A raíz de las recientes manifestaciones, tanto de normalistas como de docentes indígenas en las comunidades de Tiripetío y Caltzontzin, distintas corporaciones policiacas arremetieron contra quienes reclaman derecho al trabajo, a poder elegir a sus representantes y por la no reducción de la matrícula.
Miércoles 2 de febrero de 2022
El asedio contra las normales rurales continúa, inclusive en este sexenio y como cada año, una vez más los gobiernos local y federal incumplieron los acuerdos llevados adelante en recientes mesas de diálogo con normalistas de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga. Según denuncian los propios estudiantes, las mesas de diálogo llevadas hace más de un mes y las minutas firmadas por el gobierno local han sido incumplidas en la publicación de convocatoria de inscripción con el recorte a la matrícula de la escuela normal rural.
Ante el avance de la política de liquidación de la normal rural por parte del gobierno, las y los estudiantes normalistas realizaron una protesta por el incumplimiento de dichos acuerdos, cortando el tramo de la carretera Pátzcuaro – Morelia durante el pasado martes, a lo cual el Estado respondió con el envío de cientos de policías locales y estatales, obligando al repliegue de la protesta y el retiro del bloqueo carretero sin dar respuesta favorable -hasta el momento de cierre de esta nota- a las demandas que también incluyen la no reducción del monto y cantidad de becas completas que se otorgan a los normalistas rurales.
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Al mismo tiempo que se mantenía la represión contra los normalistas de Tiripetío, en la comunidad indígena de Caltzontzin, ubicada a las afueras de la Ciudad de Uruapan, normalistas egresados a quienes se les ha negado el derecho al trabajo, así como integrantes del Sector IX de Educación Indígena de la CNTE, realizaron una protesta por la fraudulenta elección de funcionarios de la Dirección General de Educación Indígena (DGEI), la cual suele nombrarse a través de usos y costumbres, según denuncian los docentes de la Coordinadora en la entidad que no fueron tomados en cuenta para este proceso.
Para evitar que los docentes y egresadxs normalistas tomaran las vías del tren que pasan por la comunidad indígena, los gobiernos estatal y federal, a petición también de las cámaras empresariales de la región, enviaron destacamentos de la Guardia Nacional, así como de la policía estatal a reprimir cualquier intento de corte de vialidad férrea, lo cual derivó en una represión conjunta de estas corporaciones policiacas contra el magisterio disidente. A través de redes sociales denunciaron la represión, así como las y los docentes heridos por el actuar de la Guardia Nacional, que desde su creación ha funcionado como brazo represivo contra migrantes centroamericanos y ahora contra manifestantes.
A través de su página de Facebook, los representantes del Sector IX de Educación Indígena anunciaron que durante el día de ayer se instalaría la mesa de diálogo con la Secretaria de Gobernación para resolver la problemática, sin embargo, parte del conflicto inicial que denuncian maestros y normalistas en ambos casos es que las autoridades suelen incumplir los acuerdos que pactan durante estas mesas, lo cual muestra la nula disposición para resolver las demandas del magisterio y el normalismo. Entonces, ¿cómo podríamos responder frente a esta cerrazón?
Independencia política de los trabajadores para enfrentar el ajuste a la educación
La represión y la política del gobierno en el terreno educativo responde a los ajustes que éste realiza en los sectores mas vulnerables, como ya demostró con el recorte a los presupuestos estatales y la falta de pago a docentes de estas nóminas locales en distintos estados. Así mismo las trabas cada vez más elaboradas para el ingreso y promoción docente a través de un organismo intermediario y burocrático como lo es USICAMM, quienes ahora recibirán mayor presupuesto, que para este año por ejemplo aumentará 395.72% con respecto al anterior.
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Frente a un ataque de esta envergadura, las y los trabajadores así como la juventud precarizada por estas políticas tenemos el desafío de marcar nuestra independencia política, lo que implica no depositar ninguna confianza en las “alternativas institucionales”, pues si bien tenemos el derecho de ser escuchados y nuestras demandas atendidas por las autoridades, éstas han demostrado una y otra vez que su orientación es ajustar a la población y los servicios públicos como educación y salud, en beneficio de la ganancia capitalista.
Por ello, desde la Agrupación Nuestra Clase opinamos que para imponer nuestras demandas y arrancarles nuestros derechos es necesaria la más amplia movilización unitaria. Consideramos que la CNTE puede jugar un papel importante en ese sentido a partir de la unidad que se apuesta a impulsar con diversas organizaciones y sindicatos, pero esto a condición de no seguir confiando en que con la reapertura de las mesas de diálogo con el gobierno se resolverán las demandas, sino en la fuerza organizada del magisterio y la clase trabajadora de conjunto.
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