Ciudad de Buenos Aires. ILE: Larreta confirmó la adhesión al protocolo, pero con restricciones

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó la adhesión de la Ciudad al Protocolo Nacional para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo que se aprobó hace pocas semanas en la legislatura porteña. Lo hizo a través de un posteo en Facebook y anunciando medidas “adicionales” que apuntan a limitar el acceso a este derecho elemental con el que cuentan las personas gestantes desde hace ya un siglo.

En su posteo, Larreta admitió que “el pasado 16 de Julio, la Legislatura de la Ciudad sancionó con una mayoría categórica (50 votos a favor, 3 abstenciones y 7 en contra) la ley de adhesión al protocolo nacional para la interrupción legal del embarazo”, pero sostuvo que “frente a esta realidad, desde el Poder Ejecutivo impulsaré un conjunto de medidas que, respetando la voluntad de la Legislatura, fortalezcan la prevención del embarazo no deseado y brinden información y opciones de acompañamiento que garanticen el pleno discernimiento de la elección que enfrenta la persona embarazada”.

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El planteo, claramente, busca oficiar de “gesto” hacia los sectores antiderechos que, dentro y fuera de su partido, presionaron durante para que, como hizo en 2012 Mauricio Macri -cuando era jefe de Gobierno-, Larreta también vete la ley.

Sin embargo, aunque Larreta no lo hizo, el comunicado difundido en horas de la noche anticipa que el Protocolo 2020 no quedará redactado como el protocolo que rige a nivel nacional.

“Vamos a seguir profundizando los cambios que nos permitan acelerar y simplificar las adopciones”, sostuvo Larreta, y añadió que también “vamos a precisar el ejercicio de la ILE en el contexto de instituciones con un ideario fundacional contrario a la práctica del aborto”, lo que significa llanamente que se habilitará, en los hechos, la "objeción de conciencia" en el sistema de salud. Una avanzada que los sectores antiderechos no han podido imponer formalmente hasta ahora, aunque eso es algo que no impidió que cientos de mujeres sigan siendo criminalizadas.

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Pero en palabras del Jefe de gobierno porteño, esa medida “reafirma” el compromiso de su gestión “con la plena vigencia del derecho a la libertad de conciencia”. Una llamativa libertad que, como denuncia el movimiento de mujeres y de la diversidad, busca imponer la moral y los mandatos religiosos aún en los casos que están contemplados por el Código Penal (violación, riesgo de vida o de salud de la persona gestante).

“Reconociendo que en la Ciudad existen diversas instituciones cuyos profesionales podrían optar por adherir a dicho derecho, instruí al Ministerio de Salud para que proceda a la creación de un programa de derivación de prácticas de ILE que ofrezca una alternativa a las instituciones antes mencionadas, garantizando a su vez el acceso a una práctica segura y oportuna a la persona embarazada”, sostiene el Jefe de gobierno porteño, confeso promotor de la clandestinidad del aborto.

Para confirmarlo, por si hiciera falta, Larreta agrega en su texto que “vamos a establecer con más claridad los períodos gestacionales alcanzados por el Protocolo ILE y su relación con los métodos que el sistema de salud establezca como más adecuados a cada situación, así como las normas que regulan su ejercicio”, ignorando que esos tiempos y métodos ya han sido revisados por organismos internacionales comola Organización Mundial de la Salud (OMS) y son permanentemente actualizados por los avances de la ciencia para una práctica que, además, es igual a cualquier otra intervención médica.

No obstante, el texto también comunica que “luego de las 24 semanas, la interrupción de un embarazo sólo puede encuadrarse en los causales de riesgo grave e inminente de vida de la madre”, en una formulación que retrocede en todo lo estipulado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el llamado "fallo F.A.L.", dictado en 2012.

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Además, agrega que “en todos los casos” las personas que soliciten acceder a la ILE deberán someterse a “consultas multidisciplinarias que garanticen la salud de la madre y su conocimiento pleno de las condiciones de ejercicio y opciones”. Una formulación que no sólo insiste en llamar “madre” a quien no quiere o puede serlo, y por eso solicita el acceso a este derecho, sino que también abre la puerta a los sectores antiderechos que, como en muchas otras oportunidades, aprovechan esos trámites impuestos para atormentar y amedrentar a niñas, mujeres y personas gestantes que buscan acceder a una interrupción legal.

Por si quedaran dudas, a pocos días de cumplirse un nuevo aniversario del rechazo del Senado a la ley de aborto, el texto difundido por Larreta finaliza advirtiendo que “siempre he sido muy claro respecto a mi posición personal frente al aborto: creo que hay vida desde la concepción y creo que hay que hacer todo lo posible para resguardar esa vida".

Por eso, según afirma, la Ciudad lanzará también el “Plan A la Par, que es un plan integral de prevención de embarazos no deseados, de acompañamiento a las madres durante el embarazo y de cuidado de los niños y niñas durante los primeros meses de vida”. "Vamos a ir casa por casa empezando por barrios populares para garantizarle la realización de todos los controles necesarios”, dijo, y hasta afirmó que “además”, se garantizará “a cada niño y niña en situación vulnerable una vacante en los Centros de Primera Infancia y una ayuda económica para la familia. Además, vamos a seguir acompañando a las madres mediante los programas de crianza”.

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Como si no mediaran miles de motivos por las cuales las mujeres pueden querer acceder a su derecho a la interrupción legal del embarazo, y como si las carencias de los llamados "barrios populares", las villas, no fueran estructurales, no condicionaran los proyectos y las trayectorias de vida de las mujeres, niñas y personas gestantes, y, sobre todo, como no existieran desde hace décadas, en buena parte, producto de su gestión.

El Protocolo actualizado en 2020 por el Ministerio de Salud de la Nación es simplemente una guía que, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y las indicaciones de la Corte Suprema de la Nación en el año 2012 (cuando se dictó el llamado “fallo F.A.L.”), debería actualizarse sistemáticamente para garantizar el acceso a este derecho elemental, sin obviar por supuesto que esto no obsta que el gobierno nacional siga postergando, como sucede hasta ahora, la legalización y la despenalización del aborto, en un claro guiño hacia los mismos sectores a los que se dirige "Horacio".