El choque de trenes que dejó 57 muertos en Grecia a fines de febrero abrió una herida social que expone la peor cara de los ajustes y las privatizaciones. Este jueves el país vive una jornada de huelga general y movilizaciones para señalar la responsabilidad del Gobierno.
Jueves 16 de marzo de 2023 12:43
Grecia vive este jueves una jornada de huelga general de 24 horas que ha paralizado el transporte, incluídos los vuelos, y buena parte de los servicios públicos, con decenas de miles de personas manifestándose de nuevo en todo el país contra el Gobierno conservador por el accidente de tren en el que murieron 57 personas el pasado 28 de febrero.
Aunque el comercio y la industria no se han sumado al paro, convocado por los dos sindicatos más importantes, ADEDY y GSEE, el transporte público, la salud pública y muchos centros educativos han suspendido o reducido su actividad.
También están en huelga los trabajadores de los puertos, los taxistas, y todo el servicio público de transporte urbano.
En Atenas, unas 28.000 personas, según la policía, se congregaron ante el Parlamento griego para reclamar que se encuentre a los verdaderos culpables de la tragedia, y en protesta contra el Gobierno conservador, al que responsabilizan de no garantizar la seguridad ferroviaria por retrasar la instalación de sistemas de seguridad.
“Es verdaderamente una vergüenza que estos jóvenes no se encuentren vivos en este momento a causa de la incapacidad del Estado griego”, dice a EFE Jará, una joven de 23 años que trabaja como terapeuta, refiriéndose a que la mayoría de las víctimas mortales fueron universitarios.
Decenas de miles de personas se manifestaron también en más de 70 ciudades griegas.
En la protesta de Atenas la Policía reprimió a los manifestantes con gases lacrimógenos y granadas aturdidoras.
“Que dimita el Gobierno asesino” se podía leer en una pancarta que levantaron los manifestantes, mientras otra pedía “Que no se encubra el crimen de Tempe”, localidad cerca de donde se produjo el siniestro.
“Existía ya un clima de descontento y tensión que ahora ha llegado a su punto máximo” por la tragedia, dice a EFE, Vasilikí, una profesora de 32 años, que califica como “criminales” las políticas adoptadas por los últimos gobiernos en el sector de transportes.
El Gobierno del primer ministro, el conservador Kyriakos Mitsotakis, mantuvo inicialmente la tesis de que el accidente se debió a un error humano y, de momento, han sido imputados cuatro empleados de los ferrocarriles, entre ellos el jefe de estación que puso en la misma vía a un tren de pasajeros y uno de carga que acabaron colisionando.
Ante la presión en la calle, Mitsotakis acabó pidiendo perdón y reconociendo la falta de sistemas de seguridad en buena parte de la red ferroviaria, como el tramo donde se produjo el accidente.
De hecho, desde 2014 se viene retransado la ejecución de un contrato, con financiación de la Unión Europea, para mejorar el sistema de señalización e instalar un sistema del control remoto en ese tramo.
Días después del accidente se reveló que el Gobierno griego ignoró advertencias planteadas por la oposición y los sindicatos sobre problemas de seguridad en la red ferroviaria semanas antes del siniestro.
Aparte de la presión en la calle, Mitsotakis afronta la caída en las encuestas de intención de voto de su partido, Nueva Democracia, de cara a las elecciones que se celebraran, probablemente, el 21 de mayo.
Las privatizaciones salvajes y un plan de ajuste estructural fueron impuestos a Grecia desde el año 2010 por la llamada Troika (compuesta por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI) a cambio de un rescate para su economía. Estos planes fueron aplicados por la formación neorreformisa Syriza que se encontraba en ese momento en el Gobierno. De esa manera, distintas empresas europeas se quedaron con la administración de puertos, aeropuertos, transporte y servicios públicos de Grecia. Al igual que en todo el mundo, estas empresas actúan bajo la lógica de conseguir la mayor cantidad de beneficios y ganancias a cambio de la menor inversión posible.
Esta política desfinanció por completo los servicios públicos y obligó a vender activos estatales a precios irrisorios. Las y los trabajadores ferroviarios han venido denunciando esta situación, sin ningún tipo de respuesta de parte de los diferentes gobiernos. Medidas de seguridad y sistemas automatizados podrían haber evitado una catástrofe como la de febrero. Una catástrofe que es producto directo de aquellas políticas de ajuste y privatización.
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