Mundo Obrero. Huelga del Prat, un pulso contra las externalizaciones y la precariedad

Foto: EFE

Colas de horas en la T1 y la T2 del Prat, el segundo aeropuerto en cuanto a extensión y tráfico en el Estado español. Una situación producida por la negativa, tanto de Eulen como de Aena, de atender las demandas de la plantilla que opera en los arcos de seguridad.

Salarios de 900 euros, contratos temporales, plantilla insuficiente, eliminación de pluses... estas son algunas de las medidas impuestas por la nueva empresa concesionaria con la complicidad de la empresa pública en vías de privatización, Aena, y el Ministerio de Fomento. Ante esta situación los trabajadores fueron realizando algunas huelgas de celo en el mes de julio y finalmente desde el pasado viernes vienen realizando paros que se convertirán en huelga indefinida a partir del 14 de agosto si no hay una solución favorable a sus reivindicaciones.

El comité de empresa de Eulen denuncia cargas de trabajo desbordantes y jornadas laborales extenuantes por lo que trabajadores y trabajadoras de los controles de seguridad viene exigiendo un incremento de la plantilla, mejores condiciones laborales y una mayor organización y formación. Además, reclaman un aumento salarial para los trabajadores con el sueldo más bajo para poder equiparar las escalas salariales existentes.

En este sentido, el conflicto entre trabajadores y empresa se remonta al 2016 cuando Aena, la empresa estatal que gestiona los aeropuertos en el Estado español, adjudicó a Eulen, empresa de servicios externalizados, la concesión del personal de los arcos de seguridad del aeropuerto del Prat por 23 millones de euros. Entonces Eulen subrogó parte de la plantilla que operaba bajo la anterior concesionaria, Prosegur, y contrató nuevo personal. Sin embargo, la empresa actuó de tal manera que generó una doble escala salarial entre los trabajadores y trabajadoras de un mismo servicio.

Por su parte, la empresa ha accedido a negociar tan solo después de que los trabajadores y trabajadoras hayan iniciado las jornadas de huelga. Sin embargo, las negociaciones siguen a día de hoy lejos de avanzar. Eulen se compromete a contratar como tope a 21 nuevos empleados y a incrementar el salario bruto en 155 euros, muy lejos de las demandas de los trabajadores y trabajadoras.

Y es que Eulen es una de las empresas punteras en el Estado español en cuanto a la merma de las condiciones laborales y la inmersión de sus trabajadores en la ultraprecariedad laboral. Un drama para millones de trabajadores que se remonta a los tiempos previos a la crisis de 2008 y del que la propia empresa Eulen es uno de sus abanderados. No en vano uno de sus slogans es “ahorro de costes y mejora de la calidad de sus servicios”. Sí, y habría que añadirle “a costa de las condiciones precarias de sus trabajadores y trabajadoras”. Las familias Nuñez Feijoo y Mayor Oreja son las accionistas mayoritarias, ambas vinculadas al Partido Popular, y tienen las concesiones de los servicios de seguridad, nada más y nada menos, que de 27 aeropuertos.

Por otra parte, ante el caos generado por las jornadas de huelga de estos días, el conflicto se está tornando en un vaivén de acusaciones entre la Generalitat y el Estado central, ambas instituciones con posiciones muy lejos de las necesidades de los trabajadores y trabajadoras, como no cabía esperar algo distinto. Desde el comité de empresa de Eulen instan a que la mediación de la Generalitat sea favorable a los intereses de la plantilla.

