Blanqueo de capitales, malversación de dinero público, cohecho y asociación con organización criminal, son los delitos por los cuales Humberto Moreira, ex presidente del Partido de la Revolución Institucional (PRI), fue detenido en España. Ahora la fiscalía española lo vincula con los Zetas.
Viernes 22 de enero de 2016
El pasado 15 de enero el ex presidente del PRI y exgobernador de Coahuila Humberto Moreira fue detenido en el aeropuerto madrileño de Barajas, cuando intentaba entrar a España. La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de aquel país sostiene que la investigación gira en torno a los vínculos entre Moreira y la organización delictiva de “Los Zetas”, cartel conocido por los niveles brutales de violencia con los que actúa.
Como se plantea en otros medios periodísticos la investigación gira en torno a la relación Moreira-Zetas, el tráfico de drogas y la sospecha de que su hijo, José Eduardo Moreira, fue asesinado en el 2012 como un ajuste de cuentas por haber decidido operar en solitario y al margen del cartel de los Zetas.
Moreira rendirá declaración este viernes frente al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, quien decidirá si se mantiene la prisión o se le deja en libertad. La Fiscalía Espacial contra la Corrupción pedirá al juez que se mantenga en prisión y sin derecho a fianza. En caso de que el juez acepte, Moreira pasará por lo menos un año hasta el inicio de su juicio recluido en Soto del Real.
Por su parte la defensa del exgobernador de Coahuila presentará este viernes supuestas pruebas con las que se pretende comprobar que este no lavó dinero y que las transferencias bancarias corresponden a dos compañías.
Las empresas Unipolares y Espectaculares del Norte y Negocios, Asesoría y Publicidad Integral Nuevo Milenio son las empresas, según la defensa, responsables de las transferencias bancarias. Esto con el fin de contrarrestar el argumento de que en el 2013, año en que Moreira vivió en Barcelona, recibió transferencias de orígenes injustificados por cerca de 200mil euros (tres millones y medio de pesos) en tres cuentas bancarias.
El vals interminable: estado y narco
Para amplios sectores de la población, no es nuevo que empresarios, diputados, senadores o gobernadores por su relación con los grandes carteles de la droga en México. Recientemente surgió el caso de la diputada panista Lucero Sánchez y las presuntas relaciones con Joaquín “El Chapo” Guzmán. Para millones en el país, es un hecho la colusión y la asociación entre los carteles y la clase política, esto más allá de los intentos por encubrir esta relación o de, a lo sumo, “culpar” puntualmente a tal o cual político, como chivo expiatorio, cuando ya el escándalo trasciende.
Esto se ha dado en el contexto de la política del gobierno mexicano, que desde Felipe Calderón impulsó la llamada guerra contra el narcotráfico, la cual disparó y extendió a nivel nacional fenómenos atroces como el feminicidio, militarizó el país de norte a sur y se cobró la vida de cientos de miles de personas, la desaparición y migración de otros miles.
Lejos de cualquier intento de presentarlo como un “hecho aislado”, los distintos niveles del estado y el narcotráfico han estado íntimamente ligados, lo que es una expresión de la descomposición del estado capitalista al calor de la integración económica a los Estados Unidos y la penetración imperialista.
Esto más allá de que el gobierno trate de negarlo y utilice la captura de Joaquín Guzmán como un “logro”, el cual se basa además en la militarización del país y cuestiones atroces por parte de las fuerzas militares como el caso de Tlatlaya. Ante eso, es imperioso que los trabajadores, la juventud combativa y el pueblo levanten una perspectiva política para enfrentar la militarización y los efectos de la llamada “narcoguerra” contra los explotados y oprimidos, como hemos planteado en otras ediciones de La Izquierda Diario.
