A punto de cumplirse cinco meses de la irrupción de la Policía en San Francisco Xochicuautla y del derrumbe de casas a pesar de la suspensión del decreto expropiatorio que tenía a su favor la comunidad otomí, Grupo Higa, responsable de estos atropellos en complicidad con el gobierno federal, rechazó atender a la comisión de la ONU encargada de dar seguimiento al caso.
Nancy Cázares @nancynan.cazares
Jueves 8 de septiembre de 2016
Este miércoles, la Organización de las Naciones Unidas, por medio de su oficina de información, ofreció una conferencia de prensa con la finalidad de hacer un recuento de los resultados preliminares de su visita a México, iniciada desde el 29 de agosto. El informe fue en torno a la labor empresarial en distintas comunidades de México y sus repercusiones en los derechos humanos.
Durante los diez días que duraron los trabajos, los expertos de la ONU sostuvieron reuniones con funcionarios, empresarios y representantes de la sociedad civil. Los casos sobre los cuales trabajaron fueron la contaminación en Jalisco, el río Sonora, el parque eólico en Oaxaca y la carretera Toluca-Naucalpan.
Con respecto al caso de San Francisco Xochicuautla, comunidad otomí del Estado de México en lucha desde 2007 contra la construcción del complejo carretero que conectaría el Aeropuerto de Toluca con Naucalpan, la ONU dio cuenta de las vicisitudes que enfrentaron para contrastar información. Por un lado, la comunidad indígena herida, con sus casas arrasadas y sus bosques sagrados en peligro y, por el otro, un Grupo Higa impune, amparado por la amistad entre su dueño, Armando Hinojosa Cantú con el gris Enrique Peña Nieto, que se negó a atender el llamado del equipo de trabajo de la ONU.
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Tampoco pudieron reunirse con autoridades del Estado de México, quienes han permitido que a pesar del amparo ganado por la comunidad en donde se ordena suspender la construcción, los trabajos de Grupo Higa continúen.
Mientras el organismo internacional señaló “deficiencias” en los mecanismos de consulta, construcción de confianza y diálogo, los pobladores están por cumplir diez años enfrentándose a la rapacidad empresarial que violenta su vida y su cultura. Durante la conferencia de prensa, los expertos lamentaron las alianzas entre los empresarios y los políticos, así como “el flajelo de la corrupción” y el asesinato y desaparición de defensores de derechos humanos en México.
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Durante el informe, también se mencionó el caso de Carmen Aristegui y de nueva cuenta se relució el nombre de Grupo Higa, quienes estuvieran implicados en la construcción y financiamiento de la “Casa Blanca” de EPN y Angélica Rivera, investigación que le valiera a la periodista y a su equipo represalias a distintos niveles.
Se prevé que el informe final de la ONU esté listo en un lapso de tres a cuatro meses. Será presentado en la 35 sesión del Consejo de Derechos Humanos, a realizarse en junio de 2017 en Suiza.
