Familias trabajadoras ocupan terrenos para construir su propio hogar. El Municipio, un Country y la Policía Bonaerense buscan desalojarlos.
Miércoles 5 de agosto de 2020 13:36
imágen German Romeo Pena (ANRed).
En medio de la pandemia por el Covid-19 y la profundización de la gran crisis social y sanitaria, con miles de desempleados nuevos, recortes salariales, profundización de la pobreza, hacinamiento, trabajadores contagiados de coronavirus y la falta de medidas sanitarias y económicas para paliar esta situación, alrededor de 2.000 familias tomaron la decisión de organizarse y ocupar los terrenos que se encontraban desocupados y abandonados en los barrios San Martín, Numancia Sur y Numancia, que abarcan aproximadamente unas 100 hectáreas.
Las familias están compuestas por trabajadores precarizados que van desde changarines, costureras, peones, albañiles, trabajadores temporales, salud, maestranza, entre otros. Pero también de mujeres víctimas de violencia de género que se quedaron en la calle, personas con discapacidades y niños. Sus pobres salarios y condición laboral no les permiten acceder a una vivienda, y al conocer la situación de estos terrenos deshabitados, decidieron organizarse para ocuparlos y construir su propia vivienda.
Las familias se organizan en asambleas para decidir los pasos a seguir y ya diagramaron un plan para urbanizar y construir cuatro barrios nuevos, con plazas, escuelas y salitas de primeros auxilios. Las mismas pusieron el plan a disposición de la Intendencia de Blanca Cantero y se mostraron predispuestos a hablar. Pero denuncian que desde la Municipalidad constantemente los vienen hostigando, persiguiendo y maltratando para que dejen la toma, utilizando a la Policía Bonaerense, quienes los maltratan, los interceptan para que no puedan ingresar sus pertenencias a los predios, los detienen inventándoles supuestas causas, los violentan físicamente, y con la excusa de un supuesto censo poblacional juntaron datos de las familias que luego usaron para abrirles causas penales a 600 personas.
Recién ahora se conoce que esos terrenos aparentemente pertenecen a un negocio inmobiliario de la firma Bellaco S.A, quienes habrían adquirido unas 350 hectáreas para la construcción de un complejo deportivo y habitacional relacionado al Country y Club San Cirano. Además, denuncian que otro sector del amplio predio, los distintos intendentes les habrían firmado títulos de posesión a personas cercanas que ahora reclaman ser los propietarios, pero que antes de la toma los tenían en un total abandono.
La intendencia ante el crecimiento demográfico y poblacional parece estar más preocupada en cumplir y defender el negocio inmobiliario para la construcción de un exclusivo country de lujo, con lagos artificiales y al que solo puede acceder un pequeño grupo de personas con un alto poder adquisitivo y que seguramente sean propietarios de más de una casa. Mientras, la mayor parte de la población no puede acceder a una vivienda propia y no se planifica la construcción de barrios populares para que las familias trabajadoras puedan tener su propio hogar.
El gobierno local y los supuestos propietarios buscan desalojar la ocupación de terrenos, por lo que se encuentra judicializado. Por ahora el juzgado de garantías número 8 de Cañuelas fijó una cautelar de no innovar por 30 días, lo que impide a las fuerzas represivas a desalojar y reprimir por ese tiempo. Las familias organizadas ya se están asesorando para reclamar por su derecho a la vivienda e impedir la violencia policial. Muchos ante el miedo existente de que los puedan desalojar o quitar su parcela de tierra se quedan a dormir en pleno invierno con las bajas temperaturas.
Responsabilizamos a el Gobernador Kicillof, Berni, la Intendenta Blanca Cantero y a la Policía Bonaerense por la integridad física de las familias que se encuentran en el predio.
La crisis social y habitacional no es nueva
Hace años que las políticas de los distintos gobiernos marginan a gran parte de la población a la pobreza, la desocupación y a trabajos precarios. A esto se le suma un fuerte déficit habitacional, combinado por una alta densidad poblacional en el Conurbano Bonaerense, pero también a una gran cantidad de viviendas desocupadas por sus altos costos y los negocios inmobiliarios que hay detrás de la construcción de torres, edificios y countries de lujo. Además, existen amplios terrenos desocupado en todo el país, pero se encuentra en manos de unos pocos terratenientes locales y extranjeros que los exprimen para el agronegocio, la exportación de materias primas y la concentración de ganancias que también se llevan al exterior.
Acceder a una vivienda digna es un derecho del que se encuentra privado gran parte de la población. Los salarios son muy bajos, mientras que, la vivienda y la renta inmobiliaria son cada vez más caras y están tazadas en dólares. Los más afectados ante esta realidad son las familias trabajadoras, los jóvenes precarizados y los desocupados, que viven en carne propia la imposibilidad de poder acceder a un terreno y a una vivienda, por lo que deben recurrir a un alquiler que también se hace muy difícil de afrontar, ya que los costos llegan a ser de la mitad de un salario promedio, y sin contar el costo de los servicios que también se encuentran con tarifas dolarizadas.
La situación social es crítica, veníamos de una fuerte crisis por las políticas neoliberales del gobierno de Macri y Cambiemos, quienes tomaron una gran deuda con el Fondo Monetaria Internacional, en una maniobra ilegal, ilegitima y fraudulenta. Esta crisis se profundizo ahora con la pandemia del Covid-19.
Por su parte el gobierno de Alberto Fernández y el Frente de Todos sigue negociando y convalidando esa estafa sin siquiera investigar la maniobra ilegal que hizo la gestión anterior. Inclusive el gobierno en medio de la pandemia desembolso $350.000.000 en pagos de deuda, y ahora festeja haber llegado a un acuerdo con los especuladores y fondos buitres que estafaron al pueblo trabajador.
Muchos trabajadores, jóvenes y jubilados votaron a Alberto Fernández buscando sacar al gobierno de Mauricio Macri y mejorar su situación económica. Pero, en lo que va del gobierno del Frente de Todos, aunque se muestre con un rostro más “humano” y “progresista”, sus políticas parecen ir en sintonía con las de Macri.
Los jubilados fueron los primeros en ser atacados con la modificación de la fórmula para calcular sus haberes, ajustados aún más de lo que ya se los había recortado Cambiemos. La supuesta suspensión de despidos que decreto el Presidente no se cumple, y las empresas como Techint de Paolo Rocca despiden trabajadores impunemente, mientras se sigue enriqueciendo y como si fuera poco su CEO cobra el sueldo del ATP pagado por el Estado. El IFE de $10.000 y los bolsones de productos que se reparten no alcanzan. Las medidas como el impuesto a las grandes fortunas y la expropiación de Vicentin quedaron truncas por la presiones empresariales y de sectores de la derecha.
En este contexto de crisis social y sanitaria creemos que es fundamental el desconocimiento e investigación de la deuda que es ilegal, ilegitima y fraudulenta. También es necesario un impuesto a las grandes fortunas como el proyecto de Ley que presento el Frente de Izquierda en el Congreso firmado por Nicolas del Caño y Romina del Pla, con el cual se podrían recaudar entre 15.000.000 a 20.000.000 de dólares para asignarlo a tres partidas fundamentales, un IFE de $30.000, un plan integral de viviendas populares y una fuerte inversión en el presupuesto de salud para adquirir todos los elementos necesarios para hacer frente a la pandemia por el Covid-19.
