TRABAJADORES CRIMINALIZADOS POR LUCHAR. Grave persecución: 35 trabajadores del Transantiago procesados con la Ley de Seguridad Interior del Estado por luchar y defender sus derechos laborales

La Ley de Seguridad Interior del Estado, establece que forman parte de los delitos contra el orden público “los que inciten a destruir, inutilizar, interrumpir o paralizar, o de hecho destruyan, inutilicen, interrumpan o paralicen, instalaciones públicas o privadas de alumbrado, energía eléctrica, de agua potable, gas u otras semejantes”. Esta ley fue invocada contra los trabajadores del transantiago el 5 y 9 de marzo del año 2018, en un contexto en que los trabajadores del transantiago decidieron paralizar los recorridos para resguardar sus condiciones laborales.

“En el año 2018 entre los días 5 y 9 de marzo, todos los sindicatos protrabajadores, San José de San Bernardo, STU Santa Rosa y el sindicato interempresa, en total 35 trabajadores y dirigentes de la empresa, fueron denunciados por la ley de seguridad del estado y se hizo parte el gobierno.”, comenta Patricio Olivares, dirigente del Sindicato de Trabajadores Unidos del Transantiago.

Esta situación provoca que los trabajadores se encuentren impedidos de cumplir sus funciones sindicales debido a un desafuero que busca imponer la empresa controladora. Se trata de la querella en contra de los trabajadores del transantiago, la cual es calificada por Patricio Olivares como un ataque al conjunto de los trabajadores, ya que sienta un precedente criminalizador que incluso podría terminar con cárcel efectiva en contra de estos dirigentes, que lo único que hicieron fue defender consecuentemente los intereses de los trabajadores del transantiago.

La semana del 5 de marzo del 2018 los dirigentes hicieron revisiones de máquina y eso conllevó que perdiera servicios, lo cual significó una multa de la DTPM hacia ellos por no cumplir con los contratos. Patricio Olivares señala que "esta fue una de las razones por las que la empresa interpuso la demanda por ley de seguridad interior del estado en el fondo era una manera de cobrar represalias contra nosotros”.

“Nosotros regularmente hacemos revisiones de máquinas, es nuestra arma de presión ante algún despido o mala gestión de la empresa contra los trabajadores y eso les complicaba sobre todo los días lunes y viernes.”, argumenta Patricio.

“Estas revisiones fueron exigidas por los propios trabajadores y solicitaron a los dirigentes revisar las máquinas. Nosotros teníamos más 3000 máquinas parteadas por el ministerio de transporte por estar en malas condiciones, muchos partes se repetían. Además producto de una grave agresión que sufrió un conductor, con más de 19 puñaladas que lo tuvieron al borde de la muerte, nos movilizamos para exigir una solución y la empresa se comprometió en una mesa tripartita (gobierno, empresa, sindicatos) con hacer instalaciones de cabinas, lo cual nunca cumplió y producto de eso, la asamblea exigió a los dirigentes hacer revisión de máquinas en todos los patios y como eso hizo retrasar los recorridos y sacó a máquinas de recorrido, la empresa respondió exigiendo un desafuero a los dirigentes e invocando la ley de seguridad interior del estado, apoyada por el gobierno de Piñera, quienes respaldaron la demanda. Ellos argumentan que se impidió el normal funcionamiento de la ciudad, impidiendo a la gente que llegara a sus lugares de trabajo etc.”, expresa Patricio.

En el fondo, lo que se hace con esta arremetida empresarial, usando la ley de seguridad del Estado, es criminalizar los métodos de la protesta social, para el gobierno y la empresa fue un delito que los trabajadores impidieran la salida de buses en mal estado que no aseguraban las condiciones mínimas de seguridad para los conductores. Es decir, estamos frente otra ley más al servicio de los grandes empresarios y en contra de la integridad física y moral de los trabajadores, ya que incluso se exponen a cárcel por estos hechos.

“Con esto la empresa dejó atados de manos a nuestros compañeros para cumplir sus funciones sindicales. Inhabilitó a los dirigentes procesados, ya que no pudieron estar presentes en las últimas movilizaciones porque podría ser usado en su contra en los juicios, sin duda es un ataque no solo para los dirigentes sino que para el conjunto del sindicato” comenta el dirigente.

Patricio nos comenta su preocupación por los sindicatos afectados, a pesar de que tienen argumentos legales para enfrentar las querellas, plantea también estar mejor preparados. El dirigente plantea que hicieron una denuncia a la inspección del trabajo por descuentos indebidos y "la inspección del trabajo falló a favor de los dirigentes, la empresa tuvo que devolver ese descuento”.

Esto último es un punto a favor, sin embargo la historia reciente nos demuestra que no podemos confiar en los tribunales de justicia de este Estado heredado de la dictadura, los cuales mantienen por ejemplo a cientos de compañeros presos por salir a luchar durante la rebelión y en la más absoluta impunidad los responsables políticos y materiales de toda la represión.

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Debido a este grave y peligroso ataque, es urgente rodear de solidaridad activa a los compañeros perseguidos. Los grandes organismos sindicales, como el Colegio de Profesores, la CUT y Coordinadoras como No Más AFP, deben levantar una gran movilización nacional que enfrente la represión y criminalización hacia los trabajadores.

Defender los derechos de l@s trabajador@s no es delito

A pesar de que la empresa no tiene un sustento legal para llevar la querella hasta las últimas consecuencias, este ataque marca un precedente para el conjunto de los trabajadores que busquen movilizarse o emprender acciones en defensa de sus derechos ante los abusos patronales,

No podemos tolerar que se criminalice a los trabajadores que salen a luchar, sin duda es una forma de amedrentamiento, es un acto de castigo ejemplificador en el cual el gobierno se hace parte respaldando a la empresa privada, lo cual también demuestra el carácter pro empresarial de este gobierno criminal.

Piñera viene con una ofensiva represiva y criminalizadora de la protesta social, ya aprobó con los votos de la “oposición parlamentaria” la ley anti barricadas y la ley de infraestructura crítica, el mismo gobierno que manda a reprimir las recuperaciones de territorio a los mapuche, que gasea y golpea a las mujeres cuando salen a luchar, que balea a la juventud, que desaloja las tomas de terreno dejando a cientos de familias en la calle, ese mismo gobierno el que está buscado atacar a los y las trabajadoras que luchan, como los trabajadores de transantiago o los portuarios de valparaíso que protagonizaron la rebelión portuaria de 39 en diciembre del 2018 quienes también vienen siendo perseguidos por querellas criminales en su contra.

Esto a largo plazo no puede resolverse en un tribunal, ya que es un problema político que amerita la mayor unidad y solidaridad del conjunto de los y las trabajadoras, las mujeres, pobladores y la juventud. Estos ataques no lo podemos tolerar más, hacemos un llamado a solidarizar y a denunciar esta situación que aqueja a los compañeros, ya que así como hoy son ellos mañana puede ser cualquier trabajador o trabajadora que se disponga a luchar.

¡Absolución para los trabajadores del Transantiago perseguidos por la ley de seguridad interior del Estado!