En el barrio 31 de la Ciudad de Buenos Aires, un grupo de policías trataba de que un cartonero no continuara transportando su carro. El alegato del joven fue aleccionador. En el Hospital Borda internan compulsivamente a personas en situación de calle. La crueldad del gobierno de Macri y de Milei.
Martes 16 de julio de 2024 21:14
El gobierno de Jorge Macri, que lleva adelante un plan sistemático para “limpiar” calles en la ciudad más rica y desigual del país, viene ejerciendo un permanente hostigamiento contra las personas en situación de calle. A medida que aumentan los despidos, la desocupación, incluso los índices de inflación, aumenta, también, la pobreza, la indigencia y con esto la cantidad de personas a las que no les queda otra opción que buscar en la calle un lugar dónde pasar la noche.
Ante esta realidad -que viene acrecentando por el avance del plan licuadora y motosierra de Javier Milei y los gobernadores-, el Jefe de Gobierno porteño busca “barrer” las calles de pobres. Los desalojan de las calles para que no sean visibles en el centro porteño. En la Ciudad de Buenos Aires, en estos días de baja temperatura, murieron cinco personas por hipotermia.
Desenmascarando a los vigilantes
Está política no es solo contra quienes duermen a la intemperie, sino, también, contra los trabajadores informales que encontraron en la recolección de cartones una fuente de ingresos. Este fin de semana un joven que arrastraba su carro fue rodeado por un grupo de policías de la Ciudad. Pretendían despojarlo de su herramienta de trabajo. Los vecinos del barrio de la 31, que se acercaron para brindar su solidaridad, filmaron el atropello de los policías y el alegato del joven que en pocas palabras desnudó las políticas criminal del gobierno. “Ustedes están confundidos”, le dijo a los policías que matoneaban, “todos los días me mato laburando con esto (su carro) para darle de comer a mi familia” y agrega “¿qué quieren que haga, que agarre un fierro y salga a robar a la calle?
Una pregunta retórica que, conociendo la realidad de las policías del país y lo que ocurrió
con Luciano Arruga, que murió cuando escapaba de la “cana” que lo hostigaba para obligarlo a robar para la comisaría de Lomas del Mirador, en La Matanza. Esa es una de las funciones de las fuerzas represivas: regimentar el delito. Algo que también le planteó el joven cartonero del barrio 31. “Uno que hace las cosas bien para darle de comer a su familia, ustedes vienen y quieren arruinar a un laburante” y sigue con las preguntas “¿que quieren que hagamos para darle de comer a nuestros hijos. Qué es lo que quiere este gobierno?”.
Luego se refirió a Loan, el niño de 5 años que lo desaparecieron de un almuerzo familiar hace más de un mes. Viene “una banda de gorra para buscar un carro, ¿por qué no se juntan una banda de policías y van a buscar a esa criatura que se robaron allá? Para eso nadie va”.
En sus redes, cartoneros reciclados explicaron que: "los operativos son en conjunto entre la Subsecretaria de Ordenamiento Urbano del Ministerio de Espacio Público de CABA, y la policía de la Ciudad. ¿Adonde está el delito por salir a recuperar material reciclable? Este gobierno nos quiere hacer retroceder a una época donde nos hacían creer que nuestro trabajo es un delito. Le decimos al Gobierno de la Ciudad que existe una constitución nacional, y que hay leyes específicas en la ciudad que amparan nuestra actividad. No somos ladrones, ni le hacemos ningún mal a nadie: lo único que hacemos es trabajar todos los días para ganarnos dignamente el pan de nuestros hijos".
El Hospital Borda no es un depósito de gente
La perversidad del gobierno de la Ciudad no tiene límites. Este martes se conocieron las declaraciones el secretario de Seguridad, Diego Kravetz: "La cabeza del cartonero ya de por sí es distinta al resto de los ciudadanos por su tipo de trabajo” y que “si le das comida a una persona de la calle, lo acomodás en la pobreza".
