En medio de recortes y privatizaciones a los servicios públicos, CCOO, CSIF, CSIT y UGT firman un acuerdo, con la Comunidad de Madrid que incluye una cláusula que restringe el derecho a protestar para los trabajadores públicos de la región afiliados a esos sindicatos.
Lunes 16 de diciembre de 2024
Este pasado viernes 13, el periódico digital Público, publico el contenido en exclusiva, del convenio colectivo del 2025-2028 para el personal laboral de la Comunidad de Madrid, firmado el pasado 10 de diciembre, entre el Gobierno Regional de Madrid, presidido por el PP de Ayuso, y los sindicatos CCOO, CSIF, CSIT y UGT. Aunque todavía no está vigente, al no estar publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), todas las partes lo han avalado públicamente.
Este convenio es muy importante, porque recoge las condiciones laborales y salariales de todo el Personal laboral al servicio de la administración madrileña para los próximos 4 años. Nos referimos a toda la parte de la plantilla que no es funcionaria contratada por la administración pública madrileña, desde técnicos judiciales, de cocina, gestores de emergencias del 112, educadores o auxiliares administrativos, entre otros.
Prohibición de la protesta y el derecho a huelga
Lo más grave de este convenio, es lo recogido en el artículo 10 de mismo. Este vincula el cumplimento de la totalidad de los acuerdos incluidos en él, al compromiso de los sindicatos firmantes de “no promover (...) huelgas, concentraciones, manifestaciones, campañas o cualquier otra medida de conflicto colectivo que tengan como finalidad o como efecto, directos o indirectos, la modificación de lo acordado” de sus propios afiliados.
No sólo se comprometen a no protestar las organizaciones firmantes de ese pacto, sino que, si lo hacen, serán duramente sancionados, ya que este mismo articulo dice claramente que: “De producirse un incumplimiento de lo anterior (...) la Administración podrá acordar la suspensión de la implantación de la carrera profesional horizontal, incluida la interrupción de sus efectos retributivos, en tanto se mantenga aquel”.
El sindicato CGT denuncia esta medida como algo inédito y nunca visto. Este sindicato ha sido excluido de las negociaciones de este convenio, al no tener representación sindical suficiente para estar en la Mesa paritaria, es decir, no ser de aquellos que tienen representación en comités de todas las consejerías de la Comunidad de Madrid. A pesar de las trabas burocráticas para la negociación, señala que este acuerdo podría restringir el derecho a la protesta de estos trabajadores, tal y como recoge el artículo 4 de derechos del Estatuto de los Trabajadores. También contradice el título 5 de la ley orgánica de libertad sindical, firmada en 1985.
Además, como también denuncia CGT, el convenio recoge otros artículos, que suponen un recorte en las condiciones laborales, como es la eliminación del plus de peligrosidad de los trabajadores de sectores con mayor riesgo, como el sanitario o asistencial.
Un paso “de gigante” y gravísimo en la adaptación de la burocracia sindical
Llevamos décadas viendo como la adaptación de la burocracia sindical al sistema y a los diferentes gobiernos capitalistas es cada vez más descarada . En el Estado español, llevan casi 14 años sin convocar una huelga general: Lo que sí que hacen, es avalar nuevas Reformas Laborales, ya sea con los gobiernos del PP o del PSOE y sus socios de izquierdas (Podemos, Sumar e IU) , que facilitan el despido a través de nuevos mecanismos, dejan la edad de jubilación en los 67 años o empeoran las condiciones laborales y salariales de la clase trabajadora.
La burocracia sindical de los sindicatos firmantes quiere prohibir a sus propias bases, lo que es la esencia y la razón de ser de un sindicato: la protesta. Esta medida es un ejemplo brutal del carácter de la burocracia sindical: un agente al servicio de los capitalistas y sus gobiernos dentro de las organizaciones obreras. Acuerdos como éstos son un servicio leal de las burocracias de CCOO, UGT, CISF y CSIT a un gobierno esquilmador de los servicios públicos, como es el de Ayuso, que pretende dejar totalmente desamparados a sus afiliados y afiliadas. Es decir, un derecho básico como el de la huelga y la protesta, que tantos años de sangre, lucha y esfuerzo, costó conseguir, queda por debajo de un “compromiso a no hacer ruido” de estos sindicatos, reforzado con amenazas de sanciones.
