Los últimos datos entregados a nivel macroeconómico en el país, más que asegurar una reactivación económica y empleabilidad, acompañada de un mayor endeudamiento estatal, traza una línea de incertidumbre para las familias trabajadoras. Y es que el Gobierno junto a los empresarios se preparan para profundizar la descarga de la crisis sobre nuestros hombros. Ante un proceso constituyente lleno de demagogias por parte de los partidos del régimen, es necesario que trabajadores, jóvenes, mujeres y mapuche retomen el camino de octubre 2019 y de la huelga general del 12 de noviembre para que la crisis la paguen los capitalistas.
Viernes 2 de octubre de 2020
Los últimos datos informados en el índice Macroeconómico (IMACEC) de agosto por parte del Banco Central, más que una certeza para la recuperación económica, fue una mala noticia para un sector de economistas. Ya que, durante el octavo mes del año el IMACEC -lo que es un dato similar a un pre Producto Interno Bruto- cayó un 11,3%, siendo una cifra peor a la esperada, según el subgerente de Estudios de Econsult, Mauricio Carrasco, para el mes de agosto se espera una contracción de un dígito que podría moderarse hacia el 7%.
Por su parte, la actividad minera cayó por primera vez en el año, disminuyendo un 3,4% a pesar de los altos precios del cobre durante el último mes que superó el umbral de los US$3 la libra.
Ante las cifras informadas, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones declaró que “la recuperación no está asegurada, depende de muchas cosas, depende de nosotros”. Esto último, respecto a la incertidumbre que implica la recuperación económica con la evolución de los contagios por COVID-19, donde descaradamente recalca que “el compromiso de la ciudadanía es clave”, desconociendo que muchos lugares de trabajo ha funcionado durante toda la pandemia como, por ejemplo, ha sido la minería, que durante los meses de pandemia parecía más un matadero con focos importantes de contagio y que no tuvo pausa a pesar de los miles de contagios y decenas de muertos.
A la vez que los informes entregados vienen acompañados de incertidumbre, el Gobierno de Piñera no hace más que seguir buscando las vías para salvar las ganancias de los empresarios, mientras al pueblo trabajador le da migajas. Esto lo vimos durante la semana con el anuncio del Subsidio al Empleo, a través del cual entregarán US$2.000 millones con dineros del Estado a los empresarios para reducir costos y amortiguar los gastos de salarios, platas fiscales que en su mayoría está compuesto con la plata que pagamos todos a través de los impuestos, siendo Chile uno de los países donde las personas a través del IVA aportan mayor ingreso tributario al fisco que las propias empresas, llegando a ocupar el 53,3% de este ingreso. A los empresarios les regalan nuestro dinero, y al pueblo trabajador las sobras como lo es el Ingreso Familiar de Emergencia de $100.000 por carga.
Además, son las familias trabajadoras quienes han recibido los golpes más fuerte de la crisis sanitaria y económica, tomando en cuenta que en los últimos 12 meses los puestos de trabajo cayeron un 19,4%, y el último informe del INE muestra una muy leve disminución del empleo en agosto que pasó de un 13,1% a 12,9%, lo que siguen siendo cifras históricas de destrucción de puestos de trabajo, sin contar incluso que sumando a los desempleados la fuerza de trabajo potencial que no ha salido a buscar empleo estaríamos hablando de una tasa del 29% de desempleo real, por lo que las cifras superarían las 2 millones de personas desempleadas en el país.
Piñera ante la marginal disminución del desempleo se mostró alegre, diciendo que esto es muestra de la recuperación económica y del empleo en el país. Mientras el economista de la Universidad Católica, Juan Bravo, planteó que “la situación laboral sigue siendo muy grave, que sería el comienzo de la salida del abismo”, lo que es un panorama no tan alegre como quiso mostrar el Ejecutivo.
Mayor deuda estatal, hay que prepararse para enfrentar la crisis y que la paguen los empresarios
El día de ayer en la mañana, Piñera y Briones presentaron la ley de presupuesto del año 2021, lo que implicaría un aumento del 9,5%, es decir, unos US$73.243 millones. En esta propuesta, solicitan endeudar al Estado por hasta US$21.000 millones en el mercado local o internacional, cifra de la que se descuentan US$8.000 millones para el refinanciamiento de la deuda, US$5.000 millones para el plan de emergencia COVID-19 y US$8.000 millones para nueva emisiones de títulos, sean bonos, acciones o pagarés, lo que es un nivel similar al nivel del endeudamiento que solicitó este año.
A junio del 2020 la deuda del sector público llegó al 32% del PIB, un nivel inédito desde el año 1992. Mientras tanto, Piñera señaló que el endeudamiento para el cierre del año 2021 superará el 36%. Para esto, desde el Gobierno señalaron que esto además vendrá acompañado de mayor austeridad en el sector público, como es el control para la disminución de la contratación de funcionarios públicos, medida que se llevará a cabo en todas las empresas estatales.
Ante lo anterior, el Gobierno junto a los empresarios declaran a los cuatro vientos que preparan mayores ataques para la clase trabajadora, las mujeres y los jóvenes, ya que tanto el desempleo como la deuda del Estado buscarán descargarla sobre nuestros bolsillos, ya sea con políticas de austeridad como declaró el Ejecutivo como también con mayor flexibilización, es decir, precarización del trabajo y la vida de millones.
Contradictoriamente, el país está lleno de recursos como, por ejemplo, el cobre y el litio, que a través de la explotación y saqueo de los recursos naturales que ejecutan los capitales nacionales y transnacionales se llevan miles de millones de dólares al año. Si pensamos que en la región de Antofagasta una de las más de 50 grandes mineras, como Minera Escondida del grupo BHP, se llevó casi US$6.000 millones de ganancia bruta, lo que equivale a más de la tercera parte de la deuda que nos quieren imponer, podríamos decir que los recursos sobran para solventar una real activación de la economía y el empleo, el problema, es que está en manos de los empresarios y no al servicio de la población.
Por lo mismo, es necesario que los trabajadores, mujeres y jóvenes, retomemos el camino de octubre y sobre todo de la huelga general del 12 de noviembre que hizo tambalear a Piñera, para imponer con la fuerza de la movilización una Asamblea Constituyente Libre y Soberana en medio de un proceso constituyente tramposo lleno de trabas, para que seamos los millones que nos movilizamos quienes podamos decidir sobre el destino del país, tomando en nuestra manos dentro de las demandas puesta en la mesa en octubre y que no han sido resueltas; pelear por la prohibición de los despidos por ley, la reducción y repartición de la jornada laboral para que todos puedan trabajar sin rebaja de sueldo y por la nacionalización de los recursos estratégicos como el cobre y el litio bajo control de los trabajadores y las comunidades, para ponerlos al servicio del pueblo y el conjunto de la sociedad, tocando las ganancias de los empresarios para que la crisis la paguen los capitalistas.
