Acusaciones cruzadas entre los gobiernos de Trump y de Peña Nieto. Estados Unidos: el principal mercado para el consumo de drogas. México: importante receptor de la venta de armas desde el gigante del norte. Militarización y crimen organizado: sus guerras y nuestros muertos.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Viernes 26 de mayo de 2017
Este martes 23 la administración Trump dio a conocer su propuesta de recortes a distintos programas de “ayuda”. En realidad, la base económica para la injerencia imperialista en la región.
La propuesta de presupuesto para el año fiscal 2018 prevé un recorte de 614 millones menos de dólares en ayuda para la región respecto a 2016. Los más afectados son México y Centroamérica.
De aprobarse este presupuesto, México recibiría 87,7 millones de dólares, un descenso del 45,3% con respecto a 2016. Mientras tanto, la partida de control internacional de narcóticos y seguridad se reduce de 100 millones a 60 millones. Los fondos contra la corrupción tendrían un leve crecimiento. Y se reduce a menos de un cuarto la “ayuda para reformar las fuerzas de seguridad”.
En cuanto a Centroamérica, la propuesta establece que Guatemala obtendría 80,7 millones de dólares, un 40% menos que en 2016, mientras que Honduras (67,8 millones) y El Salvador (46,3 millones) recibirían un tercio menos. Para Nicaragua, Costa Rica y Panamá también se reduciría drásticamente la “ayuda”.
¿Menos millones significará menos injerencia? No necesariamente. La administración estadounidense puede exigir a los gobiernos regionales que aporten fondos para mantener a sus agentes y sus bases militares, con la excusa del combate al crimen organizado.
En el terreno económico, menos millones dan cuenta de cierta debilidad de Estados Unidos. Y en el terreno político, confluye con la retórica de Trump de America First: en tiempos de relativa escasez, los fondos del país se concentran en el terreno doméstico.
El narcotráfico y sus vínculos con los gobiernos
Por otra parte, el secretario de Estado Rex Tillerson reconoció el 18 de mayo que hay responsabilidad de su país en el avance del narcotráfico, porque es el mercado.
Pero más allá de este “reconocimiento” del funcionario estadounidense, es innegable que no puede existir tráfico de drogas, ni de armas ni de personas sin el beneplácito de los gobiernos, sin la participación de al menos algunos altos funcionarios. El escándalo de la Operación Rápido y Furioso dejó esto muy claro: el cártel de Sinaloa, liderado por el hoy detenido “Chapo” Guzmán, contaba con armas estadounidenses.
Ésta es la antesala de las declaraciones de este viernes 26 del canciller Luis Videgaray respecto a las relaciones de México con Estados Unidos: “Hoy estamos en momentos de trabajo y es una relación fluida que se ha venido institucionalizando, donde subsisten diferencias pero también se han identificado coincidencias muy importantes como en materia del combate al crimen organizado”.
El secretario señaló que la demanda de drogas ilícitas en el vecino del norte genera violencia grave en algunas regiones de México. En ese sentido, pidió que “se asuman compromisos y medidas concretas para detener el tráfico ilegal de armas hacia México y los envíos de dinero ilícito, incluyendo el dinero en efectivo que llega a manos del crimen organizado”.
Abundó “Eso es lo mas importante que puede hacer Estados Unidos, en una lógica que debe ir más allá de los señalamientos recíprocos de estarnos intercambiando culpas. Lo que queremos es que cada país asuma su responsabilidad”.
Un acto de cinismo: fue George Bush, el expresidente estadounidense firmante de la Iniciativa Mérida –que financió la guerra contra el narco y la militarización– el mismo que por años protegió al exgobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington, ahora detenido por vínculos con el crimen organizado.
Poner un alto a la militarización
Son la clase trabajadora y los sectores populares, junto con los migrantes que emprenden la dura travesía por territorio mexicano para llegar a Estados unidos, quienes sufren las consecuencias de la guerra contra el narco, una excusa para el despliegue militar con miras a mantener el “orden” que exigen las trasnacionales y los magnates como Carlos Slim para llevar a cabo sus negocios.
Un orden que fue quebrado en distintos puntos del país, a veces de forma reaccionaria por cárteles del narco que disputan una plaza, a veces de forma progresiva por la irrupción de manifestaciones en las calles, como fue el caso de la lucha del magisterio contra la reforma educativa o el movimiento por la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El saldo de la militarización: cientos de miles de muertos, desaparecidos y desplazados en todo el país, así como el alza de los feminicidios y el aumento de la violencia contra las mujeres. A su vez, masacres como la de Tlatlaya, la de Iguala, la de Nochixtlán, las dos de San Fernando, Tamaulipas, son algunos de los ejemplos del horror desplegado por los gobiernos mexicanos subordinados siempre al “amo” del norte, hoy gobernado por el republicano Donald Trump, pero que en tiempos del demócrata Barack Obama también impulsaba la militarización de México y Centroamérica.
Por eso es fundamental que la clase trabajadora de México y Centroamérica se unan en un gran movimiento contra la militarización y la injerencia imperialista de Estados Unidos en la región. Que luche contra el muro, por la condonación de la deuda externa, por plenos derechos para los migrantes y por el libre tránsito de personas en la región.