Sin embargo, desde la portavocía del Govern, pareciera que Jordi Turull se ha limitado a decir que “el Ejecutivo [catalán] siente vergüenza ajena, porque esto afecta a la imagen de nuestro país, que está siendo perjudicada por la gestión del Estado”. Muy preocupado por los efectos de las colas en la imagen turística y el gran negocio que genera para unos pocos, pero en absoluto por las condiciones laborales de los millones de trabajadores sobre los que se sostiene dicha actividad. Como solución abogó por la gestión del aeropuerto pase a manos de la propia Generalitat, pero basta con hacer un repaso de la situación de los trabajadores externalizados en administraciones que ya gestiona ella para ver que poco cambiarían las condiciones laborales. Sirva de muestra las trabajadoras de la limpieza de la Ciudad de la Justicia que este año tuvieron que ir a la huelga indefinida por el retraso en el cobro de nóminas de hasta 4 meses.

También ha intervenido en la polémica Gabriel Rufían, portavoz adjunto de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso de los Diputados, con un tweet en el que decía “ya es mala suerte que la empresa de seguridad de la hermana de Nuñez Feijoo trabaje en 27 aeropuertos y solo haga huelga en el de Barcelona”. Una forma sutil de decir que el PP estaría apoyando veladamente la posición intransigente de la empresa como una vía indirecta de desgastar al Govern de la Generalitat a menos de dos meses del referendum el próximo 1-O.

Una hipótesis que no es en absoluto descartable. La ofensiva españolista contra las aspiraciones democráticas de millones de catalanes seguirá en aumento durante estos meses y el Gobierno central junto al PP, oposición (PSOE y C’s) y las instituciones, con el TC a la cabeza, harán lo posible y lo imposible para neutralizar un referendum.

Aunque también es posible que este mismo conflicto se produjera y enquistara si de la Generalitat dependiera. ¿Que se podría esperar de una Generalitat gobernada por los mismos que fueron parte de la “triada” para enterrar la huelga de ocho meses de Panrico en Catalunya, junto a la empresa y la dirección de CCOO? ¿Que pueden esperar los trabajadores y trabajadoras del Prat por parte de la antigua Convergència, la campeona de los recortes sociales durante los años de crisis para que esta fuera pagada por la clase trabajadora y los sectores populares? Nada.

En el mismo sentido, el Ayuntamiento de Barcelona en Comú, con Ada Colau a la cabeza llamaban estos días a que Eulen y Aena hagan un “máximo esfuerzo” en las negociaciones abiertas con los trabajadores y sus sindicatos. En cuanto a la responsabilidad estatal de esta última, la alcaldesa declaraba que “el responsable directo es el Estado y en concreto el Ministerio de Fomento, muchas veces hemos pedido participar desde la proximidad en la gestión de esta infraestructura. Si tiene la competencia exclusiva tiene la responsabilidad exclusiva”, además de lamentar la imagen que pueda acarrear a la ciudad con la huelga.

Y es que la imagen que proyecta Barcelona a nivel internacional y mantener intactos los intereses capitalistas del lobby turístico de la ciudad son hoy por hoy una de las principales prioridades de Barcelona en Comú. En esta misma semana suspendió sus vacaciones para comparecer ante los medios, solidarizarse con el Gremio de Hoteleros -una de las patronales más superexplotadoras- y sumarse a la campaña de criminalización contra los actos de protesta contra el turismo masivo.

El Gobierno central, por su parte, ha tenido que acabar haciendo acto de presencia en un conflicto del que no quería involucrarse. El presidente de Aena, José Manuel Vargas y Julio Gómez-Pomar, secretario de Estado de Infraestructuras, tuvieron que desplazarse hasta Barcelona. Sin embargo, las declaraciones de este último, como no podían ser de otra manera, no han pasado de reivindicar la “ayuda en todo lo posible” de Aena y las acusaciones a los propios trabajadores de “ hacer una utilización torcitera de su capacidad de generar colas”.

Las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del servicio de seguridad del aeropuerto del Prat están lejos de poder ser garantizadas. Más aún con el cruce de competencias y acusaciones que se vierten a un lado y a otro de las diferentes administraciones. Por ello, aunque siguen manteniendo las negociaciones abiertas, advierten de que si no hay un desenquistamiento del conflicto, convocarán una huelga indefinida del sector a partir del 14 de agosto.