Jueves 28 de agosto de 2014
Recientemente la empresa IMPSA (Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima) despidió a más de 20 trabajadores de su planta ubicada en el departamento mendocino de Godoy Cruz. Luis Márquez, secretario general del gremio, trazó un panorama no muy alentador: “estamos viviendo lamentablemente momentos difíciles, ayer echaron en Pescarmona 24 trabajadores y en lo que va del año ya llevamos 120 compañeros en total de nuestra actividad que han sido despedidos en nuestra provincia”.
IMPSA emplea a más de 1.500 trabajadores en forma directa, pero a su vez, unas 950 pymes metalúrgicas le prestan servicios para los diferentes proyectos que realiza alrededor del mundo. La semana pasada decenas de familias obreras recibían la noticia de que habían quedado en la calle como consecuencia de una supuesta crisis producto de la caída de contratos en Brasil y Venezuela. En el mismo sentido se manifestó en distintos medios periodísticos Arnaldo Moyano, otro dirigente de peso de la UOM, con respecto a la caída de un contrato para la construcción de la represa hidroeléctrica TOCOMA en Venezuela: “no trabajar más para ese emprendimiento fue clave ya que bajó muchísimo la producción. Esto sumado a la falta de grandes obras en nuestro país hicieron un cóctel complicado que afectó la estabilidad de los empleados”.
IMPSA acaba de celebrar un nuevo contrato millonario con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para la construcción de un parque eólico en Punta Alta y en el caso del emprendimiento que se realizaba en Brasil, según informó la empresa a través de un comunicado, el 13 de agosto fue dejada sin efecto la resolución del juzgado del Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, Brasil, que declaraba la quiebra de Wind Power Energía S.A (‘WPE‘), empresa que pertenece a IMPSA.
Esta última decisión y el contrato del parque eólico de Punta Alta deja poco sustento al preventivo de crisis presentado por la empresa ante la cartera laboral del Estado mendocino que de ser aprobado le permitiría dejar en la calle a unas 215 familias en total. El lunes 1° de septiembre se realizará una primera audiencia entre la empresa y la UOM, mediada por el responsable de Relaciones Laborales del gobierno de Paco Perez, Osvaldo Marín. La empresa, a través de Ismael Jadur, responsable de Relaciones Institucionales de IMPSA ya adelantó en declaraciones al diario local Los Andres que su objetivo es "optimizar la producción, en vista de la crisis financiera que estamos atravesando". Por su parte, desde el gobierno provincial estudian canalizar asistencia financiera vía programas nacionales como el RePro (Recuperación Productiva) y Sostenimiento del Empleo.
Además de la preocupación lógica de los trabajadores que aún conservan su empleo pero que ven peligrar sus fuentes de trabajo, se ha hecho eco de esta situación la bancada de legisladores del FIT en todo el país presentando numerosos proyectos en el Congreso Nacional, la legislatura mendocina y los concejos deliberantes de algunos departamentos como Godoy Cruz, Ciudad, Las Heras o Maipú. A los proyectos de Ley presentados meses atrás por el diputado nacional del PTS-FIT Nicolás del Caño en el Congreso Nacional y por la Diputada provincial de la misma fuerza política, Cecilia Soria, que proponen prohibir los despidos por 24 meses se sumaron proyectos de declaración y resolución presentados en el Congreso Nacional, en ambas cámaras provinciales y el concejo deliberante de Godoy Cruz manifestando la preocupación por lo que ocurre en IMPSA.
Una de las que más activamente viene planteando el problema del empleo en Mendoza es la senadora provincial Noelia Barbeito quien luego de reunirse en las últimas semanas con cerca de un centenar de trabajadores de distintos sectores, señaló que “la situación es preocupante en varias ramas de la industria, ya son más de 6000 familias las que se quedaron sin un ingreso en lo que va del año. Por esta razón venimos insistiendo en que se trate el proyecto presentado que prohíbe despidos y suspensiones para que esta crisis no la paguen los trabajadores que se esforzaron durante años mientras los empresarios “se la llevaban en pala” como dijo la señora Presidenta."
Finalmente, Barbeito indicó que "la semana pasada, esta legislatura expresó su preocupación por la situación financiera de la empresa, sin embargo la empresa respondió presentando un procedimiento preventivo de crisis que abre la puerta a más de 200 despidos” y reclamó que " de la misma forma que la legislatura y el gobierno provincial se han preocupado por los negocios millonarios de Enrique Pescarmona quien goza de un patrimonio personal de U$S 320 millones colocándolo entre los cuarenta hombres más ricos de la Argentina, se preocupen por los trabajadores y garanticen la inmediata reincorporación de los operarios despedidos".
