Tras las multitudinarias marchas del martes en toda Francia, el presidente François Hollande, amenazó hoy con prohibir las manifestaciones contra la reforma laboral y criminalizó a los manifestantes.
Juan Andrés Gallardo @juanagallardo1
Miércoles 15 de junio de 2016 12:24
Solo en París se movilizaron este martes un millón de personas, en la jornada de lucha contra la reforma laboral más importante de los últimos meses. La respuesta del gobierno no se hizo esperar. Tanto el presidente Hollande como el primer ministro, Manuel Valls, salieron este miércoles a criminalizar la protesta social anunciando que podrían prohibir las manifestaciones en todo el territorio nacional.
Utilizaron como excusa la supuesta violencia de los manifestantes que “amenazan la seguridad de bienes y personas”, ya que según datos oficiales las protestas del martes terminaron con 58 detenidos, y 29 policías y 11 manifestantes heridos.
No es la primera vez que el gobierno de Hollande y Valls criminalizan la protesta para intentar dividir a los manifestantes y debilitar las movilizaciones. Cuando a la cabeza de la marchas se encontraban los estudiantes secundarios y universitarios, el gobierno los acusó de violentos y los reprimió y encarceló de forma brutal cada vez que salían a las calles. Esto no fue suficiente porque los estudiantes no solo no tuvieron una mala imagen entre la opinión pública en general, sino que alentaron a diversos sectores de trabajadores a salir a la lucha.
Entonces fue el turno de la clase obrera. Con los trabajadores de las principales refinerías, centrales nucleares, ferrocarriles y puertos bloqueando sus lugares de trabajo o entrando en huelga, el gobierno los acusó de saboteadores y violentos. También los mandó a reprimir. Pero como ocurrió con los estudiantes, el discurso de Hollande-Valls y las cámaras patronales no tuvieron ascendencia entre la opinión pública, que en un 70% se pronuncia en contra de la ley de trabajo y a favor de las movilizaciones.
Es en este escenario adverso, y en medio de la celebración de la Eurocopa, que el gobierno busca encontrar nuevas formas de estigmatizar a los manifestantes. Teniendo en cuenta que en Francia rige el estado de emergencia desde los atentados del año pasado y que el gobierno lo utiliza en contra de los manifestantes, Hollande intentó el martes volver a agitar el fantasma del terrorismo ante un confuso episodio en el que murieron dos policías. Pero su intento pasó sin pena ni gloria y este miércoles volvió a la carga amenazando directamente con prohibir las manifestaciones callejeras contra la reforma laboral.
"Si no se reúnen las condiciones para proteger los bienes personales o públicos, y por el momento no ocurre, se tomará la decisión caso por caso de no autorizar las manifestaciones", señaló Hollande a través del portavoz del Gobierno, Stéphane Le Foll.
Éste agregó que las condiciones para autorizar una manifestación se discuten entre "los organizadores, las autoridades y los representantes del Estado".
"En un momento en el que Francia alberga la Eurocopa (de fútbol) y cuando se enfrenta al terrorismo, no podrá haber más autorizaciones de manifestaciones si no se garantiza la preservación de los bienes, de las personas y de los bienes públicos", añadió Le Foll.
Las declaraciones de Hollande refuerzan la línea marcada horas antes por el primer ministro, Manuel Valls, que había amenazado con prohibir la organización de grandes manifestaciones en París como consecuencia de los altercados de la marcha de ayer.
"No podemos tener manifestaciones así en París en las próximas semanas", dijo Valls.
En un rapto de desesperación y exageración, el primer ministro señaló que en la manifestación del martes había "de 700 a 800" manifestantes violentos "que querían sin duda matar" a los policías.
Mientras el gobierno y el expresidente Sarkozy exigieron a la CGT que denuncie las “acciones violentas” y que se haga responsable por los incidentes en París, la CGT salió al paso de las "inaceptables" declaraciones del jefe del Ejecutivo, y en comunicado aseguró que "amenazar con prohibir las manifestaciones es signo de un Gobierno acorralado".
Las últimas declaraciones del Ejecutivo llegan en un momento de alta tensión entre el gobierno y los manifestantes, sobre el proyecto de reforma laboral. Valls insistió en que "el Gobierno no cambiará" el texto de su proyecto de ley de reforma laboral, y señaló que si el Ejecutivo renunciara a la reforma, eso significaría "la victoria de los que bloquean en la calle".
Efectivamente el gobierno de Hollande-Valls se encuentra acorralado entre su creciente desprestigio y el aumento de las movilizaciones contra la reforma, y la necesidad de seguir adelante en su proyecto más ambicioso de ataque contra las conquistas de los trabajadores, pero que es altamente impopular. Los próximos días y semanas serán cruciales para la definición de esta batalla, que se libra en las calles cotidianamente, y que puede cambiar la dinámica de la lucha de clases tanto adentro como afuera de las fronteras francesas.
Juan Andrés Gallardo
Editor de la sección internacional de La Izquierda Diario