Una investigación periodística y una denuncia de la Comisión por la Memoria obligaron al Poder Judicial a intervenir contra los dueños de ese centro de “rehabilitación” y contra la Dirección de Niñez de Santa Fe.
Jueves 6 de julio de 2017
Foto Pilar a Diario
Primero fue un libro, que a pesar de la gravedad de lo que denunciaba tuvo escasa repercusión mediática. Ahora tomó el caso la Comisión Provincial por la Memoria, que pidió el cierre de la institución terapéutica San Camilo por haber comprobado “torturas y malos tratos”, al tiempo que la justicia ya tiene imputados a sus directivos y dueños. Tres muertos, y 17 menores rosarinos derivados allí por la Dirección de Niñez de la provincia de Santa Fe, algunos con consumo problemático de sustancias y otro no, que tuvieron que ser “rescatados”.
Según relató Pablo Galfré, autor de La Comunidad: viaje al abismo de una granja de rehabilitación (Sudestada), dos de esos menores se escaparon, a otros los fueron a buscar sus madres y el resto salió de San Camilo el lunes pasado. “Uno estaba apuñalado en el pie, otro tenía sarna y un tercero fue abusado sexualmente, fue una deportación, por pobres y negros los mandaron a un manicomio, que es lo que es San Camilo”, enfatizó. “Yo pasé tres días y tres noches en IRAR, ahí estaba mejor que en San Camilo”, dijo uno de los jóvenes rescatados. Según escribió Martín Stoianovich en Enredando.org.ar, el IRAR, cárcel de menores maquillada con el nombre de instituto de recuperación, es el peor depósito de pibes que tiene el Estado provincial.
La fiscal Guillermina Aiello investiga una denuncia penal contra la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia de Santa Fe y la comunidad terapéutica San Camilo, de Buenos Aires. La presentación fue realizada por familiares de jóvenes alojados en esa institución, que hablan de “torturas y violaciones de derechos”. Desde la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud, que acompaña a las familias, indicaron a Rosario12 que Débora y Claudia son las madres de dos chicos que fueron enviados por la Dirección a ese establecimiento en el marco de medidas excepcionales. “Mi hijo es víctima de sobremedicación, aislamiento y encierros prolongados”, expresó una de las mujeres, en la presentación ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA)
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) ya había pedido el cierre de la granja terapéutica San Camilo, ubicada en Derqui, al asegurar que luego de recorrer el lugar “se constató la existencia de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra 60 jóvenes y adultos con padecimiento mental”, además de tomarse conocimiento también de un caso de “abuso sexual contra un adolescente de 14 años”, según informó el organismo.
Por otro lado, el 9 de junio el fiscal Jorge Nocheti, titular de la UFI 4 de Pilar, imputó a Martín Iribarne y a su esposa, Victoria Bonorino, directores y dueños de San Camilo, por el homicidio culposo de Saulo Rojas, un joven que apareció muerto allí en 2015 mientras estaba en la “celda de contención”, como llamaban a ese lugar de encierro. Tenía un cinturón en el cuello, aunque la causa aún no confirmó que haya sido un suicidio.
Durante la presentación del libro de Galfre, la madre de Saulo hizo un relato desgarrador, que fue publicado en el portal Pilar de Todos. “A mi hijo me lo mataron, me lo mataron de a poco”, repitió Miriam Lucero con lágrimas en los ojos. En esa oportunidad estuvo junto a otros familiares de jóvenes fallecidos e internados en comunidades similares. “Mi hijo entró a San Camilo con una esperanza y con un sueño. Él era diabético, insulino dependiente. Llegamos allí desde Mendoza después de una lucha de largos años para hallar un lugar que no necesariamente tenía que ser de internación”.
Saulo llegó a San Camilo porque fue la única institución, de muchas, que prometió enfermeros, terapeutas, médicos y todo lo necesario para ayudarlo. “Llegué con mi hijo, y al instante nos separaron. A mí me mostraron las instalaciones y cuando me quise despedir de Saulo no me dejaron ni siquiera darle un beso. Una vez que entran ya no pueden salir, me dijeron”, recordó Miriam.