Sin embargo, esta última medida pactada, no sólo muestra su papel a la hora de contener la protesta, sino que se comprometen a impedir el derecho a la protesta de sus afiliados en el sector público ante el gobierno de Ayuso que lo viene desmantelando y privatizando. Un gobierno que se ha destacado en recortar y privatizar en la educación y sanidad pública sobre décadas de ataques, incluyendo el empeoramiento de las condiciones laborales y el aumento de la subcontratación.
Si el aparato legal actual ya permitía mantener atados a los trabajadores públicos con la implantación de servicios mínimos abusivos, esta medida agrava de forma inédita el aumento de las restricciones y cortapisas a la protesta.
Luchemos desde la base con esta burocracia sindical “traidora” y “vendida”
Este acuerdo es una entrega de los afiliados y afiliadas del sector público de CCOO, UGT, CSIF y CSIT de manos atadas a la maquinaria trituradora de los servicios públicos que es el Gobierno de Ayuso. Por una parte, estos ataques son posibles apoyándose en las leyes privatizadoras estatales que el gobierno de PSOE-Sumar mantiene, como la ley 15/1997 de habilitación de nuevas formas de gestión del sistema sanitario. Pero también es un ataque directo al resto de plantilla del sector público: con las restricciones a la protesta de la afiliación de los sindicatos más grandes en el sector se multiplican las dificultades para conseguir victorias o defenderse de ataques de la plantilla que no está sindicada o que está afiliada a CGT y otros sindicatos de la izquierda sindical.
Es una medida “mordaza” que deben enfrentar las bases de los sindicatos que la pactaron, pero también debe contar con la unidad del resto de la plantilla para tumbarla. Combatir estas restricciones y a la burocracia sindical que las firmas es clave para poder enfrentar los planes de ajuste con un plan de lucha en unidad.
El ejemplo de “Menos Lectivas” en Madrid que el curso pasado y este, ha impulsado, organizando en cada centro educativo asambleas unitarias, luchando contra estos mismos dirigentes de estos sindicatos que han firmado este “pacto de la vergüenza” es una muestra de lo que se puede hacer. De esta forma, el curso pasado y este, consiguieron organizar, varias jornadas de protesta y de huelga.
Otro ejemplo de esta lucha en la Comunidad de Madrid lo vienen protagonizando cientos de vecinas, vecinos, usuarias y trabajadoras del Hospital 12 de octubre de Madrid que se concentraron frente al nuevo centro hospitalario para decir no a las privatizaciones que se están llevando a cabo con el nuevo traslado y para denunciar las condiciones de precariedad de sus trabajadoras.
Es clave enfrentar acuerdos contra el derecho a la protesta como éste y a la burocracia sindical que los firmas con gobiernos ajustadores. Pero también se trata de defender el derecho a la protesta para pasar a un plan de lucha contra las privatizaciones y la degradación de lo público, por el acceso universal a los servicios públicos, medidas como la internalización de todo el personal subcontratado y estabilización de las plantillas, el reparto de horas de trabajo o la subida salarial conforme al IPC real y cláusula de revisión salarial indexada al IPC. Este tipo de medidas van unidas al fin de todos los conciertos y externalizaciones, pasándose a una única red pública y el aumento de la financiación de los servicios públicos mediante la imposición de impuestos progresivos y extraordinarios a las grandes fortunas.
Para hacer frente a los ataques al derecho a la protesta y pelear por medidas como éstas, nos tenemos que organizar desde abajo, en cada centro y lugar de trabajo, para evitar que esta “casta sindical” sigan actuando de “vende obreros y obreras”. Impulsando la unidad y la autoorganización de las plantillas y usuarios, buscando la coordinación de las movilizaciones que se dan actualmente, desde la sanidad, la educación o los sectores de lo público que llevan décadas externalizándose y degradando el servicio y las condiciones laborales.
Jorge Remacha
Nació en Zaragoza en 1996. Historiador y docente de Educación Secundaria. Milita en la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) del Estado Español.
