El Servicio Penitenciario Federal propone que los represores vayan a sus casas o usen tobillera electrónica. Otro gesto en busca de impunidad.
Miércoles 7 de marzo de 2018
Foto: Enfoque Rojo
El gobierno nacional busca dar otro paso en el camino de la impunidad para los genocidas que participaron en la última dictadura. En este caso lo hace pidiendo la prisión domiciliaria para casi un centenar de ellos.
El argumento –absolutamente insólito- del oficialismo es la sobrepoblación en las cárceles. Es en ese marco que desde el Servicio Penitenciario Federal se envió un listado con los nombres de 1.111 internos a jueces penales solicitando estas medidas.
El listado fue enviado, a fines de enero, al Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias. Según diversas fuentes periodísticas, entre los jueces el pedido del gobierno nacional no cayó bien.
El increíble argumento del gobierno busca permitir la prisión domiciliaria para genocidas que cumplieron roles centrales en la última dictadura. En la lista de beneficiados por la decisión del gobierno de Macri figuran, entre otros, Jorge "El Tigre" Acosta, jefe de un Grupo de tareas de la ESMA; Julio "el Turco Julián" Simón, ex agente de la Policía Federal; Carlos Capdevilla, Antonio Pernías y Adolfo Donda, los tres también de la ESMA, Ernesto “Nabo” Barreiro, que estuvo en La Perla (Córdoba) y el ex agente de inteligencia Raúl Guglielminetti, entre otros.
El gobierno de Cambiemos, desde el momento mismo de su asunción, buscó avanzar en un camino de impunidad para los represores. Dividido en su interior entre un ala claramente negacionista del genocidio y otra que postulaba la vuelta a llamada Teoría de los dos demonios, su objetivo fue siempre mayor impunidad.
Ese impulso político había encontrado un resultado en el fallo de la Corte Suprema de Justicia otorgando el beneficio del 2x1 al genocida Luis Muiña. Esa decisión recibió un masivo repudio en las calles y a nivel social y obligó al mismo gobierno a tener que diferenciarse.
En ese camino de mayor impunidad es que ahora pretende avanzar el oficialismo de la mano de esta resolución.
Hipocresía y política represiva
Al mismo tiempo, el argumento del gobierno resulta profundamente cínico. En octubre del año pasado, un informe de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) daba cuenta del constante aumento de las personas privadas de su libertad.
En el mismo se señalaba que la población carcelaria había crecido en casi 700 personas desde finales del año anterior. El crecimiento, entre el mes de agosto de ese año y el mismo mes del año anterior, superaba el 10 %.
Además, según el mismo informe un 59 % de las personas detenidas no tenía sentencia firme. Es decir, más de la mitad.
Los números ponen en evidencia que el crecimiento de la población carcelaria -siguiendo una tendencia que ya existía bajo el kirchnerismo- aumenta por la política represiva del gobierno.
Se trata del mismo poder político que, hace semanas nada más, ensalzó el accionar del policía Luis Chocobar, que asesinó por la espalda al joven Pablo Kukoc, en un claro caso de gatillo fácil.
