Poder y abuso sexual. Grassi: el pedido de libertad condicional, volver a dar misas y la doble vara de la Iglesia

Julio César Grassi se volvió reconocido durante el menemismo por crear la fundación “Felices los Niños” en la década de 1990. Se volvió conocido vinculándose a los sectores del poder político, empresarial y la farándula, llegando a recaudar para la fundación aportes de Eduardo Duhalde, los Bunge & Born, Amalita Fortabat y Susana Giménez.

Por esos años se lo podía ver en canales de televisión impulsando campañas de donaciones en dinero e inmuebles, que en muchos casos terminaron en las arcas del sacerdote. Bajo la presidencia de Carlos Menem, gracias a su relación con Domingo Cavallo, entonces ministro de Economía, obtuvo un subsidio de cinco millones de dólares y la donación de 65 hectáreas en la localidad de Hurlingham, donde construyó “Felices los Niños”. Estos vínculos con el poder permitieron que las primeras denuncias, que surgieron ya en 1991, fueran desestimadas.

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Pasados 10 años de estar en prisión y al haberse cumplido más de dos tercios del plazo, Grassi solicitó transitar lo que queda de su condena bajo libertad condicional. Según manifiesta, desea irse a vivir en un country y volver a dar misas afuera, práctica que sigue realizando todos los domingos en la unidad penitenciaria donde está recluido. Juan Pablo Gallego, el abogado de la víctima, sostiene que no puede realizar esa solicitud, por lo que plantea el propio Código Penal, ya que se trata de una condena por delito contra la integridad sexual. A dicho argumento agrega la “repercusión negativa” que le generaría a la psiquis de la víctima.

El pedido fue denegado este jueves al mediodía por el Tribunal en lo Criminal N°1 de Morón. El cura deberá cumplir toda su condena en prisión.

Denuncias, juicio y condena

A partir de una investigación de la periodista Miriam Lewin, se conoció el relato de uno de los chicos internados en la fundación que dio su testimonio en la televisión sobre cómo había sido abusado sexualmente por Grassi en 1996 cuando tenía 15 años. Fue llevado a la justicia por 17 hechos en total que involucraron también a otros menores, sin embargo fue condenado solamente por esa denuncia ya que el resto terminaron siendo desestimadas por la Justicia.

En el 2009, el sacerdote fue condenado a 15 años de cárcel. Tuvo el beneficio de la prisión domiciliaria hasta el 2013 en una quinta llamada La Blanquita, ubicada frente a la fundación Felices los Niños, momento en el que la Corte Suprema bonaerense ordenó que sea detenido en Ituzaingó. En el 2017 la Corte Suprema de la Nación confirmó su condena hasta el 30 de mayo del 2028 y terminó siendo trasladado a la Unidad Penitenciaria N°41 de Campana.

La condena fue por “delitos de abuso sexual agravado por resultar sacerdote, encargado de la educación y de la guarda del menor víctima, reiterado en dos hechos, en concurso real entre sí, que a su vez concurren formalmente con corrupción de menores agravada por su condición de encargado de la educación y de la guarda”.

Durante el tiempo que estuvo en prisión Julio Grassi se recibió de abogado, razón por la cual se defenderá a sí mismo el día jueves 22 a las 11 de la mañana, en la audiencia que se realizará en los tribunales de Morón. Mención aparte merece la defensa que tuvo a lo largo de los años, Gallego denunció en su momento que "Grassi no es una persona común, tiene un enorme poder, más de 25 defensores particulares, los estudios jurídicos más importantes del país se unieron para defender a este sujeto".

En paralelo a esta causa, el cura fue también condenado por malversación de fondos provenientes de las donaciones a la fundación. Se llegó a conocer que desviaba parte de esas donaciones, que eran alimentos, hacia la cárcel.

El rol de la Iglesia

Tras los escándalos de corrupción financiera en el Vaticano y el encubrimiento de abusos a escala mundial, el papado de Francisco buscó vender una nueva imagen de la Iglesia católica. Se trata justamente de una cuestión de imagen y discursos, ya que las prácticas de defensa de los curas abusadores se mantienen, tal como ocurrió con el caso del Instituto Antonio Próvolo en Mendoza donde el obispo designado por el Vaticano para investigar fue denunciado por la querella por lo contrario: encubrir.

Christian Federico Von Wernich, Jorge Olivera Ravasi y Julio Cesar Grassi, que está pidiendo su libertad, siguen siendo sacerdotes.

— Myriam Bregman (@myriambregman) August 21, 2024

En nombre de su doctrina la Iglesia católica no titubea a la hora de tomar decisiones y ejecutar castigos. Una de las primeras personas excomulgadas en el 2013 durante el papado de Francisco es un sacerdote australiano que estando suspendido en su cargo realizó de todas maneras “ceremonias de comunión no autorizadas”. Casualidad o no, el cura Greg Reynolds también manifestaba públicamente su apoyo al sacerdocio de mujeres y al matrimonio entre homosexuales. Cuando se trata de mujeres y diversidad sexual la guerra contra la “ideología de género” está a la orden del día.

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Sin embargo, no suele suceder el mismo abordaje cuando surgen casos de condena por abuso sexual. Julio César Grassi aún hoy está habilitado a dar misas lo cual hace cada domingo en el penitenciario, no recibió ninguna sanción. Lo mismo sucede en casos como el del ex capellán de la policía bonaerense Christian Von Wernich, partícipe de 7 asesinatos y 35 casos de secuestros y torturas durante la dictadura cívico, eclesiástica y militar. Tras ser condenado en 2007 por su participación en la dictadura, el Episcopado dirigido por Bergoglio sostuvo que Von Wernich actuó “bajo su responsabilidad personal”. En 2018 organismos de derechos humanos le enviaron una carta al papa Francisco solicitando su expulsión de la Iglesia la cual al día de hoy no tuvo respuesta.

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Durante el proceso judicial contra Grassi en primera instancia Bergoglio, que era el presidente de la Conferencia Episcopal del país, le encargó al abogado penalista Marcelo Sancinetti realizar un análisis propio de la causa. De allí surge una serie de libros editados por la Iglesia bajo el título “Estudios sobre el ‘caso Grassi’” que critican el expediente buscando refutar los relatos de las víctimas y mostrar a Grassi como inocente.

Esas varas selectivas de la Iglesia develan su rol reaccionario, a contramano del supuesto cariz progresista que algunos sectores políticos buscan adjudicarle por estos días. A pesar de toda la protección que envolvió a Grassi, se trató de la la primera denuncia por abuso sexual que involucraba a la Iglesia en llegar a las pantallas de televisión, ganándose el repudio masivo por representar ese entramado de abusos sexuales, impunidad del poder y enriquecimiento ilícito que rodea al mismísimo Vaticano.