Militarización. Guardia Nacional opera sin observatorio dictado por Corte Interamericana

En el 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó una sentencia por la brutal represión y tortura sexual vivida en San Salvador Atenco en 2006 por parte de la Policía Federal (PF), en esta el organismo internacional determinó lo que todos sabíamos, lo ocurrido hace 12 años había sido un crimen de Estado.

Parte de la sentencia contemplaba que el gobierno mexicano tendría que conformar un observatorio independiente que monitoree el actuar de la Guardia Nacional que ahora agrupa a las fuerzas armadas entre ellas la PF, a la fecha no hay ni ruta para la construcción de éste.

Aún así el gobierno de la 4T decretó en las últimas semanas el despliegue de más de 150 mil elementos de la GN ahora en coordinación con la Secretaría de Marina y la Secretaría de Defensa quienes asumen funciones de seguridad pública, el supuesto objetivo: pacificar el país y hacer frente a la pandemia.

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El gobierno mexicano tiene un plazo de seis meses para cumplir con la conformación del observatorio independiente, que en este caso es más que una recomendación, pero no parece estar preocupado al respecto. Esto no es casual, pues como lo ha dejado claro desde su toma de posesión, AMLO defiende que el ejército mexicano es un “ejército del pueblo y revolucionario”, nada más contrario que la realidad.

El decreto del 11 de mayo en el que se dicta la militarización del país hasta el 27 de marzo del 2024, es violatorio hasta de la propia constitución mexicana, pues tanto la el Ejército, la Marina como la SEDENA constitucionalmente tendrían que funcionar únicamente para la defensa nacional, no para cumplir funciones de seguridad pública.

Pero esto no es lo más grave, con el discurso -que excede los límites de la contradicción- de militarizar el país para desmilitarizarlo, la 4T le da una perfecta continuidad a la supuesta Guerra contra el Narco iniciada en el sexenio de Calderón y perpetuada por Peña Nieto, a quien en 2014 se le abrió una profunda crisis por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa a manos de la policía municipal y con la participación del propio Ejército.

El despliegue militar que ha logrado AMLO, del que tanto reniega el PAN -otra escena surreal- es en realidad aquello que tanto éste como el PRI soñaron siempre pero no pudieron aplicar pues sabían que implicaría una confrontación abierta con amplios sectores que a carne propia conocimos las consecuencias de la militarización, como los más de 60 mil desaparecidos, 250 mil muertos y las cientos de fosas comunes que seguimos encontrando.

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Dentro de la sentencia de la CIDH del 2018, dicho organismo internacional también dicta la capacitación de la seguridad estatal y federal para garantizar la no repetición de la tortura ni la violencia sexual. Pero esto es una fantasía de la justicia burguesa, no importa qué tanta perspectiva de género tengan los militares y los policías, su función es mantener el orden sin importar el costo. La policía podrá estar capacitada para no torturar sexualmente, eso no le impide estar coludida con las redes de trata.

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Si bien es alarmante que a dos años del lanzamiento de la Guardia Nacional, no existe organismo alguno que lo monitoree, la existencia de un observatorio está lejos de ser la solución al problema. Lo que es urgente es la disolución de la Guardia Nacional, de la Marina y de todos los cuerpos policiacos. ¿En qué cabeza cabe que en medio de una pandemia donde los médicos no tienen ni cubrebocas, lo que hace falta es invertir más presupuesto a las fuerzas armadas?

Todo el dinero destinado a la militarización del país debe dirigirse para el abastecimiento de los hospitales y clínicas, del país, a aumentar los salarios de los trabajadores de la salud, reducirles las jornadas y así contratar a más personal, con los millones de pesos destinados a la represión se debe garantizar que todos y todas tengamos acceso a la salud.