Comodoro Py. Histórico: el espía Balbuena y sus dos exjefes de la Federal, condenados por espionaje ilegal

Este viernes en Comodoro Py se escuchó una condena histórica: Américo Balbuena, junto a sus dos ex jefes de la Policía Federal Alejandro Sánchez y Alfonso Ustares, fueron condenados por haber realizado espionaje político a organizaciones sociales, de derechos humanos, gremiales y políticas.

El fallo del juez Daniel Rafecas condenó a los tres por incumplimiento de deberes de funcionario público -al máximo de la pena contemplada en estos casos-, a dos años de prisión y el doble de inhabilitación para ejercer cargos. La pelea durante diez años de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, periodistas de la Agencia Walsh, partidos de izquierda junto a los abogados de la querella Matías Aufieri, Liliana Mazea, Myriam Bregman, Carlos Platowsky del CeProDH, lograron aportar abundantes pruebas y testimonios sobre la infiltración que realizó el Cuerpo de Informaciones de la Federal, haciendo pasar a Balbuena como periodista de la Agencia Walsh. Desde esa confianza ganada les permitió reunir información durante diez años -desde 2002 a 2013-.

“Es una gran conquista de todo el movimiento de derechos humanos que desde hace décadas pelea en el país, y de tantas organizaciones que son denunciantes en la causa, los comunicadores como los miembros de la Agencia Walsh, que fueron las primeras víctimas de esta infiltración de este Cuerpo de Informaciones, que funciona desde hace muchas décadas” dijo Matías Aufieri, y destacó que “es inusual que los casos de espionaje lleguen a esta instancia de juicio oral”.

Myriam Bregman afirmó que con esta condena: “Se demostró que no son cuentapropistas, porque fue condenado Balbuena, dos de sus jefes de la Policía Federal. Los espías políticos no actúan solos o por cuenta propia. La pelea que dimos demostró que no, que tienen una estructura orgánica y que cumplen órdenes cuando realizan este tipo de espionaje político.”

Después de 10 años de lucha logramos que se condene al espía la Policía Federal, Américo Balbuena y a dos de sus jefes, a la máxima pena prevista.
Logramos llevarlos a juicio y demostrar que el espionaje político existe.

— Myriam Bregman (@myriambregman) March 31, 2023

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Uno de los puntos del fallo es que se envíe copia de esta sentencia a la comisión bicameral que sigue el funcionamiento de los organismos de inteligencia y la comisión de seguridad, del Congreso de la Nación. En particular pide que se analicen las normas secretas que regulan la existencia del Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal, que fueron parte del debate en el juicio por tratarse de un cuerpo dedicado al espionaje político, y se las contraste con las leyes constitucionales.

Estos somos los abogados y abogadas querellantes en la causa Balbuena, representamos a decenas de organismos y luchadores que fueron parte de esta causa. Gracias a todos ellos y a quienes se hicieron presentes para brindar su testimonio. pic.twitter.com/8FNttuAF8f

— Myriam Bregman (@myriambregman) March 31, 2023

La cobertura de todas las audiencias del juicio, y desde el inicio de la causa podés encontrarlas en La Izquierda Diario.

El debate en el juicio

Esta causa inició en el 2013. La denuncia comenzó cuando comunicadores de la Agencia Walsh descubrieron que Américo Balbuena, quien se hizo pasar por miembro del medio de noticias alternativo, era en realidad agente de la Policía Federal. Rodolfo Grinberg, parte de la querella junto con sus compañeros, testificó en el juicio que demoró diez años en hacerse. El vínculo de confianza construido por Balbuena le permitió valerse del lugar en la Agencia para ir a cada movilización, marcha, reclamo social, y con la pantalla de hacer entrevistas para una cobertura periodística obtener incontable información desde el 2002 hasta que fue descubierto.

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El Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal, los “plumas”, se hizo conocido por “Iosi, el espía arrepentido”, historia real de un agente infiltrado en la comunidad judía por décadas, llevada a la pantalla chica como serie años después. Este Cuerpo creado y regido por leyes secretas que, cubren de secretismo absoluto a servicios de inteligencia que actuaron bajo la última dictadura genocida y que continúan funcionando bajo gobiernos constitucionales.