A Saulo querían trasladarlo a la sede que San Camilo tenía en pleno centro de Del Viso. Un lugar mucho más duro que el de Derqui. Al no querer acceder, Saulo terminó encerrado en lo que esa comunidad denominó “la celda de contención”. Sus últimas horas las pasó allí, en una habitación de 16 metros cuadrados con un colchón húmedo tirado en el piso. Y ahí apareció con un cinturón atado al cuello. “Todo esto sucede a raíz de los malos tratos y el hostigamiento que recibió durante años, sumado a un cuadro de depresión. Nadie estuvo ahí para cuidarlo, sino para castigarlo”, explicó Galfré.
Miriam agregó que los dueños del lugar retiraron el cuerpo envuelto en una frazada y ellos mismos lo trasladaron hacia una morgue. “No era un chico violento, y lo encerraron como si fuera una persona terrorífica, sufrió palizas, así quedó demostrado en su autopsia, y hasta le habían fracturado la clavícula”, completó la mujer. “No pido venganza, sólo quiero una sentencia ejemplificadora que marque un antes y un después”, cerró Miriam.
No sabe, no responde
Sergio Rey, director médico de la Fundación San Camilo, y Alejandro Jacinto, ex director terapéutico, fueron imputados por el fiscal Jorge Nocheti, titular de la UFI 4 de Pilar, por el homicidio culposo de Saulo. Yamil Castro Bianchi, abogado de la madre de Saulo e integrante del Grupo de Litigio Estratégico que encabeza Adrián Albor, solicitó a su vez al fiscal Nocheti que requiera al juzgado de Garantías 6 la detención de Martín Iribarne y Victoria Bonorino, directores y dueños de San Camilo. La justicia no pudo dar con el paradero de ambos para notificarlos formalmente del delito hasta hace pocos días. Los cuatro imputados serán llamados a prestar declaración indagatoria.
En tanto, el Municipio de Pilar también se pronunció y adelantó que pedirá que la justicia intervenga y allane la granja terapéutica San Camilo. El titular de la Dirección de Lucha contra las Adicciones, Daniel Agostino, dijo que la institución no le abrió las puertas al ente de control que interviene en este tipo de granjas.
Según la causa judicial, a la que Galfré tuvo acceso, Saulo Rojas se habría suicidado en una “habitación de unos 16 metros cuadrados, observándose en el interior de la misma un solo colchón el cual se encuentra sobre el piso. La misma posee una puerta acceso de chapa y una ventana de aluminio con rejas de metal, sin hojas ni vidrio, encontrándose en etapa de construcción con piso de cemento alisado, paredes a medio revocar”.
Según el periodista, los dueños y directores de San Camilo también son responsables de la muerte de Felipe Mariñansky, un hombre de 44 años que padecía HIV, leucemia, retraso madurativo y falleció en un Hospital de Evita del conurbano, también en junio de 2013, víctima de los malos tratos que recibió durante años en la fundación.
Pero ésas no son las únicas muertes dudosas que se denuncian en La comunidad. Matías Lamorte, un marplatense treintañero, falleció el 31 de mayo de 2015 en la Fundación San Antonio, actualmente dirigida por uno de los imputados del homicidio de Rojas, víctima de un edema pulmonar. Según los testigos que declararon en la UFI 3 de Pilar, sus últimas palabras fueron “me ahogo, me ahogo”.
El libro es el resultado de una investigación sobre las llamadas “comunidades terapéuticas” o granjas de rehabilitación, que detrás de sus intenciones de recuperación de jóvenes con problemas de adicción ocultan un negocio millonario y una larga lista de estafadores, vinculados estrechamente con obras sociales, prepagas y sectores del Poder Judicial.
Escribió Pablo Galfré en el prólogo: “Hace tiempo que investigo este mundo donde nada es lo que parece. Donde todo es mentira. Durante un año y medio entrevisté a consumidores y abusadores varios. Entrevisté a padres, ex empleados y psicólogos que corroboraron los pormenores de las historias. Hablé con otros que se creen prohombres en una lucha ficticia contra las drogas pero que en realidad encarnan lo peor de este sistema. Señores capitalistas. Esnifadores de la droga más letal: la plusvalía.”
* Artículo publicado originalmente en Ojos Vendados
