Derecho a la vivienda. Guernica: una acción coordinada entre Kicillof, Berni y la Justicia derechista

Desde las 5 de la mañana del jueves comenzaron a saturarse los terrenos descampados de Guernica con miles y miles de efectivos policiales, con el objetivo de desalojar violentamente a las familias que se instalaron a falta de un hogar, de un lugar para vivir. Ayer habían naufragado las negociaciones por una sencilla razón: el gobierno no podía ni siquiera escribir dónde vivirían las familias de manera definitiva, en cuánto tiempo podrían instalarse en los supuestos terrenos definitivos y donde pasarían los largos meses transitorios. Básicamente nada.

Previsiblemente, con el impacto brutal de las imágenes de la represión, las casillas quemadas, los palos contra las familias desalojadas, así como la de la valerosa resistencia de vecinos y jóvenes en Guernica, y mientras las principales cadenas de noticias hacían un coro con voz única, comenzaron a escucharse voces de funcionarios y de periodistas oficialistas que comenzaron a responsabilizar a la Justicia por el accionar de hoy.

Efectivamente, la Justicia, plagada de funcionarios duhaldistas, macristas o incluso de la dictadura, es tan rápida para atacar a los sectores populares que luchan por sus derechos, como esquiva a cuestionar las ilegalidades en las que incurren permanentemente los ricos y poderosos. Pero en Guernica no actuaron por cuenta propia, lo hicieron en tándem con el gobierno de Kicillof, Larroque y Berni.

En primer lugar, el gobierno se apoyó en la amenaza de desalojo del Juez Marín Rizzo y el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, a pedido de los especuladores inmobiliarios, para que penda como espada de Damocles en una negociación en la que, valga la paradoja, no negociaban ninguna resolución aceptable para las familias. Las “postergaciones” del desalojo, tenían la música de fondo de los helicópterios de Berni que pasaban rasantes sobre las casillas apostadas en el terreno. Las amenazas de vehiculizar, finalmente, la represión, fueron usadas para doblegar a las familias y a las organizaciones para que acepten las migajas que ofrecía Larroque. El papel de la orden del Juez se apoyaba en las itakas de la Policía de Kicillof. Ahí hubo un equipo.

Hoy la ministra de gobierno bonaerense Teresa García buscó en diferentes medios dejar en claro que fue la Justicia la que determinó el desalojo: que fue una decisión judicial y no gubernamental. Algunos periodistas apostados en medios oficialistas sugirieron lo mismo.

Pero no. La casta judicial, aristocrática, privilegiada y clasista, actuó defendiendo los mismos intereses que el gobierno que se jacta de progresista. En defensa de los intereses de los empresarios y los especuladores, de espalda a las familias que pelean por vivienda. Y con palos, claro.