Este nuevo episodio represivo se da en el marco de infructuosos esfuerzos del gobierno por imponer la “verdad histórica”: que los normalistas habrían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, cuestión que no pueden demostrar. A esto se suman llamados de la Secretaría de Gobernación a evitar “la división” en Guerrero, secundados por fuertes medidas represivas contra normalistas y maestros.
Miércoles 13 de abril de 2016
FOTO: Animal Político
En la última conferencia de prensa llevada a cabo por miembros de la dirigencia estudiantil normalista y de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg), así como de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos desde 2014, explicaron que acudieron a Chilpancingo a repartir volantes, cuando al regreso de las actividades, distintos elementos de la Policía Federal interceptaron con patrullas a los normalistas cerca de la caseta de cobro de Tixtla.
“En uno de los vehículos, con el número 14858, iban alrededor de 13 uniformados, los cuales se bajaron, los rodearon y agredieron verbalmente, además de quitarles sus pertenencias. Los agentes dijeron que de esa forma no iban a encontrar a los 43 desaparecidos” declararon los estudiantes.
Mientras reprimen a quienes luchan por la aparición de los jóvenes de Ayotzinapa, la Procuraduría General de la República dio a conocer la segunda parte del expediente del caso. Pero con graves irregularidades. Son 69 tomos, 48,583 fojas y 14 anexos donde se tacharon las referencias a horas, lugares específicos y protagonistas de los hechos de la noche negra de Iguala. Un intento más de que prevalezca la impunidad contra los responsables políticos de la masacre de Iguala y de las desapariciones forzadas de los normalistas.
Los maestros se oponen a la evaluación punitiva
Aun así, no pueden apagar la llama de rebeldía que arde en Guerrero. Luego del fracaso de la evaluación docente de la semana pasada -donde se reportó la participación de sólo 577 educadores de los más de 2,721 docentes convocados de educación básica y bachillerato- devino un fuerte despliegue de fuerza federal y local durante protestas magisteriales y de normalistas.
Mientras uno de los dirigentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg), Gonzalo Juárez Ocampo, declaraba el carácter pacífico de las movilizaciones, el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, mandaba felicitaciones a los legisladores de ese estado que habían anunciado el rechazo de las propuestas del magisterio disidente, sobre la punitiva reforma educativa.
A estas declaraciones le siguieron el anuncio en días recientes sobre la reintegración de la Asamblea Popular Estatal de Guerrero y la creación del Movimiento Popular de Guerrero, desde donde confluirán distintas organizaciones sociales, padres de familia, normalistas, miembros de la Policía Comunitaria y el magisterio con el fin de enfrentar las reformas propuestas por el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Héctor Astudillo, el nuevo represor del estado
Luego de llevarse a cabo la jornada de protestas, el gobierno de Héctor Astudillo Flores desplegó un operativo de policías estatales en la ciudad de Chilpancingo. También miembros de la policía federal se podían observar frente a hoteles y edificios de gobierno, que circularon encapuchados y armados en camionetas descapotadas por varios puntos de la ciudad.
A estos hechos se suma el asesinato del joven de 21 años de edad identificado como Carlos Sánchez Salvador, que según medios locales, era estudiante del Centro Regional de Educación Normal (CREN) de Iguala, Guerrero. Fue reportado por sus familiares como desaparecido desde el pasado 30 de marzo. Y las primeras investigaciones indican que, aunque el cuerpo fue hallado sin vida el pasado 1 de abril en el municipio de Pilcaya, en los límites de Guerrero con el Estado de México, fue ejecutado en otro lugar donde falleció por disparos de bala.
Mientras Osorio Chong y el secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade llamaron en días recientes durante una ceremonia a la “no división por Iguala”, siguen siendo estudiantes y maestros quienes permanecen bajo el permanente asedio del gobierno estatal y federal.
“Vamos a ir por los que lastiman la seguridad y tranquilidad de los guerrerenses”, dijo Osorio Chong. Y los atacados fueron estudiantes normalistas que días pasados acompañaron las movilizaciones magisteriales.
Y Astudillo acaba de nombrar al frente de la Unidad de Nómina de Honorarios, de Estímulos y Compensaciones de la Secretaría de Educación de Guerrero, un área clave de la administración estatal que destaca por la opacidad y el manejo discrecional de recursos públicos a Ricardo Vega Astudillo, su primo del gobernador.
Para los partidos que gobiernan a favor de los intereses del gobierno, las trasnacionales y el imperialismo: impunidad y carta libre para cometer todo tipo de atropellos. Para quienes se cuestionan sus reformas estructurales y los ataques contra libertades democráticas: represión, persecución, desaparición forzada.
Sólo el desarrollo de fuertes lazos de solidaridad entre magisterio, normalistas, familiares de desaparecidos y otros sectores atacados, como los petroleros, los pueblos originarios y las mujeres pueden poner un freno a estos ataques.
Con información de La Jornada
