En la noche del pasado domingo se registró un hecho grave en el Instituto San Martín ubicado en el barrio porteño de Flores.
Miércoles 31 de mayo de 2017 10:58
Este incidente, vuelve a poner en evidencia que el encierro y las condiciones de los “dispositivos” de privación de la libertad (cárceles para niños, niñas y adolescentes infractores y presuntos infractores a la ley penal) no garantizan el respeto por los DDHH de los jóvenes allí detenidos, ni baja los índices de delincuencia, ni reduce la reincidencia.
Dada la opacidad que rodea a estos centros de encierro, la información pública brindada por las autoridades del Instituto San Martín, deja más dudas que certezas. Aparentemente se habría producido un incidente que derivó en la fuga de tres internos y del que resultaron heridos al menos un joven y un guardia de seguridad.
Sin embargo, fuentes internas hablan de al menos siete jóvenes fugados y de hechos de violencia sobre los detenidos perpetrados por personal de seguridad. Vale aclarar que si bien el personal de seguridad no está armado, su impronta es la del servicio penitenciario. La plantilla de seguridad ha sido incrementada en el último año y su salario es el doble del salario promedio del resto de los trabajadores de estos dispositivos.
De la Nación a la Ciudad, un traspaso muy cuestionado
Recordemos, además, que esta institución carcelaria está actualmente bajo la órbita del Consejo de los Derechos de niñas, niños y adolescentes de la CABA (CDNNYA), cuyo traspaso desde la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) fuera criticado por muchos especialistas y por los propios trabajadores de ambos organismos.
El principal fundamento para aquella oposición reside en que, el CDNNYA es justamente quién debería velar por el respeto de los DDHH de niños, niñas y adolescentes en el ámbito de la Ciudad. Que el mismo organismo de control sea el que “gestiona” los centros de reclusión aparece como una contradicción evidente hasta para quienes no son expertos en la materia.
Sin datos se reprime mejor
El Estado capitalista, garante de la desigualdad, no cuenta con estadísticas confiables que permitan un abordaje más informado sobre la situación de los niños y jóvenes presos, o de aquellos que, por distintas vías, ingresaron a lo que se conoce como el “túnel” del sistema penal juvenil.
La falta de información no es una falencia, ni un error, ni una deficiencia. Es una política de Estado que tiende a invisibilizar las violaciones a los DDHH que el mismo Estado comete sobre un sujeto social que considera peligroso.
En consonancia con esa política de opacidad, el CDNNYA no ha brindado información pública sobre la cantidad de jóvenes en conflicto con la ley penal que están bajo su custodia y cuidado. Poco y nada se sabe sobre las condiciones de los llamados dispositivos, los recursos presupuestarios destinados a su atención, los planes de mejora, las alternativas institucionales al encierro y un largo etcétera.
Ningún pibe nace chorro
Los estándares internacionales vigentes en materia penal juvenil suscriptos por Argentina, imponen a los Estados aplicar “como última ratio” la medida privativa de la libertad. Y esto se debe a que las medidas de encierro no conducen, bajo ninguna circunstancia, a una posible reinserción social exitosa.
La cárcel somete al individuo a condiciones de encierro que vulneran su dignidad y lo envuelven en un clima de absoluta violencia. El encarcelamiento supone una socialización negativa que profundiza el deterioro de la subjetividad del prisionero. Si esto es válido para un adulto no hace falta señalar lo devastador que puede resultar para un niño o niña de 16 años, o de menos edad.
Todo el combo de medios de comunicación, políticos oportunistas y reaccionarios de todo pelaje que impulsan las medidas de mano dura se fundan en la ignorancia más ramplona. Los estudios científicos, desarrollados en distintas partes del mundo, coinciden en que, la privación de la libertad como castigo no sirve para reducir los índices de delincuencia ni para prevenir la reincidencia.
El Estado garantiza la desigualdad y criminaliza la pobreza
Ser joven y pobre en esta Argentina de la desigualdad es una doble condición que expone a amplias franjas de nuestra sociedad al disciplinamiento, la represión y el castigo.
El Estado sigue enviando a los jóvenes pobres a la cárcel, profundizando una clara política de criminalización de la pobreza.
