Las industrias extractivas no petroleras convencionales siguen expandiéndose con la connivencia del Estado, el cual les garantiza la impunidad en el despojo y contaminación de tierras.
Jueves 22 de agosto de 2019
El día de ayer 20 de agosto la ONG Fundar presentó su anuario 2018 de actividades extractivas en México, donde detalla que el modelo de desarrollo de esta actividad en México se basa en un esquema de sustracción de grandes volúmenes de materia minera sin procesar, destinados en su mayoría para la exportación sin ningún tipo de valor agregado.
Durante el sexenio de Peña Nieto la producción de hidrocarburos disminuyó, no así la de minerales, ya que los proyectos de esta naturaleza crecieron un 77%, sin dejar algún beneficio para las comunidades donde se desarrollan. El informe detalla entre otras cosas que,
existen 73 proyectos mineros en Áreas Naturales Protegidas además de que existen más de 800 conflictos socioambientales derivados de la explotación de recursos naturales. Hasta 2018 hay registro de 440 ataques a personas defensoras de la tierra, del territorio y del medio ambiente.
existen 73 proyectos mineros en Áreas Naturales Protegidas además de que existen más de 800 conflictos socioambientales derivados de la explotación de recursos naturales. Hasta 2018 hay registro de 440 ataques a personas defensoras de la tierra, del territorio y del medio ambiente.
Para supuestamente compensar los impactos negativos de estas prácticas, el gobierno federal puso en marcha el Fondo para las Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (FEFMPH) y el Fondo para el Desarrollo de Zonas Mineras; pero ninguno de los dos tiene por objeto resarcir los daños causados por estas industrias ya que en el caso del FEFMPH el reparto del dinero es opaco y discrecional, es decir que el dinero empleado para estos fines puede fácilmente emplearse para otros.
Por otra parte, el Fondo Minero sólo destinó el 2% para educación y el 0.62% para el medio ambiente. Este reparto del Fondo se hace sin la aprobación de las comunidades que padecen estos impactos, ya que sólo permite un representante por región sin que éstos logre incidir en la toma de decisiones relacionadas al desarrollo de sus comunidades.
A pesar de que el fracking es una práctica prohibida en países como Francia, Alemania e Irlanda entre otros. debido a sus efectos negativos pues contamina el ambiente, produce enfermedades, despoja de territorios a comunidades y genera microsismos; en México, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha pronunciado en contra del fracking en diversas ocasiones, la regulación actual lo permite y el plan de negocios de Pemex contempla extracciones “no convencionales” en el norte del país.
Para frenar de tajo este tipo de prácticas extractivas es necesaria su prohibición y reorganizar este tipo de industrias de acuerdo a un plan que tome en cuenta las necesidades de los trabajadores, los pueblos originarios y los campesinos por encima de la voracidad y anarquía capitalista, una tarea que la actual administración no se decidirá a hacer.
Por ello es necesario organizar a las comunidades directamente afectadas y a los trabajadores de las gigantescas empresas extractivas para luchar a hasta imponerles, a ellas y al actual gobierno, cambiar el modelo extractivo e impulsar otras alternativas de desarrollo que procuren el bienestar del medio ambiente, respeten y garanticen los derechos de las comunidades donde se realizan estas actividades.