Un discurso que encierra un profundo odio de clases que, además, busca quebrar los lazos de solidaridad con los sectores que son arrojados a la calle. Kravetz, un progresista que viene de las entrañas del peronismo, no tiene ningún pudor en desplegar un discurso de derecha para convencer a los vecinos de los barrios porteños que no compartan ni siquiera un plato de sopa. Es decir que esas personas se mueran de hambre para que no se "acomoden en la pobreza". Así se refirió a la problemática de las más de 4.500 personas que actualmente viven en la calle. Afirmó que no estar de acuerdo que otro habitante “baje con la comida para darle” a quien está en esa situación.
Ante esta realidad el gobierno no propone ninguna solución habitacional. Por el contrario, sigue implementando políticas crueles contra los sectores más vulnerables. El hospital psiquiátrico José T. Borda, que se encuentra ubicado en el sur de Ciudad, cada vez recibe más personas sin techo.
El gobierno porteño, en su afán de “barrer” las calles, avanza con operativos de "desplazamientos forzados" buscando "limpiar" el espacio público. En el hospital neuropsiquiátrico denuncian que están "estallados" frente a internaciones de esta población en las cuales se desconoce el protocolo aplicado. Trabajadores y profesionales del Hospital Borda denuncian que las guardias están "estalladas".
El gobierno de Jorge Macri, a poco de asumir, presentó un protocolo de salud mental con críticas a la Ley Nacional de Salud Mental, anunció que "las personas en situación de calle con algún problema de salud mental o consumo problemático de sustancias" podrán ser internadas si alguna "presenta un riesgo para sí o para terceros", aunque "no preste consentimiento".
Desde el Ministerio de Salud indicaron que “’casos críticos’ quiere decir que cumplían con el criterio para ser trasladados a un hospital general de agudos, donde se les realiza la evaluación interdisciplinaria” y que de ese grupo “hubo internaciones”, sin precisión de cuántas ni dónde, y tampoco si tuvieron alguna defensa que determine si se necesitaba internación.
“No hay información sobre cómo están implementando el protocolo. Hay bastante cerco sobre eso. Evalúan con criterios poco claros si la persona necesita alguna atención específica sobre salud mental. Tampoco queda claro cómo pueden ir las personas al nuevo centro de integración para padecimientos en salud mental; quién las deriva”, denuncia Jorgelina Di Iorio, psicóloga, investigadora del Conicet, parte de Abrigar Derechos e impulsora –con la Asamblea de Personas en Situación de Calle– del Registro Unificado de Violencias (RUV) hacia personas sin techo en Argentina, que presentó un amparo por el tema en 2022.
Las internaciones compulsivas en el hospital neuropsiquiátrico es la respuesta del gobierno de la Ciudad, que toma tanto a los pacientes internados como a las personas en situación de calle, como descartable. Ni a unos ni a otros les brinda la atención correspondiente. Los pacientes deben sufrir condiciones edilicias precarias, sin ascensores, pabellones sin calefacción por la falta de desinversión en la salud pública. En tanto las personas que no tienen otra opción que vivir en la calle, no reciben soluciones habitacionales.
La Ciudad más rica del país
Según datos oficiales de la Dirección de Estadísticas y Censos del GCABA, en el primer trimestre del año la pobreza en la Ciudad aumentó en 198.000 hogares, unas 410.000 personas. En un año la pobreza pasó de 13,4 al 19,8 % de los porteños y en el mismo período la indigencia trepó del 8,4 al 15,3 % de la población, casi duplicándose. En tanto el ministro de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, Gabriel Mraida, anticipó que el nuevo censo relevó un 30 % más de personas sin techo. Según datos de febrero del 2024 del ReNaCalle, hay más de 8.000 personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires, un número bastante más elevado que los datos oficiales. Los últimos datos que había arrojado el Gobierno de la Ciudad en abril del 2023, indicaba que el total era de 3.511, lo cual expresa que en menos de un año la cantidad de personas, mujeres, niños y jubilados sin acceso a vivienda creció más del doble.
Hay que exigir la asistencia a los sectores más castigados por la crisis y pelear por tierra y vivienda, trabajo genuino y un salario que cubra la canasta familiar, la reincorporación de todos los despedidos. Así como anular los tarifazos y la nacionalización de las empresas de servicios, un plan de obras públicas para resolver los problemas estructurales más urgentes.
