de docentes. Todavía no se ha definido el método de selección, por lo cual las materias que no tienen profesores no se están dictando. En asambleas, los docentes decidieron pedir que se respete el orden de mérito de la convocatoria previa a la acreditación de la CoNEAU y que el método nuevo se implemente recién el próximo año. La rectora de la UPC, Isabel Bohorquez, se negó al pedido. Los profesores denuncian también que no se les respetaría la antigüedad que tienen en los institutos antes de la conformación de la UPC.
Por otro lado, los estudiantes reclaman por mayor presupuesto. En el Instituto Provincial de Educación Física (IPEF), por ejemplo, organizaron una cooperadora para sostener gastos en infraestructura y materiales. A pesar de ser una Universidad pública, hay elementos que sólo pueden adquirir por este medio, con el pago de $1.500 por año. Las autoridades habían anunciado que darían becas académicas, lo cual impulsó a muchos jóvenes a inscribirse. “Las becas se adjudicaron pero la plata no apareció nunca y después la rectora dijo que por ahora no habrá becas. Lo dijo mediante un comunicado, ni siquiera le hemos visto la cara”, declaró un estudiante a La Izquierda Diario. “Por eso también pedimos mayor transparencia en la toma de decisiones, no puede ser que nos enteremos de todo por los diarios”, afirmó.
Tampoco tienen participación en los órganos de gobierno ni en las comisiones de discusión de planes de estudio. Uno de los requisitos para la acreditación de la CoNEAU es tener Centros de Estudiantes, pero en muchos institutos fueron las mismas autoridades quienes designaron las conducciones de los mismos.
En el IPEF sí se realizaron elecciones y es uno de los institutos que más se movilizó ayer. El vicepresidente del Centro de Estudiantes, Franco Balaguer, expresó que "nuestro reclamo se funda en la defensa de la educación de calidad y democrática. Pedimos que se forme un cogobierno antes de que termine el llamado proceso de normalización"
Una política delasotista
Un alumno del Conservatorio de Música manifestó a La Izquierda Diario: “Esto lo armó De la Sota a las apuradas para tener algo que mostrar antes de las elecciones. Imaginate que la decana del Conservatorio es una arquitecta… El área de administración de la Universidad está en una oficina diminuta que nadie conoce. Esto es un escándalo, nos usan a los estudiantes y a los docentes para hacer campaña”.
El petitorio de los estudiantes consiste en cuatro puntos: mayor presupuesto para infraestructura, la formación de un consejo consultivo, participación en el diseño del nuevo plan de estudios y claridad sobre los mecanismos de selección de docentes.
Laura Vilches, legisladora del PTS en el Frente de Izquierda, se movilizó con los estudiantes y los acompañó en la presentación del petitorio, poniendo la banca a disposición. El día de hoy, presentará un pedido de informe para que el gobierno dé cuenta del estado de situación del proceso denominado de "normalización" y responda a las demandas de los estudiantes y los docentes.
