La legislatura cordobesa votó una ley que permite a los municipios usar las cámaras de la policía provincial para poder aplicar multas. Una medida que aumenta el control social y afecta a los trabajadores.
Guillermo Torrent Asesor legislativo FIT - Córdoba @Guillotadas
Jueves 11 de junio de 2020 16:10
Cuando el intendente Martín Llaryora dio su discurso de apertura de sesiones del Concejo Deliberante, hizo eje en el concepto de “smartcity” o, dicho en criollo, ciudad inteligente. Pero lejos de aprovechar los avances tecnológicos en beneficio de las mayorías, avanza en una vigilante ciudad “bigbrother” y la precarización de los trabajadores.
En el medio del conflicto con el sindicato de municipales, el poder ejecutivo de la capital, avanza con un plan que parecía minuciosamente preparado. Aprovechando el aislamiento social obligatorio, y la “cuarentena autoimpuesta” de las centrales sindicales, Llaryora y Siciliano, secretario de gobierno, aceleran su plan. No lo podrían concretar sin la coordinación directa con el gobierno de Schiaretti que hizo votar ayer en la Legislatura la habilitación para que las cámaras colocadas por la Policía provincial sean usadas para imponer multas de tránsito (y de otro tipo) a los vecinos de la ciudad.
La medida, realmente, apunta a debilitar la lucha de los trabajadores: el cuerpo de inspectores de tránsito es uno de los más combativos del gremio y cumple un rol estratégico en el ordenamiento de la ciudad, además de ser, a través de la aplicación de multas, una de las fuentes principales de recaudación del municipio.
Ahora mediante el trabajo a destajo de los “promotores de convivencia” detrás de una pantalla, podrán recaudar millones de pesos en multas. Esto sucede pocos días después que se anunciara una revisión general de las “chapas” de inspectores distribuidos en la planta municipal. Un nuevo avance en la precarización laboral, que lamentablemente no fue advertido, en sus locuciones en el recinto, por las legisladoras de la izquierda, que votaron correctamente en contra.
El ataque contra las y los trabajadores incluyó una adecuación de ordenanzas que le oficialismo municipal hizo votar en las primeras sesiones de su gestión en el Concejo Deliberante, acompañada por la oposición con la excepción de la banca del Frente de Izquierda, ocupada por Laura Vilches. Recordemos que en aquellas ordenanzas “de emergencia”, también Hacemos por Córdoba avanzó con la anulación de la cláusula gatillo, el pago no remunerativo de distintos adicionales, las horas extras y prolongaciones de jornada.
Recordemos que durante el mes de mayo, el municipio aprobó un recorte en las horas de trabajo que significa un recorte de al menos el 15% el sueldo en el básico de los trabajadores, parece que esta medida es sólo una avanzada en el resto de los derechos laborales.
Otro punto de ataque a los derechos conquistados es la toma de personal mediante becas y monotributos, es decir el mismo esquema que aplican en la provincia, donde ser “contratado” (una de las formas del trabajo precario) pasó a ser casi un “privilegio”. Buscan así, una planta municipal precarizada y sin derechos.
Mientras el Secretario de Gobierno, Siciliano, se pasea por los medios dice que los servidores urbanos son necesarios porque estamos “en una ciudad muy grande”, forzó la salida, mediante la jubilación anticipada, de casi 500 empleados.
El avance en un estado “gran hermano” instalado bajo el eufemismo de una “ciudad inteligente”, el PJ cordobés avanza con la vigilancia social que la tecnología permite. Sintomáticamente, en Estados Unidos, la archicapitalista empresa Amazon, se vio obligada por las movilizaciones contra el racismo que desató el asesinato de George Floyd, a impedir “por un año” que la policía yanqui utilice sus sistemas de vídeo vigilancia y reconocimiento facial.
Las movilizaciones de la población oprimida y explotada, reconoce correctamente que los enemigos usan la tecnología y los prejuicios raciales para controlar y dividir a quienes hoy pelean ante las injusticias. Las movilizaciones en Hong Kong, también tuvieron como blanco de repudio la vigilancia “panóptica” de las cámaras en los países asiáticos. Saben que son herramientas para la persecución a quienes luchan.
En nuestra propia provincia, el Ministro de Seguridad de la provincia, Mosquera, utilizó imágenes de estas cámaras para atacar por las redes sociales una movilización de La Red de Trabajadores Precarizados, lo que mereció una contundente respuesta de la juventud precaria que se organiza.
Los gobiernos de Schiaretti y Llaryora pretenden avanzar sobre las libertades democráticas y los derechos laborales de quienes luchan. Nada indica que tengan la victoria asegurada.
