CRISIS EN EL BLOQUE GOLPISTA. Grosera administración de los bienes del Estado por parte de Áñez y sus ministros

Mientras el sistema sanitario en nuestro país comienza a verse rebasado por la cantidad de contagios por coronavirus, especialmente en el departamento de Santa Cruz donde se registran ya 1.318 casos y 52 decesos, Áñez tuvo que dedicar su semana a intentar apagar los fuegos que comenzaron a proliferarse por su manejo estatal. La situación de crisis está provocando un aumento geométrico en el malestar en sectores del espectro golpista que la pusieron en el poder y que hoy empiezan a incomodarse y querer separarse. Lo vimos recién con declaraciones de Carlos Mesa repudiando la falta de información en el manejo de la pandemia.

El lunes salió a luz la noticia de 2 casos escandalosos de tráfico de influencias y uso indebido de bienes del Estado. Por un lado, se supo que la diputada tarijeña, Ginna Torres, viajó junto a su hijo en un avión de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) a La Paz, donde se supone que debía sesionar en la asamblea, pero finalmente no lo hizo y, por el contrario, terminó asistiendo al cumpleaños de la hija de Áñez.

Ginna Torres declaró ser muy amiga de Áñez, lo cual no es de sorprender ya que ambas representan a un espectro político conservador, ultra-religioso y anti derechos. No debemos olvidar que fue Torres quien el año pasado presentó, junto a Horacio Poppe, dos aberrantes proyectos de ley que pretendían anular por completo la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. Y recientemente fue ella la que gestionó el uso de un helicóptero para que pastores evangélicos realicen oraciones desde el "cielo", lo que costó alrededor de 11.500 dólares al Estado, según la investigación hecha por el periódico Verdad con Tinta.

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Por lo tanto, no solo que se hizo uso indebido de recursos del Estado, sino que hay un claro tráfico de influencias que beneficia al círculo de amistades de la autoproclamada presidenta. Por otro lado, no debemos olvidar el trato que recibió hace poco la ex alcaldesa de Vinto que fue violentamente apresada junto con sus hijos por celebrar su cumpleaños en su casa, que contrasta con la impunidad de la que gozan los allegados a Áñez, en una muestra de hipocresía sin par que encubre una feroz persecución política a los opositores y el uso arbitrario de los bienes del Estado.

En la misma línea, se supo que otro avión de la FAB fue utilizado para trasladar a Yaracobi Shiraishi, ex miss Rurrenabaque, que se dirigió a La Paz en compañía del ministro de la Presidencia, Yerko Núñez.

Es decir, que mientras cientos de personas se encuentran imposibilitadas de volver a sus hogares, aún a pie, como fue el caso de las y los migrantes que retuvieron en condiciones ultra precarias en campamentos de Pisiga, Áñez y su gabinete junto a su círculo de privilegiados gozan de derechos que les son negados al pueblo trabajador.

En ambos casos se trató de justificar estos favores alegando “razones humanitarias” por motivos de salud, y es justamente esa “humanidad” de la que carece Áñez mientras llama a oración y ayuno cuando en los hechos condena al ayuno forzado porque las condiciones de vida se recrudecen día a día para el pueblo que no puede salir a trabajar. Esto es así porque el Gobierno apuesta a la cuarentena militarizada casi como única salida y lo hace criminalizando la pobreza y el hambre.

La gravedad de la situación sigue desnudándose con brutalidad cada día que pasa. Lo vimos con los suicidios por desesperación y hambre, que en el país ya cobró la vida de 3 personas.

Los autonombrados se atreven a hablar de salvaguardar la salud de Torres y Shiraishi, mientras los hospitales están al borde del colapso por falta de pruebas, respiradores, camillas e insumos sanitarios. Vemos cómo una prueba de COVID-19 puede llegar luego del deceso de un contagiado, como sucedió en Tarija donde la confirmación del virus llegó a un infectado de Yacuiba luego de su cremación. Sumado a esto, hasta la fecha continúan las denuncias de que los equipos y laboratorios anunciados no llegan.

Todo esto sucede mientras el Gobierno financia vuelos express para algunos y las pruebas de coronavirus viajan por tierra desde los departamentos de la periferia y tardan hasta 8 días en ser devueltas, como es el caso de Tarija.

A todo esto debemos añadir que pese al instructivo decretado por el ministro de Salud, Marcelo Navajas, de que no se podía realizar pruebas a nadie, a menos que se encuentre con sintomatología activa de COVID-19, Áñez declaró en un tweet que la esposa del ministro de Defensa había sido diagnosticada con coronavirus pese a ser asintomática.

Mi solidaridad con Katya, esposa del ministro de Defensa @Ferlopezjulio1 y con su familia. Katya ha dado positivo a la prueba de coronavirus. Ella no presenta síntomas. Rezamos por su salud y la de todos los bolivianos.

— Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) May 5, 2020

Es decir, que se niega la aplicación de los test masivos para la mayoría de la gente, mientras que nuevamente los privilegios de algunos salen a relucir, ¿o cómo se explica que se haya violado flagrantemente el instructivo del ministerio sin que haya ninguna acción legal hasta el momento? Esto devela que la restricción a los tests no es solamente un tema de si se puede o no conseguirlo, sino una cuestión política que devela cuáles son los verdaderos intereses de este Gobierno.

El director del SEDES de Santa Cruz, Oscar Urenda, denunció que el sistema sanitario del departamento está al borde de la catástrofe y responsabiliza al Gobierno, ya que, hasta el momento, no ha cumplido con la dotación de ítems y respiradores para los hospitales. En la conferencia de prensa que realizó, Urenda hizo duras críticas al Gobierno por su falta de responsabilidad al no cumplir con lo estipulado, sin embargo, esta fue censurada en su transmisión, como denunció El Deber. Es decir, trataron de acallar las denuncias que realizó Urenda.

Otra muestra de la crisis del llamado Gobierno transitorio se expresa en el cambio repentino, no sólo del ministro de Salud ya hace algunas semanas, sino más recientemente de otros 2 ministros, de Minería y Desarrollo Productivo. Entre las nuevas autoridades nombradas se encuentra el representante de la agroindustria, Óscar Ortiz, ocupando a partir de hoy la cartera de Desarrollo Productivo.

En este escenario se hace urgente que las organizaciones sindicales, vecinales, campesinas, indígenas y las comunidades se organicen y exijan de manera inmediata la provisión de insumos y de test masivos, pero también la exigencia de prohibición de despidos así como la exigencia de un salario de cuarentena, y no migajas, que cubra las necesidades básicas como la canasta familiar.