Los detenidos durante la cacería de la noche del ayer fueron imputados por resistencia a la autoridad e intimidación pública. Un delito que agrava la criminalización de la protesta.
Gloria Pagés @Gloria_Pages
Sábado 2 de septiembre de 2017 20:35
Los treinta detenidos siguen alojados en cuatro comisarías de la Ciudad de Buenos Aires y mañana a las 8 hs serán trasladados a Comodoro Py para prestar declaración indagatoria.
Es grave que los detenidos, jóvenes en su mayoría, periodistas y al menos un docente y un estudiante de Filosofía y Letras, permanezcan incomunicados y que no se haya podido constatar por parte de los organismos de derechos humanos, su estado de salud. La represión en la que se usaron gases de una potencia inusitada, además de golpes, patadas y bastonazos, provocaron lesiones graves en las personas detenidas.
Hay una compañera en el Hospital Santa Lucía con riesgo de perder un ojo y se sabe que detenidos tienen heridas de balas de goma. Ninguno de todos ellos pudo ser visto por sus familiares, amigos o compañeros. Todo esto por disposición del juez Marcelo Martínez de Giorgi sobre quien recayó la causa, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal nro 5.
A los detenidos luego de la salvaje cacería les imputa, además de “atentando y resistencia a la autoridad”, el delito de “intimidación pública”. Los videos e imágenes que han circulado por redes sociales y algunos canales de televisión dan cuenta que la Policía detuvo a mansalva a todo el que se les cruzara.
“Un delito que sin dudas endurece más todavía la política de criminalización de la protesta social”, señaló Paolo Zaniratto, abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH). Integrantes de ese organismo, junto a miembros de Correpi y numerosas organizaciones, se encuentran presentes en las comisarías poniéndose a disposición de los detenidos.
Se trata de una figura que claramente es utilizada en este caso para aumentar las penas, a sabiendas de que de ninguna manera los manifestantes realizaron ninguna acción de intimidación pública sino que fueron víctimas de una cacería bestial montada luego de una provocación gubernamental.
Esto ya fue aplicado con anterioridad en las últimas represiones como el 28 de junio durante una protesta que ocurría en la Av. 9 de julio.
“Es muy grave porque las personas permanecen incomunicadas, no puedan puedan hablar ni siquiera con sus familiares; se trata de una medida arbitraria, totalmente desproporcionada ya que todos vimos como fue la cacería de anoche”, señaló el letrado del CeProDH.
Que se haya adelantado para mañana la declaración indagatoria, es un logro de la conferencia de prensa de hoy al mediodía y de la presencia en las comisarías de organismos de derechos humanos, de periodistas de medios alternativos que fueron heridos y tres de ellos detenidos, de organizaciones sociales y políticas.
