PANDEMIA Y VIVIENDA. Guernica: 4 mentiras que seguro te dijeron sobre la lucha de las familias por vivienda

El déficit habitacional en Argentina afecta a más de 3 millones de familias. La lucha de Guernica por el acceso a la vivienda, es un caso testigo que muestra un problema estructural profundo que atraviesa al país.

A continuación, desmitificamos algunas de las versiones más comunes y menos fundamentadas que reproducen los medios masivos y representantes de todo el arco político, para deslegitimar el reclamo de las familias obreras y populares por su derecho a la vivienda digna.

1- Las tierras tienen dueño:

Los medios masivos, así como funcionarios y funcionarias de todo rango y color - desde el presidente, el poder judicial, hasta la intendenta Blanca Cantero - sostienen que la recuperación de tierras de Guernica es "ilegal" porque esos predios "tienen dueño". ¿Esto está demostrado?

"El Código Penal establece que se configura la usurpación cuando alguien despoja a otro de la tenencia o posesión de un inmueble. Eso supone que quien lo reclama se dice dueño y para ello debe acreditarlo con el título, la escritura pública que está a su nombre. En la causa, por lo menos que tenga la defensa acceso, no está acompañada dicha documentación. Solo un plano, que no es un título", sostiene Laura Taffetani, de la Fundación Pelota de Trapo y miembro de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas que patrocina a niños y niñas que están con familias en Guernica.

2- Hay que respetar la propiedad privada:

En relación a lo anterior, otro argumento normalmente repetido es que "hay que respetar la propiedad privada". ¿Sin embargo, hay que poner este derecho ante todo?

"La realidad es que el acceso a la vivienda, como derecho constitucional, es impedido por otro derecho consagrado en la Constitución que es el derecho de propiedad: ’Artículo 17.- La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley’. Pese a que ambos son derechos consagrados vale decir que, para el régimen social imperante, y su personal político, la propiedad privada de la tierra es la que se impone sobre el derecho a la vivienda", sostiene Facundo Aguirre, en un artículo recientemente publicado en este diario.

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"Las familias de Guernica y otros lugares requieren el ejercicio de su derecho reconocido constitucionalmente a una vivienda digna y a un hábitat adecuado. Este derecho humano está reconocido por el artículo 14 bis y mediante la incorporación de los tratados internacionales de Derechos Humanos. Estos preceptos chocan abiertamente con el discurso de la llamada ’meritocracia’ que instalan desde algunos sectores políticos o comunicacionales y que repercute en la opinión pública. Ni el ordenamiento legal ni el Derecho son neutros", asegura Matías Aufieri, abogado miembro del CeProDH y militante del PTS.

"La ley se aplica atendiendo la lógica del negocio inmobiliario, que maliciosamente busca instalarse con carácter de ‘sentido común’, o se respetan realmente los derechos fundamentales que responden a las necesidades más acuciantes, reconocidos incluso por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de rango constitucional", agrega Aufieri.

3- Son todos vagos que quieren todo gratis:

En primer lugar, además de ser una mirada absolutamente estigmatizante sobre las familias obreras y populares, no tiene ningún tipo de sustento en la realidad. Partiendo por el hecho de que las mismas familias que yacen en el predio sostienen que no quieren nada "gratis", que estarían dispuestas a pagar por esa tierra pero necesitan trabajo y planes de pago adecuados a su realidad.

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En segundo lugar, si el derecho a la vivienda es un derecho humano básico como la salud y la educación, precisamente debería ser gratis. Algo tan fundamental como tener un lugar donde guarecerse y proyectar la vida no debería estar sujeto a la posibilidad de pagar por ello. Una medida que podría tomarse es la declaración de interés público de los terrenos, la implementación de un plan de obras públicas para la construcción de las viviendas que hacen falta y urbanizar los barrios populares.

Esto podría hacerse en base a un verdadero impuesto a las grandes fortunas, como el que presentó el diputado por el PTS - Frente de Izquierda Unidad, Nicolás del Caño en el Congreso. Los recursos también podrían surgir del no pago a la deuda externa. "Con lo que está estipulado en el Presupuesto 2021 de pago de intereses la deuda se podría multiplicar tres veces el presupuesto de vivienda y urbanismo, algo tan necesario hoy para muchas familias", sostuvo el referente de la izquierda este martes en el Congreso ante el ministro de Economía, Martín Guzmán.

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Cuando hablamos de números "como hoy que se hizo público el 13 % de desocupación o Unicef que planteó que para fin de año habrá 8 millones de niños bajo la línea de pobreza, son números que después cobran cuerpo en la realidad cotidiana de los seres humanos", sostiene Taffetani. "En la experiencia del trabajo con las familias y de niños y niñas, cuando tienen otro horizonte, cuando tienen la posibilidad de construir un proyecto de vida diferente, por supuesto que se abrazan hacia ese proyecto. Y la vivienda es un eje central. Pero bueno no se liga esto con que si alguien pierde un trabajo, pierde su vivienda, pierde su posibilidad de continuar y que la vivienda es lo más básico", agrega.

4- El que quiere casa, puede:

En teoría, el Estado garantiza que toda persona acceda al cumplimiento de sus derechos a través de políticas públicas, como la ley de alquileres, los planes Procrear o los créditos UVA.

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"En el marco de la actual crisis social, económica, y sanitaria millones pasaron a situación de pobreza o indigencia. Carecen por completo de la posibilidad de pagar un alquiler, incluso de una habitación para toda una familia como hacían antes. Esto también se ha tornado inalcanzable para millones de personas adultas y jóvenes que se encuentran en la desocupación o en la informalidad”, señala Aufieri.

Hoy para cualquiera alquilar solo es una odisea, ni hablar con niñes. Son muchos los requisitos, entre los que están recibos de trabajo registrado a los que trabajadores informales no acceden, así como muchas garantías.

Según Taffetani el acceso a la vivienda propia es un privilegio y "cualquiera que haya intentado acceder a los créditos que se han dado en distintos planes puede advertirlo. Las políticas habitacionales en relación a los distintos programas que se fueron dando para familias o para radicación de villas más empobrecidas, han sido muy insuficientes".

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"Los medios de comunicación social hoy en general son grandes empresas y están al servicio de los intereses de sus dueños. Van a reproducir lo que ellos consideran necesario para volcar la opinión pública hacia un pensamiento que defienda esos intereses. Con respecto a los funcionarios públicos de un Estado como el que estuvimos describiendo, es lo mismo, cuidan lo propio. Son fieles servidores de los dueños del Poder. [...] La gente que no tiene trabajo, no puede. No hay propuesta que se haga que dependa del ingreso de alguien que no tiene trabajo, esto es así de simple", sentencia la abogada.

"Creo que hay que trabajar otra idea, que implica tomar un compromiso fuerte por otro tipo de sociedad que no es la que tenemos y es una sociedad en la que no haya unos pocos privilegiados a costa de la mayoría. La propiedad privada juega un rol muy fuerte en este modelo económico y social que se plantea porque justamente se justifica la desigualdad en base a que la gente no lo merece", analiza Taffetani.