En conversaciones con La Izquierda Diario, el dirigente de la FENATS Carlos Van Buren, Aron Neira, se refirió a las suspensiones efectuadas por parte de la administración del hospital, tras denunciar la situación crítica vivida en la morgue, y que se viralizó a través de redes sociales.
Sábado 3 de abril de 2021
Sencillamente indignante. La dirección administrativa del Hospital Carlos Van Buren (HCVB), ha comenzado una insólita persecución política en contra de sus trabajadores y trabajadoras, por el sólo hecho de manifestarse en contra las paupérrimas condiciones en las que se encuentran durante casi un año trabajando, y las constantes amenazas y acciones en contra del personal hospitalario.
En conversación con La Izquierda Diario, el dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (FENATS) HCVB, Aron Neira, se refirió la gravedad de la situación, como también al accionar persecutorio por parte de la administración del hospital en contra de sus trabajadoras y trabajadores.
Remontando al inicio de los hechos, Neira se refirió primeramente a la grave situación sanitaria, con el colapso de la morgue del hospital, y la reacción de las autoridades.
“Luego del colapso de la morgue del hospital Van Buren, el domingo 28 de marzo, en el que se ven nueve cadáveres con COVID19 positivo apilados en un pasillo, me llegan imágenes a través de redes sociales sobre lo ocurrido en el hospital, por lo que comparto su difusión. Y al día siguiente, el lunes 29 de marzo, se acercan los medios de prensa buscando una cuña sobre lo ocurrido, por lo que al transformarse esto en un escándalo público, inmediatamente el día lunes 29, se mueven las autoridades de Valparaíso” señala el dirigente sindical. Además agrega “Se mueve el SEREMI, el intendente, y llama a traer unos containers, uno de 20 pies, y el otro de 60 pies, para poder subsanar el problema, sin embargo no contaban con la capacidad para ser utilizados inmediatamente, al hacerse necesaria una instalación, teniendo el personal de mantención que trabajar en esto”.
A su vez, de acuerdo a lo manifestado por Neira, inmediatamente después de hacerse pública la situación crítica vivida al interior del hospital, y tras tomar medidas por parte de la autoridad, comienzan una serie de ataques hacia el personal, donde incluso un trabajador llama a Neira, señalándole que se le había notificado desde la jefatura, que al hacerse la denuncia en prensa, le cortan su contrato de suplencia, siendo que por ley de encasillamiento se le permite pasar a contrata directa.
Y es frente la agravante en contra del trabajador, y una serie de exigencias requeridas por las y los trabajadores de mantención, se reúnen para poder organizar una movilización indefinida, hasta que el director se abriera a hablar con los trabajadores, en una mesa de negociación para resolver estos problemas.
“Nosotros tomamos la decisión de movilizarnos para regularizar la situación del compañero al que se le terminó el contrato, y por una serie de temas concernientes a la unidad, como poder conformar definitivamente un cuarto turno, como dice la ley, y con las asignaciones correspondientes, ya que llevamos 6 años con este mismo problema, incluso habiendo un sumario por parte de contraloría por mal manejo de los turnos de mantención”.
Sobre la movilización y la persecución política
Sin embargo, luego de la movilización, Neira, manifiesta que comienza una enorme persecución política en contra de los trabajadores movilizados, quienes hoy se han visto directamente afectados a través de las medidas tomadas por el ejecutivo del hospital.
“Viendo todas estas dificultades, nos llamamos a movilización, dejando turnos éticos, tanto en carpintería, electricidad y gafitería para que estando en pandemia el hospital no quedara sin trabajadores, y poder movilizarnos. Desde aquí comenzó una persecución política al interior del hospital. El jefe amenazó con no respetar mi fuero sindical, amenazó con terminar con el cuarto turno, entre un seguidilla de cosas” señala el dirigente.
Además agrega “Y lamentablemente termina todo esto con la notificación de un sumario administrativo, es que la fiscal que ya tiene un antecedente de tener un maltrato con los funcionarios, en los otros puestos de trabajo que ella tenía. Y si esto no fuera poco, se da la facultad de tomar medida de suspensión de funciones en contra de los trabajadores movilizados, y además da órdenes al jefe de los guardias, para que trate con la empresa externa de seguridad, y prohíba la entrada de los trabajadores a partir del día viernes. Incluso el doctor Cancino que es el ex director del hospital da declaraciones en las que nos trata de criminales, por lo que inmediatamente levantamos un comunicado”.
Una clara línea de privatización
Por último Neira se refirió al intento de privatización con la que ciertos ejecutivos han tratado de intervenir en el hospital, quedando demostrado con la posibilidad de incorporar a personal externo, a partir de las suspensiones efectuadas.
“La única intención de toda esta serie de seguidillas en persecución, y maltrato a la obra de funcionarios y dirigentes, ha sido con el fin de poder privatizar mantención. Incluso el subdirector administrativo, ya había tenido la intención de privatizar la central de alimentación, que por una movilización interna, se logró detener esto. Pero como yo soy quien destapó la olla, hoy no le tembló la mano en llamar a privatizar la unidad, donde incluso enviaron un comunicado señalando que la unidad se privatiza, porque el personal está con una medida cautelar de cese de funciones, esto sabiendo que significa un mayor gasto para el hospital” manifestó el dirigente de la FENATS HCVB.
Esta situación solo da cuenta del discurso hipócrita con el que el gobierno durante toda la pandemia del COVID19 se ha lavado la boca aplaudiendo a las trabajadoras y trabajadores de la salud, pero aplica medidas persecutorias en contra de quienes visibilizan la enorme crisis sanitaria en la que nos encontramos.
Resulta por tanto fundamental la mayor solidaridad con las y los trabajadores de la salud del Hospital Carlos Van Buren, quienes denuncian las paupérrimas condiciones en las que se encuentran trabajando, siendo perseguidos y castigados.