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Los testimonios de los denunciantes jugaron un importante rol en el juicio, dando cuenta de la cantidad de horas que estaba “disponible” Balbuena para realizar coberturas de movilizaciones. Entre sus intereses, llamó la atención la búsqueda de detalles de organización interna, medidas de acción y planes de lucha de trabajadores y sectores populares en distintos reclamos. Muchas de las cuales, no verían posteriormente reflejadas en el portal de noticias de la Agencia. En particular, María del Carmen Verdú testificó cómo por aquellos años Balbuena tomaba especial interés en el seguimiento de causas que implicaban a oficiales de la Policía Federal, como fue el juicio a Cromañón o por el asesinato de Mariano Ferreyra, entre otras de violencia institucional.

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Hoy siguen vigentes el decreto 2075 del año 1958 (presidencia del dictador Pedro Aramburu) y su modificatorio de 1963 (el 9021, presidencia de José Guido). Allí se establece que “el cargo que desempeñan los integrantes del Cuerpo de Informaciones es incompatible con el desempeño de funciones en servicios informativos oficiales o privados, policías particulares, agencias informativas comerciales o similares”. Además de estar taxativamente prohibida por la Ley de Inteligencia la reunión de información por motivos de pertenencias políticas, ideológicas o gremiales. Esta fue la base para construir la investigación de la querella, e ir uniendo las experiencias, pruebas y testimonios con un profundo conocimiento de cómo continúan actuando estos servicios de inteligencia.

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Durante el juicio, la defensa de Balbuena, Ustares y Sánchez quiso mostrar una División de Análisis de la Policía Federal “reciclada” bajo gobiernos constitucionales, que se dedicada a resolver conflictos dialogando en la calle. Se dieron ejemplos de múltiples situaciones donde así habrían actuado, más ni Sánchez ni Ustares, incluso siquiera el propio Américo Balbuena establecieron en qué tareas concretas se desarrollaba durante esos años para probar que su actividad era otra que el espionaje político. Además, intentaron establecer que Balbuena no tenía capacidad para una tarea de esa complejidad, “no era ningún James Bond”, y sólo tenía tareas administrativas. Estos y más argumentos fueron rotundamente respondidos por los alegatos de la querella que dijo "No tenía dos vidas separadas, sólo trabajaba de espía", así como por la fiscalía a cargo de Ariel Quety.

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Pero el juicio dejó al descubierto mucho más que un caso individual. Alfonso Ustares relató cómo la División Análisis enviaba agentes a las asambleas barriales en la crisis del 2001 y 2002, incluso afirmando que habría pedido más agentes ya que no alcanzaban los que había. Una confirmación más de lo explicado por el testigo Marcelo Saín sobre el objetivo exclusivo de este cuerpo: el espionaje político. No casualmente es la misma época en que Balbuena se infiltró a la Agencia Walsh, luego de haber intentado infructuosamente hacerlo en FM La Tribu, como testificó De Massi.

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Actualmente para este delito se contemplan penas mayores, pero al momento de los hechos no se había reformado la ley por lo cual sólo se pudo imputar por incumplimiento de deberes de funcionarios públicos a los tres miembros, que tienen una pena máxima de dos años de prisión.

Sin embargo la condena del juez Rafecas no sólo reconoce la infiltración de la Policía Federal a organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, bajo la promoción u órdenes de los jefes de Balbuena por lo que hay una responsabilidad institucional reconocida, como insistieron la querella y todos los denunciantes durante diez años. También señala que este Cuerpo debe ser investigado al enviar los decretos y normas que crean y hacen funcionar a un cuerpo de espías desde hace décadas, al remitir el fallo y esa reglamentación para su análisis en el Congreso Nacional, como viene señalando Myriam Bregman como diputada nacional además de abogada querellante de la causa, un cuerpo que debe ser disuelto. Esta condena representa un reconocimiento a la pelea llevada adelante por años por los denunciantes, y sienta un precedente muy importante frente al espionaje ilegal y la criminalización de la protesta social y la represión a organizaciones sociales, gremiales, periodísticas, de derechos humanos y partidos de izquierda.