Nuevamente, la provincia que encabeza los índices de violencia de género, niega el acceso a la ILE a una niña víctima de violación. Como ocurriera en 2019 con una niña de San Pedro, esta vez la niña, también de 12 años, es de la localidad de Monterrico. Fuerte repudio del movimiento de mujeres.
Valentina Schatz @valen.schatz Estudiante de Comunicación Social - UNJu
Lunes 30 de noviembre de 2020 15:58
Nuevamente nos escandalizamos al enterarnos que la provincia que en 2019 negó la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a una niña y la obligó a parir, hoy repite la historia con una niña de 12 años, de la localidad de Monterrico, sometida a continuar un embarazo gemelar y a parir vía una intervención por microcesárea.
En los últimos días se conoció que una niña de 12 años que fuera sometida a explotación sexual por parte de su madre, y quedando embarazada fruto de violaciones reiteradas, nuevamente fue sometida por el propio Estado provincial a una situación de vulneración de derechos. Las autoridades provinciales no han brindado información sobre la actuación ante el caso, sin embargo la Red de Profesionales por el Derecho al Decidir denuncia en un comunicado que "El Ministerio de Salud provincial repitió una vez más las mismas estrategias de dilación, obstaculización y vulneración en el acceso a la ILE como lo fue con la situación de público conocimiento de la niña de San Pedro en enero de 2019, a quien se le realizó la misma práctica".
La ILE está prevista en nuestro país desde 1921 en el Artículo 86 del Código Penal que habilita el aborto legal por determinadas causales, entre ellas los embarazos producto de violación. Además el fallo FAL de la Corte Suprema, al cual la provincia de Jujuy ha adherido, y también la vigencia de un protocolo de actuación ante embarazos de niñas y adolescentes en la provincia, elaborado en conjunto por el Ministerio de Salud de Jujuy y UNICEF. Sin embargo, el Ministerio de Salud a cargo del oscurantista Gustavo Bohuid, la Justicia provincial, y los hospitales siguen negando este derecho elemental y recrudecen el calvario sufrido por niñas víctimas de violación imponiendo la continuidad de la gestación.
Los datos del Ministerio de Salud de Jujuy, indican que, hasta septiembre, hubo 685 embarazos adolescentes, de las cuales 20 niñas entre 10 y 14 años cursaron embarazos no deseados producto de violaciones y abusos sexuales. En Jujuy no solo que no se garantiza ILE, tampoco ESI laica, científica con perspectiva de género en educación y salud afectando brutalmente los derechos de niñas y mujeres, lo cual es responsabilidad del Estado y el Gobierno de Morales.
La aplicación de la ley de Educación Sexual Integral en todo el territorio nacional no puede seguir postergándose. El protocolo para la interrupción legal del embarazo es una herramienta fundamental, los antiderechos, iglesias y gobiernos, quieren imponer sus convicciones morales y religiosas tiene como consecuencia directa el deterioro de la salud e incluso puede llevar a la pérdida de la vida de estas niñas.
Niñas no madres
La realidad de niñas siendo madres no puede ser naturalizada. Es necesaria la implementación efectiva de la ESI con perspectiva de género en todos los niveles educativos, y mucho más en épocas de pandemia.
La responsabilidad de que efectivamente niñas, niños y adolescentes accedan a estos derechos es de los Gobiernos, nacional y provinciales. Eso significa que se destine presupuesto a su implementación, como también a la provisión de métodos anticonceptivos en salitas y hospitales.
La provincia donde se tortura a niñas obligándolas a parir, continúa siendo escenario de la lucha en contra de las fuerzas políticas que atacan a las mujeres, como Morales, y los dinosaurios que intentan negar el acceso a la ILE, desconociendo que el aborto es un asunto de salud pública y no de moral, ni valores religiosos. Queda claro que los derechos de las mujeres no pueden ser piezas de cambio, y que las mujeres no nos podemos resignar a esperar. Por eso exigimos la correcta aplicación de la ILE, la inmediata separación del Estado y las Iglesias y la inmediata legalización del derecho al aborto.
