El programa “En la Mira” de Chilevisión, entrevistó a un ex carabinero, Samuel Vidal, que comentó lo que muchos sabían: la complicidad entre policías, empresarios y dictadura para la represión y violación de los derechos humanos.
Natalia Cruces Santiago de Chile
Sábado 22 de agosto de 2015
La “Masacre de Laja” se conoce a la matanza de 19 trabajadores que fueron asesinados el 18 de septiembre de 1973, tras el golpe de estado cívico-militar, a manos de un grupo de carabineros y más tarde sus restos fueron inhumados en un fundo para intentar ocultar los hechos.
Samuel Vidal, uno de los carabineros implicados en el caso, señaló algo que muchas personas ya habían denunciado: la complicidad de empresarios y civiles en la represión. En el testimonio de Vidal, contó como las personas cercanas a la Unidad Popular y militancia de izquierda fueron detenidos y posteriormente fusilados para ser arrojados más tarde a una fosa común. Parte de los nombres fueron entregados por empresarios de la zona, entre ellos del grupo Matte.
Vidal denunció el pacto de silencio ya que, según señaló, fueron amenazados indicándoles que si hablaban, sus familias pagarían o ellos mismos. El teniente a cargo era Alberto Fernández Michell, también estaban los suboficiales Evaristo Garcés Rubilar y Pedro Rodríguez Ceballos. Entre los detenidos había un grupo de trabajadores de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), de la familia Matte, quiénes fueron entregados por encargados de la planta y el jefe de personal, entre ellos Carlos Ferrer y Humberto Garrido.
Los detenidos durante esos días fueron Juan de Dios Villarroel, Jack Gutiérrez (MAPU), Heraldo Muñoz (PS), Federico Riquelme; Alfonso Macaya (regidor), Wilson Muñoz y Fernando Grandón, trabajadores de CMPC; Luis Alberto Araneda, trabajador de Ferrocarriles y dirigente sindical, también militante del PS; Juan Antonio Acuña, Dirigente de Ferrocarriles, Dagoberto Garfias de 23 años, Mario Jara de 21 años y Raúl Urra de 23 años, trabajadores de CMPC; Jorge Zorrilla de 25 años y Jorge Lamana, que era director del Sindicato Industrial de la CPCM Manuel Becerra del MIR, Luis Armando Ulloa (PC). Además fueron llevados detenidos Juan Carlos Jara de 17 años y Rubén Campos, quien dirigía una escuela. Más tarde fueron llevados a un fundo, guiados por Peter Wilkens y fusilados. Según informa Samuel Vidal, fueron amenazados de compartir la suerte de los detenidos en caso de hablar. Pocos días después fue detenido Luis Saez, también del MAPU y asesinado, cerca del lugar.
En la misma época, agricultores locales avisaron a la justicia de que encontraron restos de cuerpos, sin embargo no se hizo nada, lo que permitió a carabineros remover los cuerpos y trasladarlos al cementerio. Desde el año 2010 la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos buscó reabrir la causa. A partir de eso, se avanzó un poco en conocer los hechos, procesando a 11 carabineros por el caso, aunque aún no hay ningún detenido. También los familiares acusan a jueces y comisarios de no haber hecho nada, entre ellos la jueza Egnem hoy en la Corte Suprema. También en el año 1980 otro juez se declaró incompetente y pasó el caso a justicia militar, impidiendo que siguiera investigándose.
En la actualidad, el juez Aldana además de los procesamientos citó a declarar al empresario Roberto Izquierdo Menéndez, del área forestal que fue entre otras cosas presidente de la Sociedad Nacional de Pesca, director de Marinos S.A., vicepresidente del Diario Financiero y otros cargos.
No es la primera vez que se denuncia la complicidad entre los militares, civiles y empresarios. Esto, porque claramente el golpe de Estado tuvo un fuerte contenido de clase anti obrero, que benefició a los empresarios.
Declaración de Samuel Vidal: http://ciperchile.cl/wp-content/uploads/declaracion-samuel-vidal.pdf
Foto: Radio Santa María
